La rescisión del convenio da motivos para seguir luchando

El intendente José Lauritto anunció la rescisión del acuerdo con “Entretenimientos de la Costa”. Aseguró nuevamente que no hay “consenso social” para el negociado que las gestiones de su propio partido llevaron adelante con el oscuro empresario y ex funcionario menemista Miguel Marizza. La lucha de varios años contra esta entrega patrimonial se vio por fin reconocida desde el Estado Municipal. En el camino se perdió un importante patrimonio como fue el Museo Yuchán y todavía es difícil saber cuánto le terminará costando a la comunidad uruguayense todo este oscuro proceso.

Por AMÉRICO SCHVARTZMAN de la Redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL

En julio de 2012, la edición en papel de El Miércoles anunciaba que se aproximaba “Un triste final para el Museo Yuchán”. En aquella nota, Valentín Bisogni afirmaba que a causa del negociado del gobierno justicialista con el empresario y ex funcionario menemista Miguel Marizza –que incluía la entrega de la Terminal de Ómnibus y la concesión del ex Mercado Municipal por 50 años a cambio de una nueva terminal de menores prestaciones y valor que la actual– había que desalojar el Mercado, y para eso trasladar a los artesanos al espacio donde funcionaba el Museo Yuchán de las Culturas Aborígenes. Ante la indiferencia municipal, el profesor Juan José Rossi, investigador y propietario del Museo, anunciaba que ponía en venta las piezas del museo.

El negociado se cobraba así su primera víctima importante: la ciudad perdía definitivamente el Museo Yuchán, que durante 20 años brindó gratuitamente, una decisiva labor de difusión y esclarecimiento. Había que hacer lugar para que los empresarios amigos del poder pudieran instalar sus casas de juego en la ciudad. En aquel momento hubo reclamos varios, entre los más importantes el del historiador Osvaldo Bayer.

El convenio perpetrado por los gobiernos municipales de Marcelo Bisogni y Carlos Schepens con la necesaria colaboración del gobierno provincial de Urribarri-Lauritto, ya había arrancado mal: fue aprobado en sesión a puertas cerradas, con los concejales opositores (Guillermo Grandi, Mariela Gile y Alicia Portillo) retirándose en desacuerdo –mientras abajo rugían los motores del rally– y con el rechazo de organizaciones insospechadas de ser opositores acérrimos como el Colegio de Arquitectos, que se preguntaba ya en 2010, cuál sería el beneficio público de “una sala de apuestas, de usufructo privado por 50 años” que permitirá “perder los recursos generados por IAFAS para todos los entrerrianos” y presenciar “cómo estos capitales emigran hacia otros destinos sin plasmar inversiones en nuestra provincia o ciudad”.

Pero ¿cerrar un museo para hacer lugar a capitalistas del juego? Increíble. Esa síntesis, inusitada en el marco de una época en la que el relato nacional y popular abarcó casi todos los medios y dependencias oficiales, aún impacta. No obstante, en aquel momento no produjo tanto revuelo.

Recién algo más tarde, cuando comenzó el intento oficialista de desalojar el Mercado, uno de los ejes del acuerdo con Marizza, la resistencia de algunos de los artesanos allí instalados se sumó a la de quienes ya habían comenzado a cuestionar el negociado. Las movidas impulsadas en ese sentido tuvieron, al poco tiempo “letra y música”, cuando una de las murgas uruguayenses le dedicó un cuplé que pasó a transformarse en una suerte de consigna de quienes resistían la entrega patrimonial: “Y como si mi ciudad fuera un bazar / todo esto y mucho más quiso comprar…”, cantaban los Puntuales (y aún andan por ahí en las redes sociales los videos subidos por los Autoconvocados).

UNA AMPLIA COALICIÓN SOCIAL

Pero los rechazos al proyecto fueron notablemente amplios y persistentes: desde el Colegio de Arquitectos hasta organizaciones sociales como la Asamblea Ambiental, el Centro de Estudiantes de Humanidades de la UADER; el gremio docente Agmer, los estatales de ATE, los municipales de la AOEM, pasando por casi todo el arco partidario uruguayense de oposición: la Unión Cívica Radical, el GEN, el Frente Entrerriano Federal, el Partido Socialista, Proyecto Sur y el Partido del Trabajo y el Pueblo. Pero no solo opositores: también sectores que a nivel nacional o provincial adherían al kirchnerismo se sumaron a la pelea, como el Movimiento por Todos, el Partido Comunista o el Nuevo Encuentro. Incluso sectores del PJ expresaron su rechazo al proyecto, tales como el grupo interno de Luis Cerrudo. Solo faltaba el PRO, aunque esa ausencia no sorprendió demasiado: a nivel nacional el kirchnerismo y el macrismo compartieron políticas destinadas a promover el negocio del juego, con nombres emblemáticos como los de Cristóbal López y el papá de Mauricio Macri.

Miles de vecinos firmaron el petitorio en defensa del Mercado y la Terminal. Un nutrido grupo de artistas uruguayenses (algunos radicados en otras ciudades) firmaron una declaración que terminaba con una verdad tan sencilla como estruendosa: “Es deber del Estado municipal garantizar la continuidad y el desarrollo de este lugar como un centro cultural de acceso público donde se fomente la creación y la libre expresión de toda la ciudadanía”.

El negociado fue calificado como “la entrega del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural a un grupo empresario para destinarlo a la concreción de un emprendimiento vinculado al juego de azar, violando todo tipo de leyes municipales y provinciales”. Representantes opositores en el Concejo, como las edilas Verónica Magni y Monica Miletich, se transformaron en arietes contra el proyecto. Los vecinos y vecinas más comprometidos conformaron una suerte de asamblea permanente bajo el nombre En Defensa del Patrimonio Uruguayense. A veces no eran más que un puñado en sus reuniones o actividades públicas, pero no aflojaron: sumaron miles de adhesiones rechazando la entrega.

Vecinos como Fernando Brescacín desarrollaron, incansables, una labor de investigación, denuncia y esclarecimiento que, en realidad, les debió corresponder a los organismos estatales, cuya indiferencia y complicidad con negociados como éste deberían ser objeto de juicios políticos. Abogados como Guillermo Grandi y Carlos Acosta se pusieron a la cabeza de los reclamos legales de los artesanos presididos por Gabriela Montesino y otros vecinos como Guillermo Vázquez o Francisco Larocca se presentaron como denunciantes ante la justicia. A nivel provincial, un puñado de legisladores cuestionaron la entrega, algunos tempranamente, como José Artusi, otros tomaron la posta luego como Lisandro Viale y Felicitas Rodríguez.

Algunos medios de comunicación de la ciudad superaron el simple papel de mediadores sociales y tomaron como propia la denuncia del convenio, escarbando en el prontuario de los empresarios y cuestionando los aspectos más graves del proyecto: la proyección social de la apuesta oficialista al juego, el ataque directo a los bolsillos de los más vulnerables (que, como lo prueba el Casino ya existente, son los principales usuarios de las salas de juego), la permanente priorización de los negocios privados por sobre las necesidades sociales, etc. Un puñado de comunicadores se transformaron en los principales aliados de los vecinos autoconvocados.

Pese a los pedidos, los reclamos, las movilizaciones, estos actores comunitarios –que formaron en los hechos una amplia y sólida coalición social cuya cohesión no se expresó en ningún otro campo– jamás fueron recibidos por los intendentes impulsores del proyecto, Bisogni y Schepens. Y por el contrario, las voces oficialistas siempre fueron de desprecio a esas manifestaciones ciudadanas. Por ejemplo, el entonces titular del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, Carlos María Scelzi, quien declaró que no iban a detenerse “porque protesten veinte opositores y una murga”.

BENEFICIAR A LA EMPRESA ANTES QUE A LOS USUARIOS

Jorge Díaz recordó, también en la edición papel de El Miércoles, quién era Marizza, el empresario con el que Bisogni y Schepens hicieron acuerdos tan férreos: La empresa no estaba legalmente constituida al momento de presentar el proyecto y nunca se consideró su capacidad económica para prestarlo, dice la Justicia. Pero no se trata de una evaluación del Proyecto Turistico Integral, sino que así informaba La Nación en 1999, sobre una causa en la que se procesó a funcionarios menemistas del PAMI por una millonaria defraudación. En ella, Miguel Marizza, que era subgerente general del organismo, "tuvo un rol de singular importancia en el hecho investigado". La Sala II de la Cámara Federal porteña resaltó que "la contratación tuvo por objeto principal beneficiar a la empresa antes que atender las necesidades de los usuarios". Casi calcado de lo que había dicho el Colegio de Arquitectos sobre el proyecto de Marizza: “Parecería que la oferta sigue prevaleciendo sobre la demanda uruguayense”.

Tanto rechazo social no cayó en saco roto. En 2013 Schepens generó expectativa cuando decidió revisar el contrato, denunciar los incumplimientos… para finalmente decepcionar cuando anunció un nuevo acuerdo “demasiado interesante para la ciudad”, según dijo. Ya no se entregaba patrimonio municipal a la empresa. Entre otras cosas, se modificaba todo aquello que había sido cuestionado durante ese tiempo, sin que el oficialismo lo reconociera. Ahora, en los hechos, Schepens aceptaba que el convenio anterior era perjudicial para la Municipalidad. Pero las irregularidades e incumplimientos (también por parte del municipio) se siguieron acumulando, aun con el nuevo convenio.

Y llegó el nuevo intendente, también del PJ, José Lauritto. Ya había adelantado opiniones sobre el tema: un par de años antes les había dicho a los Vecinos Autoconvocados que él no alentaría nuevas tragamonedas. Y ahora, poco después de ser electo, dijo que el proyecto “no tiene consenso social”. Un concepto que causa espanto entre sus compañeros del PJ. Para ellos el triunfo electoral habilita a hacer cualquier cosa.

No deja de ser paradójico, transcurridos seis años, que el oficialismo se haya hecho cargo del impresentable negociado recién cuando le bajó el pulgar uno de los mismos funcionarios que lo había presentado, entonces como vicegobernador, en 2009.

LO QUE VIENE

Tiempo atrás decíamos en una nota que el Proyecto Turístico Integral se había transformado en el principal dolor de cabeza de la gestión de Schepens, y amenazaba con terminar siendo un nuevo “caso Minetto” para el futuro colectivo uruguayense (para los más jóvenes: Sixto Minetto era el propietario de Banco Pelay, a quien el gobierno municipal de Carlos María Scelzi expropió el balneario en 1974, de manera irregular, generando un juicio de casi treinta años y al cabo del cual la Municipalidad terminó pagando más de tres millones de pesos, para evitar el remate de los bienes públicos).

El propio Lauritto abrió el paraguas ahora, al hacer el anuncio: “Queremos rescindir estos convenios y ver en qué medida generamos el menor perjuicio a la Municipalidad”. Algo sabe de eso: fue Lauritto quien en su gestión anterior como intendente (1999-2003) liquidó el pleito con Minetto. Y por supuesto que esa posibilidad le preocupa: nadie sabe cuánto le terminará costando a los uruguayenses el negociado frustrado de Bisogni y Schepens con el empresario Marizza, quien dejó saber en algunos de los cruces de cartas documento, su decisión de reclamar resarcimiento si se caía el contrato. De un modo u otro, rescindido o no, el frustrado negocio del PJ con Marizza terminará afectando al patrimonio de los uruguayenses, como se viene advirtiendo desde hace años.

Otra gran pregunta que queda para la reflexión tiene que ver con la frase de Lauritto de que el proyecto “no tiene consenso social”. Esbozada como un fuerte argumento para la rescisión, es precisamente lo que no pudo demostrarse en todos estos años, porque el partido de gobierno, el mismo del actual intendente, nunca quiso realizar un proceso de deliberación y decisión ciudadana, para que los vecinos y vecinas fueran quienes resolvieran en un tema que afectará su patrimonio. La pregunta para hacerse es qué pasará de aquí en adelante, en situaciones similares. ¿Habrá que esperar que cada intendente tenga esa misma “intuición”, aunque sea tardísimo? ¿O seremos capaces de hacer funcionar los mecanismos participativos que prevé la Constitución Entrerriana, como las audiencias públicas o la consulta popular?

Estas preocupaciones siguen vigentes. Por eso, aunque la noticia reconforta a quienes durante estos años lucharon contra la entrega del patrimonio común, aunque celebran la decisión del intendente, por esa misma pasión en la defensa de lo público saben que no amerita festejos ni carcajadas, sino que añade razones para seguir luchando.

Cronología del frustrado negociado con “Entretenimientos de la Costa”

Noviembre de 2009

Urribarri, Lauritto y Bisogni presentan el “Megaproyecto Turistico” con el grupo Entretenimientos de La Costa, una unión transitoria de empresas formada por los empresarios Miguel Marizza y Jorge Cura.

Diciembre de 2009:

Se aprueba la Ley Provincial de Turismo, que abre la puerta al negocio del juego a los empresarios privados. Su artículo 3 permite que en emprendimientos turísticos “declarados de interés provincial” pueda haber “salas de juegos recreativos de azar y/o casinos”, en manos privadas.

Agosto de 2010:

El Colegio de Arquitectos se dirige al titular del Concejo Deliberante para expresar su rechazo al megaproyecto. La nota terminaba diciendo: “Parecería que la OFERTA sigue prevaleciendo sobre la DEMANDA uruguayense”.

Noviembre de 2010

En una sesión a puertas cerradas, la mayoría oficialista del Concejo Deliberante aprueba el convenio con Entretenimientos de la Costa, a la misma hora en que largaba el Rally. Poco después el intendente Bisogni lo firma

Diciembre de 2010

Mediante Resolución número 1551 el IAFAS autoriza la apertura de una sala de juegos privada a cargo de Entretenimientos de la Costa.

Se firma el acuerdo judicial por el cual se entregaría el Mercado a Marizza en abril de 2011.

Noviembre de 2011

Se realiza en la Plaza un festival reclamando por el Museo Yuchan.

Octubre de 2012

Comienza el intento de desalojo del Mercado de Arte. Al mismo tiempo, Schepens y Marizza se envían cartas documento con reclamos cruzados por incumplimientos.

Noviembre de 2012

El Mercado se cierra con la fuerza policial. La Asociación Protectora del Mercado se presenta ante la justicia. Se propone en el Concejo Deliberante una consulta popular sobre el Proyecto.

Diciembre de 2012

La Justicia da la razón a los artesanos: ordena a la Municipalidad “el cese de todo acto” contra la tenencia del lugar por parte de los puesteros.

Enero de 2013

El 3 de enero el intendente Schepens anuncia que va a revisar “hasta el ultimo punto y coma” del escandaloso Proyecto Turistico Integral.

Al otro dia, el 4 de enero, el Canal 13 de Buenos Aires emite el informe "Fuera de juego. El pueblo que no quiere un nuevo casino", que resume las irregularidades del Proyecto. (Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=BFMngwwWSVc)

El 25 de enero Schepens declara “extinto” el contrato con Entretenimientos de la Costa por los “incumplimientos reiterados y graves de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra por la nueva terminal de ómnibus de la ciudad”.

Febrero de 2013

Marizza hace saber al Concejo Deliberante que reclamará una fuerte indemnización por daño económico, lucro cesante, etc. Informalmente se anuncia que el reclamo podría ser por unos 40 millones de pesos.

Abril de 2013

El intendente Schepens inicia negociaciones con la empresa y acuerda un nuevo contrato, que envía al Concejo para que lo apruebe.

Mayo de 2013

Los vecinos autoconvocados En Defensa del Patrimonio Público presentan denuncias judiciales contra los funcionarios y la empresa.

Noviembre de 2013

El Concejo Deliberante, con 9 votos a favor y 4 en contra, aprueba el nuevo convenio con Entretenimientos de la Costa.

El entonces ministro Lauritto, por primera vez, se diferencia de sus compañeros Bisogni y Schepens, afirmando a los vecinos autoconvocados: "No aliento la instalación de más tragamonedas". Ver nota: http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=194264

Marzo de 2014

En su discurso de inicio de sesiones, el intendente Schepens cambia la historia: asegura que “modificamos el Plan con la empresa Entretenimientos de la Costa pensando en las necesidades de la ciudad en materia de turismo, y teniendo en cuenta que las circunstancias del país y de la provincia habían cambiado mucho desde la firma de un contrato que no se había cumplido como correspondía”.

Mayo de 2015:

Los vecinos autoconvocados En Defensa del Patrimonio Público piden a la justicia que se les informe sobre el estado de las causas judiciales iniciadas por sus denuncias contra funcionarios y la empresa.

Octubre de 2015:

Los puesteros del Mercado reciben una notificación de desalojo de parte de la Municipalidad. El abogado Carlos Acosta, dijo que “no los mueve nadie”.

Noviembre de 2015:

Vence el plazo del contrato para la finalización de la obra de la Nueva Terminal.

Diciembre de 2015:

El nuevo intendente, José Lauritto, asegura que “no es aconsejable avanzar” con el proyecto de “Entretenimientos de la Costa”, y asegura que “no tiene consenso social”.

Febrero de 2016:

Lauritto anuncia que multan a la empresa por 90.000 pesos, por la no finalización de la obra de la terminal, prevista para noviembre, y que pedirá al Concejo rescindir el contrato “con el menor costo posible para la Municipalidad”.

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