El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Corte Suprema es, se sabe, el máximo tribunal del país. Aunque hoy la representación icónica del desprestigio del Poder Judicial, su creación constituye uno de los cimientos del Estado Nacional, en medio de persistentes conflictos entre provincias y las aspiraciones secesionistas de Buenos Aires.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Desde sus inicios, la Corte Suprema ha dictado fallos polémicos, la mayoría de las veces, en beneficio de las clases dominantes; y no pierde las mañas. Recientemente, el dos por uno a favor de los represores de la dictadura y en el siglo pasado la convalidación del quiebre constitucional a través de un golpe militar.
Siete de cada diez argentinos creen que los jueces no son independientes, sino que responden a los intereses de un gobierno, el actual, el anterior, el que esté de turno, y de los grupos económicos.
Esa insatisfacción es lo que exhibe la reivindicación callejera de este 1 de febrero; una sensación de injusticia con olor a impunidad; la percepción de que la Corte Suprema solo defiende sus privilegios y los privilegios de los poderosos, en vez de proteger los intereses del pueblo.
En Paraná, fueron principalmente los organismos de derechos humanos quienes enarbolaron la bandera frente a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, en calle 25 de Mayo, donde se leyó el documento que arranca repudiando el aval que le dio la Corte Suprema a los golpistas que derrocaron Hipólito Yrigoyen.
La referencia señala el inicio de lo que podría ser la debacle institucional de la Corte Suprema y que tuvo como protagonista central a un entrerriano: Antonio Sagarna, que integró el máximo tribunal entre 1928 y 1947 y el 10 de septiembre de 1930, cuatro días después del golpe que derrocó a Yrigoyen, firmó una acordada convalidando el quiebre institucional, “una acordada que sentó precedente y justificación para todos los atropellos y golpes de Estado que sufrió la Argentina a partir de ese momento”, según expresaron en el documento que se leyó este 1 de febrero en Paraná.
La historia de Sagarna es una de tantas que pueden encontrarse en la política argentina.
El periodista Jorge Riani reveló en su libro El imperio del Quijote, que fue uno de los fundadores de El Diario, el 15 de mayo de 1914, el cuarto director que tuvo el matutino paranaense e integrante de la primera sociedad que se conformó en 1920.
El Diario nació por la vocación de un grupo de militantes entusiastas, que tenía más vocación política e interés por ascender al poder de la mano del partido radical, que espíritu empresario. Y efectivamente esa generación “fue protagonista de la más alta política a nivel provincial y también nacional”, dice Riani. “Los fundadores fueron ocho, pero los aportantes de dinero eran muchos más, y lo hacían desde el anonimato”, agrega Riani. De ese grupo de radicales que fundó El Diario surgieron ocho gobernadores y cuatro vicegobernadores, por ejemplo.
Antonio Sagarna nació en Nogoyá; hijo de un trabajador rural, cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Sus primeras actividades estuvieron vinculadas con la docencia: fue maestro ad-honorem en las escuelas fundadas por William Morris y profesor en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, en la Escuela Normal de Rosario y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
También ocupó cargos judiciales y llegó a ocupar el Superior Tribunal de Justicia. Renunció para dedicarse a la política y en 1919 fue embajador en Perú durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear; en 1922 fue interventor en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y luego ministro de Justicia e Instrucción Pública de Alvear.
Entre medio, integró el grupo de fundadores de El Diario. En los años siguientes se dedicó también al estudio de temas históricos, especialmente de Entre Ríos.
Alvear lo propuso como juez de la Corte Suprema en la vacante que dejó el fallecimiento de Miguel Laurencena, el ideólogo de El Diario y ex gobernador de Entre Ríos. Quien defendió el pliego en la sesión en la Cámara de Senadores fue Luis Lorenzo Etchevehere, otro de los integrantes del grupo de fundadores. Tal era la relevancia política y judicial de la generación que hizo El Diario.
Sagarna estuvo durante dieciocho años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la que llegó a ser presidente. “Se dedicó a la tarea con devoción, demostró particular sensibilidad en cuestiones laborales. No creemos equivocarnos al sostener que el gobierno que lo acusó en un juicio político y lo destituyó, podría haber encontrado buena recepción en temas sociales por parte de este honorable juez”, escribió Héctor Tanzi en una notable obra histórica sobre la Corte Suprema.
Pero cualquier elogio a la figura de Sagarna sucumbe en la acción más lamentable de su paso por la función pública y tal vez la única que lo ha hecho trascender en el tiempo: la convalidación del golpe que destituyó a Hipólito Yrigoyen.
“Mirándolo en perspectiva histórica, es de lamentar la participación en la confección de ese instrumento de alguien carente de perfiles autoritarios y reaccionarios como Antonio Sagarna, máxime si nos remontamos a su tesis doctoral que versó, demostrando su espíritu progresista, sobre la inconstitucionalidad de la ley de extrañamiento de extranjeros por motivos políticos”, escribió el abogado y ensayista salteño Carlos Gregorio Romero Sosa, citado en El imperio del Quijote.
Luego del golpe encabezado por José Félix Uriburu, el 6 de septiembre de 1930, los jueces de la Corte Suprema se mantuvieron en funciones y, como si no fuera suficiente, cuatro días después emitió una acordada por unanimidad en la que saludaba el golpe señalando que “ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas” y agrega que “el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercía la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”.
El acuerdo lleva las firmas de La controvertida resolución fue firmada por los ministros Sagarna, José Figueroa Alcorta, Ricardo Guido Lavalle, Roberto Repetto y el procurador Horacio Rodríguez Larreta.
Ese día, la Corte Suprema hizo algo más que reconocer al gobierno militar; ese día, pulverizó la organización institucional que se había dado la sociedad argentina.
Sagarna siguió en su cargo hasta 1946, cuando el peronismo promovió un juicio político en su contra y fue destituido por haber firmado aquella tesis que aceptaba como un hecho consumado “por razones de policía y necesidad” la interrupción institucional, una verdadera tragedia institucional que se repetiría otras cinco veces.
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