El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Un convenio logrado por la gestión de Lauritto con la cooperativa Río Uruguay, a fines de 2019, que le permitía al Municipio acceder a los terrenos necesarios para un nuevo basural, terminó transformándose en una polémica llena de confusiones, cifras millonarias arrojadas al voleo e insinuaciones de corrupción. En este informe se intenta echar luz a la controversia. Se sugiere paciencia para leer, porque es un tema complejo: el expediente tiene casi 500 folios y cinco años de antecedentes.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN y MARTÍN BARRAL de la REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES DIGITAL
La cooperativa Río Uruguay Seguros (RUS) es una de las empresas más importantes de la región. Reinvierte parte de sus rentas en proyectos inmobiliarios en la ciudad. Entre esas iniciativas, cinco años atrás comenzó los trámites para la construcción del barrio privado “Las Acacias”, ubicado sobre la Ruta 14 pero dentro del ejido municipal.
El Miércoles Digital tuvo acceso al voluminoso expediente municipal 1.011.326, en cuyas casi 500 fojas constan todos los trámites legales para la aprobación del emprendimiento desde 2015. Los requisitos que debe cumplir cualquier iniciativa de barrio privado en Concepción del Uruguay están establecidos en el Código de Ordenamiento Urbano (COU).
Uno de esos requisitos -que aparece en su artículo 8- es la cesión “sobre las áreas linderas” de una superficie “igual a la de la totalidad de las calles y áreas verdes exigidas para cualquier fraccionamiento”. Eso arrojaba 16,16 hectáreas adyacentes a Las Acacias, una porción importante de terreno equivalente a una quinta parte del total.
Después de muchas discusiones que ocuparon casi todo el año 2019, en noviembre la gestión Lauritto elevó al Concejo Deliberante el acuerdo con la RUS, que fue aprobado el 27 de ese mes, por unanimidad de todos los bloques, mediante la Ordenanza 10.496. Allí se establecía una excepción al COU con una forma novedosa de resolver el tema de la cesión de las 16 hectáreas, que parecía conveniente para ambas partes: la RUS se comprometía a compensar la mitad (ocho hectáreas) “en tierras a satisfacción y/o designación de la Municipalidad”, monto que, en su totalidad o en parte, se destinaría “a la adquisición de tierras por parte del Municipio a los fines de instalar un nuevo espacio de tratamiento de residuos municipal”.
La otra mitad, la RUS las compensaría haciéndose cargo de varias obras públicas que el propio Legislativo sugería: dos alcantarillas sobre el arroyo El Curro, dos calles públicas con base de ripio en la zona de Colonia Perfección norte y el saneamiento del mencionado curso de agua, con un costo total estimado de 26.613.181 pesos (luego se recalculó este monto, llegando al doble).
La intención de Lauritto era que, a cambio de esas tierras, la Río Uruguay le ayudara a solucionar un viejo problema que quería dejar cerrado antes de irse del despacho de intendente: un nuevo espacio de tratamiento de residuos municipal. Y todo iba bien. De hecho, el acuerdo se aprobó en los últimos días de su gestión y con el respaldo de todos los bloques del Concejo Deliberante anterior.
EL ACUERDO: TIERRA POR TIERRA
Un funcionario de la actual gestión resumió de este modo el acuerdo: “La idea era buena: era un canje ‘tierra por tierra’, tierra dentro de un country para que la Muni comprara tierra afuera para un basural (relleno sanitario). Esas cosas que hacía Lauritto, que quería irse dejando solucionado el tema del basural”.
En efecto, el acuerdo -como confirmó a El Miércoles Digital el presidente de la cooperativa, Juan Carlos Lucio Godoy (quien fue intendente de Concepción del Uruguay)- era que, una vez elegidas las tierras por parte de la Municipalidad, “a la compra la hacíamos nosotros” (por la RUS).
Menos de una semana antes de irse, el 4 de diciembre de 2019, Lauritto firmó el Decreto 26.091, en el que se definen los detalles de lo convenido: dos de las primeras ocho hectáreas linderas al barrio pasarán al Municipio para uso público (“permitirán desarrollar allí servicios públicos inherentes a seguridad, educación, salud, etc”) y las otras seis, el Ejecutivo Municipal “estima conveniente” el pago de 13.125.000 pesos (2.187.500 pesos por cada una), “de acuerdo a la tasación realizada por el Consejo de Tasaciones de la Provincia de Entre Ríos”.
Por las restantes 8,16 hectáreas, Lauritto cerró el acuerdo con las obras enumeradas por el Concejo, pero en el Decreto rectificaba el costo de las obras públicas que iba a realizar RUS: a valores “actuales” (de diciembre 2019) la cifra era 50.186.653,38 de pesos. Según el entonces intendente, una “cifra que supera significativamente el monto requerido y determinado por la tasación”.
El decreto también está firmado por los entonces secretarios de Coordinación General, Ricardo Vales; y de Hacienda, Oscar Colombo; el coordinador general de Infraestructura, Alfredo Fernández; y el de Evaluación de Políticas Públicas y Control Presupuestario, Fernando Picart.
La insistencia en cerrar el acuerdo para dejar solucionado el relleno sanitario para el basural llevó a que el mismo día en que concluía la gestión, el 10 de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó –otra vez por unanimidad– la Ordenanza 10.535, de dos artículos (el 2º es de forma) en donde ratifica el Decreto.
PASARON COSAS
Todo iba bien, pero... pasaron cosas, como dice la frase incorporada a la jerga política de la Argentina por el ex presidente Mauricio Macri.
En enero de 2020, fecha en que debía concretarse el pago de los 13 millones por parte de la RUS, “por diferentes motivos” no se efectivizó. El más importante fue que se cayó el terreno que estaba “apalabrado” para el basural: los dueños cambiaron de idea y hubo que salir a buscar otro terreno.
Godoy explicó a El Miércoles Digital que a la RUS se le encomendó la compra de los terrenos: “En realidad, ya había una intención de cuáles eran los más útiles, pero los comprábamos nosotros, y se acordó con los propietarios de esa tierra una compra a pagar financiadamente”. Al caerse esa operación cambiaron algunos aspectos: “La economía todo este año y del anterior, todos lo sabemos, estaba en una situación que no era sencilla. Por eso, pagar de golpe no estaba en nuestros cálculos, además porque nos faltaban hacer algunas cosas en el barrio, no estaba terminada la obra y ya estábamos pagando por anticipado la cesión de tierras que establece el COU”.
De hecho, después de que se cayó ese terreno porque los herederos no quisieron vender, la Municipalidad salió a buscar otro, apareció el terreno pegado al basural actual, y el intendente Oliva decidió comprarlo con otros fondos municipales, precisamente porque no estaba la plata de la RUS. Se firmó el compromiso de compra y el Concejo Deliberante ya lo aprobó: el terreno a adquirir sale 15.470.000 pesos y –por Ordenanza 16.300 del 6 de agosto pasado– se facultó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a hacer la compra lo antes posible, con un compromiso de los titulares de mantener el precio por 35 días. En otras palabras: el acuerdo con la RUS ya se despegó de la cuestión de los terrenos para tratamiento de residuos.
Aún así, desde el Municipio le dijeron a El Miércoles Digital que el incumplimiento de Río Uruguay “nos causó un perjuicio gigante porque no pudimos tener un inmueble propio y tenemos que andar todos los días en la Justicia con cautelares para Hosifa (la empresa concesionaria del basural) porque nos cerraba la planta”. El apuro generado por no contar con el dinero de RUS ya pasó, como se explicó antes: “Por suerte, se pudo resolver una compra de un inmueble destinado a basural y ya compensamos el perjuicio que tendrán los vecinos al mismo, porque el valor de sus propiedades cae al tener un basural al lado”. Fue difícil conseguir el predio porque “no cualquiera quiere vender tierra para un basural”.
Enseguida vinieron la pandemia y la cuarentena, y en ese contexto de creciente preocupación, la RUS se presentó a la Municipalidad ofreciendo un plan de pago en mayo: una financiación en 36 cuotas, ajustando el monto según el IPC. Esto fue rechazado desde el Ejecutivo, pero siguieron negociando buscando un acuerdo. En junio, la RUS presentó una propuesta formal, mejorada: ya no podían ser los 13 millones de pesos de diciembre, cuando habían transcurrido seis meses y la inflación acumulada era mayor a diez puntos porcentuales. Esa oferta mejorada de la RUS fue de 12 pagos de 1.606.411,02 pesos, lo cual suma un total de 19.276.932,24. Esta es la propuesta de la RUS, y es la resolución que Oliva envió al Concejo para que tratara el jueves pasado y que, a raíz de la controversia mediática, se pospuso para la próxima semana.
¿ENTONCES, QUÉ ES LO QUE SE DISCUTE?
Lo que se discute es el monto que debe pagar la RUS y la forma en que debería hacerlo. Pero la empresa cooperativa ya adelantó, en su propuesta de junio, que si no se acepta la oferta, la alternativa es sencillamente cumplir con lo que establece el COU. Es decir, ceder, a medida que avance cada etapa, la tierra afectada por las disposiciones.
¿Hay espacio para negociar? El concejal vecinalista Aldo Montañana (Uruguay se puede) cree que sí. Y saca la cuenta en dólares: calcula que el monto aprobado por el Concejo el año pasado equivale a unos 219 mil dólares y propone tomar ese monto en la actualidad, pero con lo que llama el “dólar inmobiliario”, de unos cien pesos. La cuenta daría casi 22 millones de pesos. Tres más que lo que ofrece la RUS.
Pero la cosa no es tan simple. La propuesta presentada por la RUS es bastante explícita al respecto: “En el caso que la propuesta descripta anteriormente no fuera considerada satisfactoria, RUS ofrece como alternativa cumplir con lo pautado en el Código de Ordenamiento Urbano y ceder, con el avance de cada etapa, tierra afectada al emprendimiento según las superficies de manzanas y calles desarrolladas”.
Ante esto surge otra pregunta: ¿Qué pasará con las obras públicas que en el acuerdo están a cargo de la RUS (las alcantarillas y el saneamiento del arroyo El Curro, las calles públicas en Colonia Perfección norte) si en lugar del monto, el Concejo decide por las tierras linderas? Godoy le aclaró a El Miércoles Digital que, si no se hace la excepción del COU respecto de la cesión, “eso queda caduco porque quedaría la opción de entregar tierras como dice el COU, es la consecuencia de todo este problema que se armó. La culpa no es nuestra. Así que, por ese motivo, preferimos la entrega de las tierras y decimos no a todo lo demás”, advirtió.
LA CHISPA DEL ESCÁNDALO
Un portal de internet (“Ruta20”) publicó un posteo el pasado lunes firmado por Gustavo Baccon en donde, bajo el título “Piden ordenanza que beneficia a RUS”, especulaba sobre un supuesto negociado por el que la Comuna le vende a RUS, a precios irrisorios, tierras que ésta debería ceder dentro de su emprendimiento, resultando en ventajas económicas de cifras astronómicas: hablaba allí de un negocio de hasta “608 millones de pesos” (sic) entre otros cálculos. La nota era bastante confusa, desde el propio título, ya que la ordenanza es del año pasado, y lo que se discute ahora en todo caso es un plan de pago.
¿De dónde sale esa cifra monstruosa de 600 millones? De que el posteo calcula el monto que podrían valer esas hectáreas con el precio actual ya realizadas todas las obras y si se vendieran como lotes privados. Pero el cálculo es absurdo, por un lado porque se trata de áreas linderas al barrio, pero además, porque el acuerdo y la tasación –realizada por el Consejo de Tasaciones de la Provincia– se realizaron antes de las obras, que son precisamente las que le dan valor agregado al terreno.
Tampoco se le podrían dar otro destino, y esa es la razón por la cual nadie (ni en el Concejo anterior, ni en el actual) consideró que era un mal acuerdo para la Comuna. La discusión, claramente, pasa por otro lado. El posteo, además, contiene otras numerosas inexactitudes, pero quizás la principal es la ausencia de toda referencia a la historia del acuerdo, como las resoluciones del intendente Lauritto o del Concejo Deliberante durante 2019. También afirma que no se entregó el estudio de impacto ambiental, lo cual fue desmentido por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad local.
En otro terreno, la nota de Baccon hace consideraciones respecto de posibles conflictos de intereses o incompatibilidades, al recordar los vínculos laborales con la RUS de algunos de los funcionarios que deberán resolver: el intendente Martín Oliva, quien es médico auditor de la cooperativa, y dos miembros del Concejo Deliberante, de fuerzas distintas, relacionados con la aseguradora: el oficialista Rodolfo Negri (ex empleado, ahora jubilado) y Hernán Marcó, de Cambiemos (quien integra el Consejo de Administración).
Todo cerraba para que el impacto de semejante “denuncia” fuera creciente y progresivo: en pocas horas muchos uruguayenses estaban hablando, discutiendo y conjeturando a partir de lo que podían entender de la nota en cuestión. Que no era mucho, pero bastaba para instalar la idea de algo oscuro, turbio, oculto a la ciudadanía.
ACLARANDO
Lo ampuloso y desmesurado de los números y las insinuaciones de algo oculto sirvieron para impresionar y que el posteo fuera leído y compartido por cientos de vecinos en las redes sociales. Y el debate, cuando hay algo que no se comprende, siempre debe ser bienvenido.
Así lo destacó Godoy, el titular de la RUS, en diálogo con LT11: “Creo que el debate está bueno, pensando con buena fe en todos los actores, que por ahí alguien desconoce la cuestión reglamentaria o legal respecto a ordenamientos urbanos en un pueblo”. En esa entrevista y en otras que concedió, también enfatizó, en desmentida a las sospechas de favoritismo, que todo el acuerdo se había discutido y aprobado con Lauritto como intendente: “Adosarle a Oliva una cuestión de Lauritto es incorrecto, lo que hace el gobierno actual es recibir lo que se decidió en diciembre del año pasado. Lo que no sé es si no hay una cuestión política de por medio, es raro que haya aparecido en este momento algo que ya estaba consagrado y que es, de última, cumplir con la norma que establece el COU”, dudó, respecto a las denuncias mediáticas. “Este acuerdo se aprobó por ordenanza. Cosa más pública, imposible”, remarcó, señalando su extrañeza por el cuestionamiento a un acuerdo aprobado nueve meses atrás.
Lo que se discute es el monto que debe pagar la RUS y la forma en que debería hacerlo. Pero la empresa cooperativa ya adelantó, en su propuesta de junio, que si no se acepta la oferta, la alternativa es sencillamente cumplir con lo que establece el COU. Es decir, ceder, a medida que avance cada etapa, la tierra afectada por las disposiciones.
“El intendente rechazó de plano la primera propuesta de subsanar el incumplimiento de la RUS, que era pagar los 13 millones en 36 cuotas con cuatro meses de gracia. Por eso la empresa hizo una nueva propuesta que se envió directamente al Concejo Deliberante, en razón de haberse reservado la facultad de aprobación final de todo lo concerniente a ese desarrollo urbano. Si hubiese algo turbio no se hubiese rechazado la primera propuesta”, resaltaron desde el DEM a El Miércoles Digital. “Martín (Oliva) quiere que todo esto sea público, que se le muestre a la población que no hay nada raro”, comentó un integrante del Ejecutivo que participó desde el principio en las negociaciones con RUS.
El razonamiento imperante por parte de las autoridades actuales es que existía una obligación a cargo de RUS determinada por ordenanza aprobada por unanimidad. “Dicha obligación era preexistente a que asumiera la nueva gestión y la misma vencía el 13 de enero de 2020 y no fue debidamente cumplimentada en término”, explicaron a este sitio.
Por eso, “se realizaron distintas gestiones para que Río Uruguay realice una propuesta de cumplimiento razonable y, una vez recibida, fue elevada al Concejo para su tratamiento”. Destacaron desde la administración Oliva que “nunca se modificó ni se corrió una coma de la obligación preexistente”.
Lo cierto, como dijo otro funcionario que pidió a El Miércoles Digital mantener el anonimato es que “si Río Uruguay pagaba en enero no pasaba nada, no había escándalo y la Municipalidad se quedaba con un buen acuerdo para exigirle a la cooperativa”, graficó.
EL TRASFONDO
En Concepción del Uruguay, desde siempre, todo o casi todo se explica con teorías conspirativas. Y si la nota de Baccon se ocupa de insinuar una suerte de negociado espurio organizado por empleados de la RUS que están ocasionalmente al frente del Municipio, la respuesta desde los ámbitos afectados no podía ser menos.
Es que sería ingenuo no percatarse de las relaciones del autor del posteo con dos empresas privadas de la zona vinculadas con problemáticas emparentadas con ese tema: Baccon fue candidato en la lista de Mariano Farías, el empresario dueño de Hosifa, ex concesionario del basural municipal denunciado por la Municipalidad uruguayense por sus irregularidades e incumplimientos, y condenado por la Justicia. Farías sostiene una guerra judicial con el Municipio que aún no se terminó de resolver. Fue candidato a intendente en 2019 con un pobre resultado y Baccon, el autor de la nota, fue su candidato a senador suplente en esas elecciones.
El otro empresario con el que Baccon tiene fuertes vínculos es José Alberto Segovia, el titular del proyecto “Rincón de Urquiza”, un barrio privado que quiere instalarse sobre el humedal lindero al Banco Pelay y cuyos intereses se han visto objetivamente perjudicados por decisiones que tomó el Municipio, que le denegó la autorización, por razones ambientales. También Segovia está en guerra contra esta gestión: de hecho, en esta misma semana presentó una apelación contra la decisión de Oliva, avalada por el Concejo Deliberante, de impedirle avanzar con su proyecto. Baccon defiende públicamente el proyecto de Segovia (de quien se confiesa amigo de años) en las redes sociales, con duros enfrentamientos con los grupos ambientales locales que impugnan esa iniciativa.
Para completar, un referente de un sector político local que salió a reclamar de inmediato mediante un comunicado, es también parte de ese entramado: se trata Juan Carlos Melliard, quien tras perder la elección interna de su partido (el PS) apoyó la candidatura de Farías en las últimas elecciones locales.
Quizás por eso, desde el entorno del intendente, atribuyen el posteo a una “equivocada y torpe sed de revancha” en contra de “una gestión que perjudicó a esas empresas privadas al jerarquizar la defensa de los intereses de la comunidad uruguayense”.
INCOMPATIBILIDAD
La ley 10.027 que regula el funcionamiento orgánico de los municipios de Entre Ríos establece las incompatibilidades en su artículo 72. Allí, en su inciso “f” dice que “es incompatible el desempeño de empleos o funciones en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, de la Provincia o de cualquier Municipio, salvo que le sea otorgada licencia extraordinaria sin goce de haberes por el período de su mandato o haga renuncia de dicho cargo. Quedan exceptuados el ejercicio de la docencia y las designaciones ad honorem para objetos determinados y tiempos limitados, siempre y cuando cuente con la autorización expresa del Concejo Deliberante y se corresponda con la representación del cargo municipal para el cual fuera elegido".
La norma es muy clara: no se puede tener otro empleo en el ámbito público. Tanto el intendente como cualquier otro funcionario no puede tener otro empleo, salvo los exceptuados en ese inciso: la docencia o designaciones sin remuneración, que además deben tener autorización expresa del Concejo. Pero no establece esa obligación para el ámbito privado ni para las profesiones liberales. Ninguno de los tres casos cuestionados –ni Oliva no los concejales– estarían en esa condición.
Queda, por otro lado, en la acción de cada representante la decisión de abstenerse en situaciones que de algún modo involucren vínculos laborales previos. Sería lo deseable desde una mirada basada en la ética: un funcionario público no debe intervenir en decisiones que involucren entidades que tienen intereses comerciales –aun si se trata de una cooperativa– si tiene o tuvo vinculación reciente, por razones elementales de transparencia pública. El intendente, seguramente, argumentará que eso es lo que hizo al enviarlo al Concejo. Y además es lo que la ordenanza aprobada el año pasado establece: toda decisión respecto del acuerdo debe pasar por el Concejo Deliberante. Los concejales mencionados deberán evaluar qué hacen al respecto.
CÓMO SIGUE
A raíz de la nota, algunos sectores políticos salieron a cuestionar el acuerdo. Por ejemplo, el Partido Vecinal Uruguay Se Puede -que llevó a Aníbal Steren como candidato a intendente en las últimas elecciones- en un comunicado reclamó por el precio con que la RUS “adquiere nuevamente” las tierras que debe ceder “dentro del barrio Las Acacias”. Allí cuestionó un supuesto “trato preferencial” y pidió “ajustar esta negociación a los intereses de toda la comunidad”.
En el comunicado también hicieron alusión, indirectamente, a las relaciones con la cooperativa por parte del intendente y de un par de concejales: “Así como un juez debe abstenerse en un juicio donde debe ser imparcial, toda persona que tenga que tomar una decisión y posea algún grado de relación con RUS debería abstenerse de participar en el dictamen de este tema”.
El Miércoles Digital consultó al concejal de ese espacio, Aldo Montañana, quien explicó que considera que “al no haber cumplido una de las partes con el acuerdo” (al no pagar RUS en enero), “la Ordenanza 10.535 queda sin efecto”, que “es lo que dice el Decreto (26.091)”, y al valor ofrecido originalmente (los 13 millones de pesos) “hay que aplicarle el dólar inmobiliario”, como se explicó antes. Su planteo también es que “ese monto se pague al contado, “o si se hace un plan de pagos cada cuota tiene que estar anclada a un valor, a un índice, para no perder el valor adquisitivo a lo largo del tiempo”.
Sin embargo, Montañana espera que todo llegue a un fin que “sea para beneficio de la Río Uruguay, que es una empresa de la ciudad y que uno tiene que tratar de acompañar, pero también tenemos que pensar en la Municipalidad y en el dinero que realmente podríamos adquirir por esa venta para beneficio de los ciudadanos”.
Como otra consecuencia del revuelo, el Legislativo local, que este jueves iba a tratar la aprobación o no del pedido de RUS, aplazó su tratamiento para la semana próxima. Allí, los concejales deberán decidir, según el pedido de la empresa, entre dos opciones: el monto actualizado y las obras públicas acordadas el año pasado, o volver a las disposiciones del COU y quedarse con las tierras linderas.
Al cierre de esta nota, desde el Municipio se informó que este sábado el intendente dará una conferencia de prensa por diferentes temas, pero que luego “quedará abierto a las consultas que deseen realizar”, una oportunidad importante para esclarecer las dudas que persistan. Este informe quizás pueda resultar de ayuda para quienes pregunten.
¿FAKE NEWS?
Lo cierto es que más allá de las exageraciones, desmesuras y errores de las informaciones que se difundieron, el acuerdo tomó mucho mayor relevancia pública que cuando se aprobó en diciembre de 2019. Y no está nada mal que se debata de nuevo. Cuando se trata del interés público no puede haber nada malo en la deliberación ciudadana o de los funcionarios de cara a la ciudadanía.
De modo que el episodio también puede dejar una enseñanza: la política no debe menospreciar la relevancia que tiene la información pública y el rol que juegan los medios, sean chicos o grandes, serios o sensacionalistas, experimentados o novatos, bien o mal escritos. Por algo decía Thomas Jefferson, uno de los “padres” de la democracia moderna: “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.
¿Eso quiere decir que los medios no nos equivocamos o que no debemos rectificar (y pedir disculpas o hacernos cargo penalmente, si corresponde) cuando metemos la pata? Claro que no. Por eso el mismo Jefferson tampoco dudaba en afirmar, aludiendo a la prensa maliciosa o falaz: “Un hombre que jamás mire un periódico estará mejor informado que quienes los leen, por lo mismo que quien no sabe nada está más cerca de la verdad que quien tiene la mente repleta de falsedades y errores”.
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