El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El abogado Maximiliano Rusconi, que defiende a Urribarri junior, dijo que el caso de su representado es un ejemplo de “lawfare”. La caradurez del letrado supera lo que se haya visto hasta ahora en la discusión política entrerriana. En esta nota se explica por qué es un bolazo hablar de “lawfare” en Entre Ríos.
Por A.S. de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Según el propio Maximiliano Rusconi en una nota periodística publicada en diciembre pasado (ver aquí), el “Lawfare” es “la utilización del sistema penal para la persecución de un conjunto de personas seleccionadas por su afiliación política o ideología, violando en esa persecución un conjunto muy relevante de los principios y garantías constitucionales propios del estado de derecho”.
Lo que Rusconi no dice (y muchas personas que usan el concepto parecen ignorarlo) es que la expresión “lawfare” fue inventada por los abogados de criminales de guerra yanquis para eludir las acusaciones por violar derechos humanos. De hecho, ese concepto fue utilizado por Estados Unidos para desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional (ver aquí). Linda compañía conceptual tienen quienes acuden a ese concepto ¿no? Claro que lo cambian de signo...
Sin embargo, hay quienes en el mismo bando objetan el uso de esa categoría. Nada menos que Carlos Zanini recomienda en un escrito académico no utilizarlo. En su texto (que puede leerse aquí) cuestiona “el traslado automático del concepto desde su plano original, la guerra, al de la política” y sostiene que acá no hay una guerra, “sino una violación de las leyes y de las más elementales garantías constitucionales”. Advierte que “en el nombrar hay un fuerte poder” y que se trata “de una persecución mediático-judicial a los opositores”. Zanini se considera a sí mismo víctima de esa persecución, pero evidentemente procura ser un poco más coherente que algunos de sus colegas de fe.
¿Por qué no Lawfare?
Hay otras miradas para cuestionar el uso del concepto.
¿De verdad hay una conspiración en la Argentina (o en América Latina) para perseguir dirigentes progres? ¿Entonces por qué también caen en esa ola continental de acciones judiciales una enorme cantidad de casos de mandatarios de derecha acorralados en causas de corrupción: en Perú, Pedro Pablo Kuczynski (que debió renunciar), Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García (que se suicidó); Álvaro Uribe en Colombia, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri y varios de sus funcionarios en la Argentina, y la enorme cantidad de empresarios presos o procesados por el escándalo de Odebrecht, entre otros.
De hecho, no es raro que Rusconi –defensor de delincuentes probados, como De Vido– use el concepto. Lo increíble es que lo use para proteger a los Urribarri.
Y además ¿por qué no hubo lawfare contra Tabaré Vazquez, contra José Mujica, contra Michelle Bachelet, contra Hermes Binner, contra Evo Morales (hubo golpe, no causas judiciales)…? ¿O será que sólo hay lawfare contra quienes delinquen, por más “progres” que sean? Entonces en vez de hablar de “lawfare” ¿no sería mejor que no cometieran delitos cuando están en el poder?
Para Roberto Gargarella, eminente constitucionalista (y a quien nadie que lo haya leído podría vincular con el macrismo o la derecha) el “lawfare” es “una tontería”, un cuento que impide leer adecuadamente la realidad.
Sostiene Gargarella que esa mentira no está destinada a defender legítimamente a líderes progresistas sino que apunta a proteger a quienes cometieron ilicítos desde el poder, “por ejemplo, a hacernos creer que (Amado) Boudou era un líder social revolucionario cuando era un chanta, un ladrón de cuarta, como demostró la justicia en una catarata de decisiones, tan impecables como lo puede ser un proceso penal en la Argentina” (ver entrevista completa aquí).
De hecho, no es raro que Rusconi –defensor de delincuentes probados, como De Vido– use el concepto. Lo increíble es que lo use para proteger a los Urribarri.
El bolazo de Rusconi
¿Cómo llega Rusconi a a hablar de “lawfare” en Entre Ríos? Según difundieron medios afines al oficialismo entrerriano, Maximiliano Rusconi es el abogado de Mauro Urribarri en la causa por venta de dólares en el Senado entrerriano.
Lo curioso es que su defendido no está imputado en la causa, y a Rusconi lo que le molesta es que “un periodista y medio paranaense metan a Mauro en el proceso”. Eso es lo que, según el letrado, “forma parte del Lawfare”. Rusconi habla de Daniel Enz y de su programa “Cuestión de fondo” en el Canal 9 de Paraná.
“Lawfare en Entre Ríos”, tituló Rusconi a su escrito en las redes sociales. Allí se explayó: “Más allá de que el periodista pretenda vincular la causa judicial públicamente conocida como `Mesa de dinero en el Senado´ con el Sr. Mauro Urribarri (colocando de fondo su fotografía) el propio fiscal García Escalada, en tres oportunidades ha dejado en claro que Mauro Urribarri no se encuentra imputado”, indicó Rusconi en Twitter.
Daniel Enz, el director del periódico Análisis es uno de los pocos periodistas que en la provincia escrutan al poder político y económico y fue el principal denunciante del entramado de negocios que armó el urribarrismo, que detentó el poder absoluto en Entre Ríos durante una década. En su libro “El clan”, Enz describió ese entramado, y sus investigaciones le valieron a los Urribarri algunas de las causas actuales que se tramitan.
“Fue tal la preocupación del exministro Mauro Urribarri, con el avance de la causa, que de inmediato mandó a constituirse a sus abogados defensores porteños, estrechamente ligados al exministro de Planificación, Julio De Vido, quienes viajaron a Paraná en varias oportunidades, para controlar el expediente”, dice la nota publicada el 10 de marzo en Análisis y a la que Rusconi critica y pretende desmentir.
Rusconi refiere que los testigos en la causa “no han involucrado con sus dichos al Sr. Mauro Urribarri en ningún tipo de maniobra ilícita. Esta es la verdad en el expediente. Casualmente, el periodista Daniel Enz pretende volver a vincular con esa investigación al Sr. Mauro Urribarri en la primera edición anual de su programa y, más casualmente, en un año electoral. Esto se llama Lawfare”.
Paradójicamente, la presencia de Rusconi y su publicación en las redes ratifican esa preocupación de la que habló Análisis. Cosas de la realidad, que es como es y no como Rusconi pretende que sea.
¿Lawfare en Entre Ríos? ¡Manso bolazo!
Rebobinando: si la definición de lawfare es una persecución mediático judicial para combatir a opositores políticos ¿cómo podría haberla en Entre Ríos? Una provincia en la que el PJ está en el poder desde hace casi dos décadas y controla el poder judicial a su arbitrio, y maneja casi todos los medios de la provincia a su antojo…
Repasemos además la presencia de los Urribarri en el poder: cuando comenzó el primer período del actual gobernador Gustavo Bordet, el poder de los Urribarri seguía siendo inmenso. Sergio presidía la Cámara de Diputados, es decir que controlaba el presupuesto, la llave de cualquier gestión. Y su hijito Mauro era el super ministro de Gobierno, Justicia y Educación. Es decir que controlaba nada menos que la justicia y la policía.
Bordet, con sigilo e inteligencia bien peronistas, se los pudo sacar de encima con el tiempo. En el medio, la justicia entrerriana (esa misma justicia nombrada, controlada, cubierta en la mayor parte de sus cargos, desde el Superior Tribunal para abajo, por los mandamases peronistas) avanzó en ocho causas judiciales contra Urribarri, y no con celeridad ni con convicción, sino más bien a su pesar. Porque acá en Entre Ríos la justicia no investiga nada, lo hace solo un ínfimo sector del periodismo, y a veces, los obliga el azar.
Alcanza con repasar cómo se dieron las ocho causas contra Urribarri y su familia: se verá allí que en ninguna de ellas el iniciador es el Estado, salvo en la que un simple policía ve lo que nadie veía: varias personas con decenas de tarjetas de débito retirando dinero de un cajero en pleno centro de Paraná a plena luz del día. Eso fue la punta del ovillo para denunciar el gigantesco robo a los fondos públicos que se viene haciendo desde la Legislatura provincial. (Para más detalles, véase esta nota).
¿Alcanza entonces para hablar de “lawfare” que haya un medio, uno solo, que se llama Análisis, que dirige Daniel Enz, y que investiga a los Urribarri y revela las tramas de sus negociados; uno solo, cuyas investigaciones no se replican ni se republican ni se difunden (salvo un par de excepciones entre las que está por supuesto El Miércoles), precisamente porque el PJ controla casi todos los medios?
El bolazo de Rusconi es una nueva muestra de cómo vacían de contenido a esa palabra y la transforman en una especie de "comodín" que puede servir para cualquier cosa, en especial para defender a mandamases corruptos…
¡Lawfare en Entre Ríos! De verdad, nunca terminamos de asombrarnos con la desfachatez de los corruptos. ¡Hay que ser caradura, eh!
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