El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En una nueva andanada de denuncias contra quienes lo investigan, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, acusó a fiscales y vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia por corrupción, justamente el delito que a él le imputan en múltiples causas, y por el cual ya fue condenado años atrás.
Por J.A. (de ANALISIS)
Pareciera ser una estrategia con cierto desgaste y que causa cada vez mayor malestar en los Tribunales entrerrianos, aunque a veces logra su cometido: la dilación de las investigaciones. Un relevamiento sobre los expedientes que tramitan en el organismo de control de la provincia evidencia un panorama sombrío para el dirigente peronista que ahora pretende ser candidato a senador nacional por el peronismo entrerriano: casi medio millón de dólares de sobreprecios, descontrol total y varios agujeros negros en las finanzas de la Municipalidad durante sus gestiones.
Uno de los casos es el que tiene a Rossi cerca de un juicio cuyo inicio está demorado por diferentes recursos desde hace varios años: el del presunto sobreprecio en 20 cuadras de asfalto en el marco del Programa Federal Más Cerca, denunciado por su sucesor en 2019. La pericia contable arrojó que la Municipalidad pagó un sobreprecio de 6.141.781,34 de pesos, según informes de Vialidad y de otras obras de pavimento similares, un 30% por encima del valor real. A valores actuales, según el Tribunal de Cuentas, equivaldría a 437.956 dólares. La Fiscalía adelantó que pedirá la pena de cinco años y seis meses de prisión para el intendente.
Otro expediente en el TdC se remonta a cuando Rossi debió abandonar la intendencia al ser condenado en la primera causa por enriquecimiento ilícito, por los millones de dólares en cuentas en el Uruguay, a nombre de su madre jubilada y su exesposa empleada estatal, tras lo cual fue sucedido por la dirigente Asunción Olmedo. En ese tiempo, eximió a un privado de pagar impuestos a la Municipalidad de Santa Elena. Emitió un libre deuda por un monto que por entonces equivalía a unos 3.000 dólares.
En 2018 el Tribunal de Cuentas detectó que la Municipalidad compró una retroexcavadora a una empresa que ofertó la maquinaria mucho más cara que su competidora en la licitación. Simplemente dijeron que la otra no cumplía con los requisitos del trámite.
Se trataba de una retroexcavadora XCMG Modelo 864 adquirida en 2013. Una oferta era por 350.000 pesos, mientras que la otra era de 547.638 pesos. Desestimaron la primera por “no reunir las condiciones del pliego”, y así la Municipalidad pagó un 40% más del costo real. A valores de esos años, unos 22.300 dólares extra.
También el Tribunal de Cuentas detectó, en 2017, serias falencias en la provisión de 1.000 metros cúbicos de hormigón y su colocación. Aquí la maniobra señalada por los contadores fue que se hizo una licitación por un monto, y luego pagaron un precio mucho mayor. Esto surgió de la simple comparación entre las órdenes de pago y las de compra. Se estima un desfalco de casi 10.000 dólares.
Recursos a discreción y descontrol
Un informe del TdC, que conduce el criticado Diego Lara, revela graves irregularidades administrativas, contables y financieras en las diferentes gestiones de Rossi en la Municipalidad de Santa Elena. Omisiones deliberadas y falta de rendición de cuentas, subrayan, a contramano de leyes y de la Constitución provincial.
La situación del “Contador Municipal” luce muy llamativa: empezando porque no es contador, no tiene título habilitante. Y, al igual que el cargo de Tesorero Municipal, ninguno cuenta con acuerdo del Concejo Deliberante. Además, señalan que ninguno de los funcionarios posee fianza constituida. Todo lo contrario de lo que ordena la Ley de Régimen Municipal 10.027. No se trata de funciones de segunda línea, sino, justamente, de quienes deben controlar lo que hacen las autoridades con los recursos de los santaelenenses.
Se deduce de esta situación irregular que ninguno cuenta con la autonomía necesaria para cumplir con sus responsabilidades porque evidentemente fueron colocados a dedo por Rossi.
En esta línea, remarcan que tampoco se realizan arqueos sorpresivos en Tesorería, lo cual también está ordenado en la mencionada ley provincial. Y, como si esto fuera poco, se detectaron cajas de recaudación municipal fuera de la Tesorería. En este panorama, señalaron que menos todavía se realizan controles de las conciliaciones bancarias ni sobre el patrimonio de las diferentes dependencias.
Otra orden legal incumplida por Rossi es la rendición de cuentas al HCD local: el Tribunal de Cuentas no la encontró sobre varios años de gobierno, por lo cual creen que no las presentó o, cuando lo hizo, estaba bastante floja, incompleta, y el intendente prefirió pagar multas (con recursos públicos) en vez de cumplir con su obligación. Tampoco se presentaron los respectivos informes sobre los ejercicios contables ante el propio TdC. Y, menos aún, la Municipalidad publica el estado de ingresos cuatrimestralmente en su página web, ni una memoria anual.
Los subsidios otorgados por la Municipalidad de Santa Elena es otro agujero negro: no está reglamentado el trámite de entrega de dinero para ayudas sociales o de otro tipo, por lo que no se asienta en ningún lado la situación socioeconómica del beneficiario y no hay rendición de estos movimientos. Rossi le da subsidios al que quiere y por el monto que quiere, y nadie sabe a dónde va a parar ese dinero.
Los controladores del Tribunal de Cuentas hallaron además que el intendente incumplió con otras mandas legales y constitucionales en cuanto al control de los recursos: “La mayoría de las cuentas de recursos se registran con importantes cuantías en déficits de recaudación, por lo cual no se cumplen con las proyecciones estimadas”, indicó a Análisis una fuente del organismo. Entonces, cada año, la Municipalidad cierra con reiterados déficits, con ejecuciones presupuestarias completas y excesos de partidas.
Los contratos de obra y servicios que hace la gestión de Rossi deja al municipio al borde de numerosos juicios laborales por trabajo en negro, además de las arbitrariedades en su otorgamiento: no se otorgan recibo de haberes, no tienen seguros contra accidentes ni servicios médicos ante alguna emergencia. Mucho menos se especifica en ningún lado qué tareas deben cumplir esos contratados.
También se detectó la contratación de vehículos privados por parte de la Municipalidad (mayormente camioneras y utilitarios) sin registro de nada: ni cuánto se paga, ni para qué los alquilan, ni si tienen seguro automotor, algo de manual para cualquier gestión.
Por último, se apuntó otro agujero negro en las arcas públicas: el pago en efectivo de productos o servicios por parte de la Municipalidad de Santa Elena. Pese a la gran cantidad de medios de pago que existen hoy, en los cuales queda asentado e inmodificable cuánto dinero exacto es el que se abona, Rossi, en muchos casos, opta por pagar plata en mano. Esto no solo va contra las normas que pretenden evitar la evasión fiscal, sino que suma más oscuridad al manejo del dinero por parte de la administración justicialista en la localidad.
El inédito caso de la deuda con Enersa
El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dio a conocer el año pasado la deuda que tiene la Municipalidad de Santa Elena con Enersa, la distribuidora de energía de la provincia. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas, que encontró que, tanto por la luz en los inmuebles como por el alumbrado público, debe casi 1.000 millones de pesos.
Para tener una idea de la magnitud de la morosidad y la insólita situación, se trata del 95% del total de deudas de todos los municipios de la provincia con Enersa. Pero está visto que en el mundo de Rossi no hay que cumplimentar normas, ni lograr transparencia y todo es lo mismo.
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