En un reportaje que se le hizo en un diario de Gualeguaychú, quien aparece como responsable de la empresa que intenta construir el detestable barrio anfibio Amarras, ocupando un humedal, deforestando frondosos árboles del Parque Unzué de Gualeguaychú sin permiso alguno, desviando y apropiándose del curso del río Gualeguaychú; este señor Claudio García Trícoli exhibe las marcas registradas del accionar de la empresa: mentir y avanzar con hechos consumados, sin cumplir las leyes vigentes.
Por JULIO MAJUL
COMPLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BELGRANO
La Municipalidad de Pueblo Belgrano se ha constituido en cómplice necesario del faraónico emprendimiento.
Hace años, a pedido de AMARRAS (pedido por escrito, aunque parezca increíble) extendió la jurisdicción del ejido municipal, hasta abarcar las tierras que interesaban a la empresa; y la autorizó a que construyera sobre un humedal, y que desviara el curso natural del río Gualeguaychú como le conviniera.
Ahora emitió un decreto el Intendente, y se ratificó por el Concejo Deliberante (consiguiendo así la complicidad del arco político sustancial de la localidad) desautorizando una resolución de la Gobernación de Entre Ríos, para que AMARRAS siga construyendo su negocio.
El poder económico de este grupo empresarial es tal, que lleva al Intendente Davico a enfrentar al Gobernador (a quien constantemente solicita ayuda, recordemos) con tal se ser funcional a los intereses financieros que se escudan detrás de una empresa de la que se ignoran sus accionistas. Permitiendo así que florezcan las peores sospechas sobre el origen del capital, que se difunden en Gualeguaychú.
“MIENTE, MIENTE, QUE ALGO QUEDARÁ”
Se difundió como una frase nazi, pero en realidad nadie sabe bien quién la dijo. Lo seguro es que se aplica de maravillas a esta empresa fantasma.
Para impugnar el enjundioso estudio de la Universidad de La Plata sobre el faraónico proyecto, a García Trícoli no se le ocurre sino decir que “no demuestra que Amarras inundará”.
El lenguaraz empresarial omite decir que AMARRAS empezó a construirse hace cinco años, sin autorización alguna como manda la ley, y que el horrible Secretario de Ambiente de Curribarri, Fernando Raffo, le extendió una autorización “condicional” (algo que no existe en la ley, creado a medida del dinero empresario).
Omite decir que se adueñaron del cauce de un río (algo también prohibido expresamente en la ley) para su beneficio empresarial.
MENOS PODER AL DINERO, MÁS A LOS INTERESES DE LA GENTE
Lo que pretendemos quienes nos oponemos a esta aberración contra la naturaleza no es sino que, alguna vez, el poder del dinero ceda ante los intereses de la gente, del pueblo en su conjunto.
Esta vez, queremos que la naturaleza y la ley ganen la pulseada a los billetes.
(*) Julio Majul es periodista y abogado, inició un juicio contra esta empresa, que está en la Corte Suprema en la actualidad.
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