El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En la columna anterior, intentamos contribuir con un análisis del nuevo escenario global que emerge desde que se desató la pandemia provocada por el COVID-19 y nos hicimos preguntas pensando principalmente en los principales desafíos de las ciudades y las instituciones locales.
(*) Por MAXIMILIANO GÓMEZ
De acuerdo a diversas estimaciones, la actual es la crisis más grande que el mundo ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, y es el mayor desastre económico desde la depresión de la década de 1930. No tenemos dudas que, pese a la globalidad del asunto, sus perniciosos efectos serán eminentemente territoriales: esto obligará a cambiar la dinámica de los gobiernos de cara al momento de recuperación, sobre todo sabiendo que se mantendrán como “no resueltos” muchos problemas previos a la pandemia.
Recientemente Joan Subirats afirmó que se equivocan quienes sostienen que “el virus es democrático porque afecta a todos por igual”. Según el catalán, más bien va a profundizar los niveles preexistentes de desigualdad, sobre todo en materia de acceso a bienes públicos, de empleo y de equidad de género. Entonces, entendemos que los gobiernos deberán reorientar sus agendas y sus esfuerzos para combatir la ampliación de estas brechas, a la vez que formulan estrategias de contención sanitaria y económica para vastos sectores sociales, sabiendo que la vacuna no estará disponible en lo inmediato de forma masiva.
Adicionalmente, hay un desafío para los gobiernos locales. Su condición de “gobierno de proximidad” los convierte en el “primer mostrador” de las demandas y reclamos ciudadanos, obligándolos a fortalecer sus equipos de gestión y sus capacidades técnicas en un escenario de persistentes dificultades económicas. Si bien el carácter global de la pandemia hace complejo asignar responsabilidades y determinar quién debe ocuparse del financiamiento de las políticas de reconstrucción (costos de tipo concentrado y beneficios de tipo difuso), el caso argentino supone reconocer que las municipalidades y comunas se encuentran en posición de debilidad. A partir de la sostenida dependencia de los fondos públicos provinciales y nacionales, el régimen de “federalismo fiscal” se vuelve una entelequia: declama autonomía, pero en la práctica socava la posibilidad de desarrollo autosuficiente de las comunidades.
La crisis también nos muestra que se necesita actualizar de manera urgente las formas de gestión de lo público y de lo privado.
La agenda local de gobierno requiere un nuevo diseño institucional con herramientas normativas y de gestión que posibiliten autonomía y solvencia fiscal verdadera. En Entre Ríos, una ventana de oportunidad se abrió a partir de la posibilidad que los municipios con más de 10 mil habitantes dicten sus propias Cartas Orgánicas, la cual lamentablemente ningún municipio decidió aprovechar.
En lo relacionado con las políticas de salud, se impone la necesidad de pensar nuevos modelos de gestión, con una descentralización efectiva, priorizando la atención primaria local y el fortalecimiento de las redes en territorio. Aprovechar los saberes de las organizaciones comunitarias existentes es una de las claves.
También como resultado de la situación actual se ha vuelto a poner el foco en la composición y densidad de nuestras ciudades. Pareciera que las urbes más grandes son “codiciadas” por el virus: ¿nos dice esto que éstas deben ser más chicas o menos densas? Guiados por la noción de equidad territorial, insistimos que se debe priorizar el desarrollo de las ciudades intermedias (entre 20 y 500 mil habitantes), donde se favorezcan mecanismos que pongan en valor el potencial de las personas, creándose mejores incentivos para la innovación y la colaboración pública-privada. Además, como plantea Roberto Kozulj, las ciudades intermedias posibilitan la captación y uso mano de obra de baja calificación disponible para tareas de construcción y reconstrucción de ciudades sostenibles, y así resolver en buena medida el problema del desempleo estructural. La premisa es avanzar hacia en un ordenamiento urbano tendiente a generar ciudades menos densas y más compactas, donde se respete el patrimonio cultural y ambiental.
La crisis también nos muestra que se necesita actualizar de manera urgente las formas de gestión de lo público y de lo privado. El trabajo remoto o “homeoffice” se convertirá en una opción viable, que permitirá reducir la presencia física en oficinas, favorecer la permanencia en el hogar (sobre todo de padres o madres de familia con hijos en edad escolar) y bajar la demanda de movilidad. Para ello, se requiere aumentar la inversión en desarrollo tecnológico y acceso a Internet. Estos cambios, más la la necesidad de mantener el distanciamiento social por un buen tiempo, implicarán la remodelación de los sistemas de transporte, con una eventual disminución del uso de autos y colectivos -provocando menor contaminación y emisión de gases de efecto invernadero-. La bicicleta aparece como una alternativa todavía mayor a lo que actualmente es: permite mantener el distanciamiento social, a la vez que permite moverse con facilidad en áreas urbanas de menor densidad.
(*)Licenciado en Ciencia Política y docente de la UNER. Actualmente cursa la Maestría en Ciudades de la UBA.
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