El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El directivo del programa Fútbol para Todos Gerardo Caruso se vio beneficiado con un contrato para la instalación de un parador en la playa más conocida de Mar del Plata que pagó el gobierno de Sergio Urribarri. El caso se conoció días pasados y se suma a una seguidilla de hechos irregulares o llamativos que involucra a la gestión del ex precandidato presidencial entrerriano, hoy encolumnado detrás de Scioli. Estas y muchas otras noticias salen a la luz por las rendijas que el gobierno no puede tapar: los sitios digitales independientes. Son noticias veraces, comprobadas y objetivas; en casi todos los casos respaldadas con datos de la esfera oficial que los periodistas deben pescar mediante el ejercicio del derecho del acceso a la información, ante negativas y cerrojos impuestos desde el poder. Sin embargo, para el ministro de Comunicación, Pedro Baez, son “pescado podrido”. El funcionario ha mostrado una política eficaz y exitosa en su decisión de disciplinar a grandes medios, pero no ha podido con todos los periodistas. Se han adquirido millares de dedos para tipear noticias oficialistas, pero no lograron encolumnar a muchas cabezas. A pesar de todo, y contra todo, hay quienes informan.
Por JORGE RIANI de Análisis Digital
El contrato suscripto por el Estado provincial con la firma privada “El juego en que andamos SRL”, de la que es socio Caruso, establece el pago de 14.561.870 pesos por la instalación del parador que en el verano pasado promocionó la aspiración de Urribarri en la costa atlántica. Los grandes medios puestos al servicio de la prensa oficial no dijeron ni una palabra. Esto se conoció por un periodista y su sitio.
El caso se conoció días después de que se revelara que el gobierno de Urribarri otorgó en forma directa un contrato de 31 millones de pesos con la consultora Nelly Entertainment, que tiene como uno de los socios a Facundo De Vido, hijo del ministro de Planificación, Julio De Vido. La tarea encomendada a la firma se vinculaba también a la promoción de la imagen del gobernador en su afán por convertirse en candidato presidencial. De la página Acceso Libre, saltó a los grandes diarios porteños.
Paralelamente se conoció que el ex panelista televisivo Carlos Javier Romero, vinculado a los programas del operador kirchnerista Diego Gvirtz, también había sido beneficiado con un contrato millonario.
Un editor del diario La Nación, le preguntó a este cronista por qué se conocen estos casos en la provincia. Sencillo: por el fenómeno de los sitios digitales, de redacciones muy reducidas, que no pudieron ser cooptados. Los humildes le dan lecciones a los grandes.
“Si me compran el medio, pongo un sitio digital”, podría ser la frase que movió a algunos.
Los casos comentados al inicio de este artículo no son los únicos casos que saltan a la luz pública. Desde un tiempo ya, la prensa alternativa, representada por sitios digitales, viene revelando operaciones comerciales y contratos del gobierno con empresas privadas, en casos que no concitan la atención de los medios tradicionales comprados por empresarios allegados al gobierno.
Entre Ríos Ahora, Acceso Libre, Página Judicial, El Entre Ríos, El Miércoles Digital son sitios creados por periodistas que se resistieron a encolumnarse en la línea editorial de los medios tradicionales donde trabajaban una vez que éstos fueron cooptados por el gobierno. Seguro que no son los únicos, pero acaso sí los principales; y seguramente caeremos en olvidos injustos al no mencionar algún otro. No corresponde a Análisis Digital, hablar sobre sí mismo, pero hay que recordar que muchas veces éste es soporte de las notas de la revista de la misma marca.
El fenómeno permitió conocer, además de los casos ya mencionados, detalles de la causa de las cosechadoras truchas, por la cual una firma recibió casi seis millones de pesos en ayuda económica, pese a que nunca logró construir ninguna de las máquinas que la presidenta Cristina Kirchner promocionó en Angola.
El caso del narcochofer fue ventilado por la revista ANÁLISIS y replicado por estos sitios alternativos. Se trata de un chofer de la Gobernación entrerriana, detenido en territorio santafesino con 20 kilogramos de cocaína.
Los medios digitales han logrado que sus denuncias se amplifiquen a través de las redes sociales, principalmente Facebook. Los lectores postean las notas que no verán en los diarios tradicionales. Tal es el caso que involucra al escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, acusado en la Justicia de ser el “arquitecto” de varios fideicomisos fraudulentos que tienen como objetivo desheredar a sucesores de hacendados entrerrianos para quedarse con sus fortunas. Gastaldi tiene una condena y dos causas abiertas en los tribunales por actuar como escribano o ser integrante de esos fideicomisos.
Por estas vías trascendió también que el ex jardinero de la familia Kirchner, Ricardo Barreiro, advenido en millonario hombre de negocios, tuvo también sus vinculaciones contractuales con la gestión de Sergio Urribarri. Contaron los sitios alternativos que en 2014, Barreiro fue procesado por haber mentido en una declaración jurada que presentó al momento de inscribirse como proveedor del Estado entrerriano. En esta provincia, la firma del jardinero millonario se adjudicó una licitación por 220 mil pesos para transportar alumnos de escuelas de Paraná al complejo Tecnópolis.
Acceso Libre es un sitio que tiene como objeto promocionar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Mediante el seguimiento de expedientes ha logrado informar que Urribarri ordenó el pago de 2.024.226,76 de pesos de fondos públicos a favor de la firma Pacific Ocean SA en su tarea de traslado aéreo del gobernador en su campaña proselitista por el país.
Ante una consulta de ANÁLISIS DIGITAL, el editor del sitio, el periodista Oscar Londero, contó que desde 2005 a la actualidad han realizado más de un centenar de denuncias ante la Oficina Anticorrupción por la negativa a contestar los pedidos de informes en oficinas públicas.
“El gobernador Urribarri viaja en los aviones de una empresa que integra un grupo investigado por la quiebra de Ciccone Calcográfica SA. Se trata de Pacific Ocean SA, que tiene su sede en Puerto Madero. Ahí ocupa el segundo piso del edificio que posee el grupo London Supply, investigado por aportar dinero para levantar la quiebra de la imprenta”, informó el sitio. Ninguna línea de esto se ha publicado en los medios oficialistas, claro.
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