El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El abogado Marcelo Boeykens, en representación de un sobreviviente de la dictadura, presentó un recurso para que se revoque la libertad condicional del Moscardón Verde. Dice que se omitió escuchar a la víctima y que se violan tratados internacionales.
Informe: Página Judicial.
Los abogados representantes de víctimas de la última dictadura solicitaron al Tribunal Oral Federal “volver sobre sus pasos” en la decisión de conceder la libertad condicional al condenado ex policía federal Julio César Rodríguez, apodado Moscardón Verde, que cumplió funciones en Concepción del Uruguay en épocas de la dictadura militar (Ver nota: El represor «Moscardón Verde» está cerca de recuperar la libertad).
El represor lleva más de diez años detenido, cumpliendo una condena de quince años que le impuso el tribunal oral por allanamientos ilegales de domicilios, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos a estudiantes secundarios y militantes populares en 1976, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. Hace unos días, el juez Roberto López Arango le concedió la libertad condicional –en respuesta a un pedido de su defensa– por haber cumplido los dos tercios de esa condena, aunque la medida no se hizo efectiva porque el Moscardón Verde tiene prisión preventiva en otra causa por delitos de lesa humanidad.
El abogado Marcelo Boeykens, representante de un sobreviviente de la dictadura, presentó un recurso de reposición, es decir, ante el propio juez para que revise su decisión, invocando el derecho que tienen las víctimas, a expresarse y a que sus consideraciones sean tomadas en cuenta por el tribunal al momento de resolver.
Paralelamente, el letrado adelantó que apelaría la decisión, para el caso de que el magistrado confirme la libertad condicional del Moscardón Verde, uno de los más salvajes represores juzgados en la provincia.
El planteo es polémico y da lugar a muchas interpretaciones posibles.
Cabe mencionar que el juez corrió vista al fiscal José Ignacio Candioti, quien consideró que “no se advierten razones que obsten a la concesión del beneficio solicitado”, dado que el represor había cumplido los dos tercios de la condena y también cumplió “adecuadamente” con las obligaciones fijadas para su arresto domiciliario.
En primer lugar, Boeykens cita la “ley de víctimas” señalando que el juez dispuso la libertad condicional de un condenado por delitos de lesa humanidad sin informar a la víctima ni pedirle que exprese su opinión al respecto y tampoco elaboró un informe o análisis de riesgo que podría implicarle la medida. “Asiste a la querella el derecho a expresarse y que sus consideraciones sean tomadas en cuenta por el tribunal”, resaltó el letrado en su escrito al que accedió Página Judicial.
Entonces, lo que pretende el abogado querellante es que el propio juez López Arango “deje sin efecto la medida hasta tanto se corra vista, se oiga su opinión y se realice un informe de riesgo”.
En segundo lugar, planteó que el otorgamiento de la libertad condicional a un condenado de crímenes de lesa humanidad es “incompatible” con las obligaciones impuestas por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. “La libertad condicional, que en la práctica opera como una conmutación de penas en caso de crímenes de lesa humanidad, en estos casos en donde se juzgó y condenó crímenes del poder es inadmisible para el derecho internacional de derechos humanos”, enfatizó Boeykens.
En última instancia, el letrado plantó que los hechos por los que fue condenado el Moscardón Verde, ex sargento de la Policía Federal, “han sido perpetrados con el más alto nivel de violencia posible, es decir, la violencia o terrorismo amparados en la estructura del Estado, procurándose así, durante todos estos años, la impunidad” y resalta que en “no hubo un solo gesto de arrepentimiento en todo el proceso por parte de Rodríguez, ni hubo colaboración en torno al esclarecimiento de la verdad”
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