El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Gustavo Bordet remitió a la Cámara de Senadores el pedido de acuerdo para Paula Montefiori como defensora pública en materia penal. La postulante tiene una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.
Paula Montefiori podría volver al cargo de defensora oficial si avanza su pliego en el Senado entrerriano. El gobernador Gustavo Bordet envió este lunes a la Cámara Alta el pedido de acuerdo, pero tomará estado parlamentario recién en la próxima sesión del cuerpo legislativo. El número de expediente asignado en Mesa de Entradas es el 17.146.
Montefiori tiene 41 años; egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) el 26 de diciembre de 2001; fue aspirante a Defensor del Pueblo; se ha desempeñado en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y actualmente lo hace en la Caja de Jubilaciones. Es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Penal, mediadora, ha tenido intervención profesional en causas vinculadas al derecho penal y ha publicado artículos en revistas jurídicas especializadas.
Además, fue defensora pública entre 2014 y 2017, hasta que renunció en medio de un escándalo por el impacto de una causa por el supuesto enriquecimiento ilícito de su esposo, Juan José Canosa, en la que también ella está siendo investigada.
Montefiori había obtenido el puntaje más alto en las instancias de antecedentes y oposición (exámenes escrito y oral) en el concurso, pero quedó relegada tras la entrevista ante los integrantes del Consejo de la Magistratura y pasó a ocupar el quinto lugar en el orden de mérito. Hace tres semanas, el Gobernador envió al Senado los pliegos de los otros cuatro postulantes, pero retuvo el de Montefiori… hasta la semana pasada. El pliego no ha tomado estado parlamentario, sino que ingresará en la próxima sesión y será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Las dudas respecto de su postulación para ocupar un cargo público surgieron por el rumbo de la investigación penal preparatoria que se le sigue por enriquecimiento ilícito. La causa se inició en diciembre de 2016, a partir de una presentación que hicieron legisladores de la oposición, entre ellos el senador Raymundo Kisser, que ahora deberá analizar el pliego, en la que señalaban que el matrimonio “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y otras cuestiones.
En su entrevista ante el Consejo de la Magistratura, Paula Montefiori aseguró que no tiene bienes inmuebles a su nombre, dijo que la casa familiar está hipotecada y aseguró que nunca firmó documentos para realizar inversiones financieras.
Sin embargo, los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación, detectaron inversiones millonarias que habría realizado Canosa en mutuales y financieras y lotes de terrenos que no constaban en su declaración jurada.
Ahora, una vez que tome estado parlamentario el pliego, deberá ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo, presidida por Lucas Larrarte (FpV-San Salvador), e iniciará el proceso para recibir impugnaciones o adhesiones, previa publicación de sus datos personales y curriculares.
Fuentes: Página Judicial y Análisis Digital
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