El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Juzgado Federal inició una causa contra dos cultivadores de cannabis. Se trata de Manuel Urquiza y Jonathan Romero, dueños del “Coffee & Growshop Joseador” de Concepción del Uruguay. La policía allanó sus domicilios, destruyó la mayoría de sus plantas y clausuró el local. Además, estuvieron incomunicados por 11 horas. Los abogados de Manuel y Jonathan, Gonzalo Delzart y Manuel Gay Jair, sostuvieron que el juez Pablo Andrés Seró hizo una incorrecta interpretación de la legislación que regula el uso del cannabis en Entre Ríos.
Las actuaciones fueron tras la solicitud de allanamiento y detención que firmó el Juez Pablo Andrés Seró, a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Si bien los cultivadores ya fueron liberados ese mismo día por la noche, permanecieron 11 horas incomunicados.
Los operativos iniciaron temprano por la mañana y los jóvenes fueron trasladados por la tarde a la Comisaría de la Policía Federal de La Histórica.
El defensor Delzart explicó que: "La llave para entrar al Growshop se la secuestraron a Manuel en su domicilio y de ahí se fueron a allanar el negocio sin ninguno de los chicos (sus dueños) presentes".
El defensor presentará un escrito para solicitar la restitución de lo secuestrado y el levantamiento de la clausura del Growshop. El local comercial se encontraba correctamente habilitado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay y con las tasas al día.
En el escrito que presentará el abogado los cultivadores relatan lo encontrado por la policía en los domicilios. El día del allanamiento Jonatan tenía cita con su médico para renovar su inscripción a Reprocann.
En su casa encontraron más de 200 esquejes y plantas en estado vegetativo, que fueron destruidos sin más, dejando solo 9 plantas en pie, como parte de una incorrecta interpretación de los límites establecidos por el Reprocann. En realidad, el anexo II de la resolución del ministerio de salud Nº 800/21 establece un máximo de 9 plantas florecidas, no en estado vegetativo.
En el domicilio de Jonatan también se encontraron 300 gramos de flores secas, de los cuales 260 fueron secuestrados, dejando solo 40 gramos sin tocar. Otra interpretación errónea del anexo II de la resolución del ministerio de salud Nº 800/21 que establece "Transporte: entre 1 y 6 frascos de 30ml o hasta 40 gramos de flores secas". Reprocann no determina límites para la tenencia de flores secas y/o aceites que uno pueda tener en su hogar.
En la casa de Manuel destruyeron 17 plantines en estado vegetativo y 3 plantines en flora. Además, secuestraron su notebook, la herramienta que utiliza para su trabajo como programador.
Como informó Delzart los cultivadores y dueños del local reclaman la devolución de sus pertenencias, la habilitación de su comercio y el cierre de la causa. Además, se iniciarían acciones legales para el resarcimiento de daños irreparables ocasionados a los cultivadores, sus familias, sus hogares y sus pertenencias personales.
Contra el juez
Los abogados de Manuel y Jonathan, Gonzalo Delzart y Manuel Gay Jair, sostuvieron que el juez Pablo Andrés Seró hizo una incorrecta interpretación de la legislación que regula el uso del cannabis en Entre Ríos.
Por un lado, sostienen que el magistrado no consideró que las plantas que se encontraron en los domicilios estaban en estado de vegetación. Por el otro, y más allá de la normativa nacional, sostuvieron que en Entre Ríos hay una ley específica para el uso y cultivo de la planta con fines terapéuticos.
“El artículo 5 de la ley 10894 establece que solo con receta médica podés tener acceso para hacer un uso medicinal del cannabis y también habilita el cultivo solidario”, sostuvo Delzart.
Por ese motivo, la defensa de Manuel y Jonathan ahora irá en dos caminos: los abogados quieren que se resuelva su situación penal, pero también iniciarán una demanda para que sus clientes consigan un resarcimiento económico.
Manuel y Jonathan desean que se resuelva su situación penal de forma rápida, pero también pretenden que se les otorgue un resarcimiento económico. En total, perdieron alrededor de 300 plantas y sus ingresos laborales se vieron comprometidos con la clausura del growshop.
Este tipo de demandas es una posibilidad que comienza a escucharse cada vez más entre los abogados cannábicos. Para Delzart el gran desafío será calcular cuál sería el monto que reclamarán: “Al no haber jurisprudencia y al ser todo tan nuevo estamos evaluando la cifra. En el escrito que presentamos tomamos como referencia a lo que denominamos ‘mercado alternativo de semillas’. Cada una cuesta alrededor de 10 dólares y pensamos que el número podría ser un tercio por injerto destruido”, concluyó el abogado.
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