Desde septiembre y hasta la semana pasada los empleados del Registro de la Propiedad Inmueble estuvieron realizando medidas de fuerza en toda la Provincia. Piden que se ponga en vigencia una ley que reconoce que la recaudación de la venta de formularios destine el 65 por ciento al concepto de adicionales salariales, y el 35 por ciento restante a los gastos de funcionamiento de los edificios y oficinas. Denuncian que las presiones del Colegio de Escribanos la boicotearon.
Por JORGE RUBÉN DÍAZ de la Redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Colaboración de ANTONELLA VITTORI
En Concepción del Uruguay son 12 empleados que cumplen funciones en el edificio del Juzgado provincial. Los reclamos consistieron en asambleas en los lugares de trabajo con atención al público durante una hora por día. Ahora levantaron las medidas porque concluyó el amparo gremial. Sin embargo el problema y malestar de los empleados sigue vigente.
El Miércoles Digital dialogó con Alexia Richard, delegada de los trabajadores uruguayenses, quien contó en detalles cómo fue el proyecto presentado, las reuniones con autoridades políticas y la puja con el Colegio de Escribanos.
LO QUE PASÓ
“El Registro de por sí tuvo leyes-convenio con el Colegio de Escribanos hasta 2007, cuando se creó una nueva ley-convenio como tienen muchos registros del país: Rosario, Santa Fe, Corrientes, Chaco (que es un poco diferente la ley, pero tiene ley-convenio), Buenos Aires, La Plata. Se estableció que lo recaudado por la venta de esos formularios que venden los Colegios para todos los usuarios, se divida -según la Ley 9775- en un 65 por ciento, en concepto de adicional para los empleados y un 35 por ciento se destine para insumos, como ser computadoras y todo lo que sea necesario para el funcionamiento de los registros. Sin embargo, llegado el momento, el Colegio de Escribanos no la firmó, aunque siguen recaudando vendiendo sus formularios. En la (Ley) 6964 se disponía que ese fondo no fuera solamente de los escribanos sino que se hiciera convenio con la mayoría de los colegios, y que la venta de esos formularios a todos los usuarios se dividiera en el 65 para los empleados y el 35 para insumos”, reiteró, y agregó: “Al denunciarla el Colegio de Escribanos esa Ley queda en suspenso. No llegó a reglamentarse”.
PROPUESTA
-¿Ustedes presentaron alguna alternativa?
- Los empleados hicimos un proyecto en el que pedimos al gobierno que los registros sean a través de la Dirección del Notariado o que lo implementen como a ellos les convenga con partes de los Colegios, con una parte de la Dirección, con parte de los empleados (que) controlen ese monto a ingresar, y que les den los formularios para que los Registros vendan los formularios y lo rindan a una comisión controladora integrada por todos los actores para que, en definitiva, ese fondo a recaudarse se dividiera como iba a ser por ley-convenio. A su vez, también teníamos el problema con las cajas de las multas, o sea que todo trámite que ingresaba al Registro fuera de término y se le cobraba una multa, se iba a depositar a la caja de los escribanos; fueran escribanos, fueran abogados, todos iban a depositar a una caja titularidad de los escribanos. Bueno, eso fue lo que se le presentó al gobierno el 20 de mayo y quedó el gobierno en llamarnos. Nunca lo hicieron. Es más, tuvimos que empezar con medidas de fuerza, incluso hubo una solicitada en el Colegio de Escribanos en el diario Uno”.
-¿El reclamo más que salarial de ustedes es de autogestión?
– Sí. Es una cuestión de autogestión donde obviamente iría una parte para lo que es salario y otra parte para manejarnos los registros. Para que no nos falte tóner, para que no nos falte papel, biromes.
LA REUNIÓN Y APRIETE
Después de tantos reclamos, antes que se les termine el amparo gremial, lograron reunirse con el ministro del Gobierno y Justicia, Adán Bahl; la Secretaria de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar; Mónica Juárez, directora del Notariado, entre otros. Richard no tiene un buen recuerdo de ese encuentro, del que sólo se trajo amenazas y extorsiones, según contó.
“Lo que nos interesaba ver es si había actitud política de sacar los formularios a la corporación de los escribanos. Nos llamaron a una reunión y nos dijeron que sí, que teníamos razón en todos los problemas edilicios que habíamos planteado en el registro de Gualeguaychú, en Gualeguay, en Paraná donde tienen riesgo de derrumbe; también que teníamos razón sobre las capacitaciones que hacían falta para el personal, que teníamos razón sobre las multas, que las multas iban a dejar de percibirlas los escribanos, que van a pasar a percibirlas Rentas Generales con un ítem especial que va a ser para el Registro; que se ocuparán de arreglar las propiedades, de los insumos, que se ocupará esa plata para lo que es registro; pero que en el tema formularios ellos consideran que lo del Colegio no los pueden tocar porque no es plata del Gobierno, y lo que nosotros planteamos ellos lo consideran una doble imposición con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque no es un doble impuesto, se trata de la venta de un formulario que es muy diferente a un sellado de tasa que entra a Rentas Generales por el servicio. Con esa venta de formularios nosotros planteábamos mejorar la situación de todos los registros, sin tocar la caja de Rentas Generales. O sea, era una forma de sustentarnos nosotros solos. A eso nos dijeron que no, nos amenazaron con descuentos si seguíamos con las medidas. Nos amenazaron con sacarnos una incompatibilidad, (se trata de) un adicional que cobramos por no poder trabajar fuera de lo que es el Registro”; Richard explicó que ningún empleado y profesional del Registro puede trabajar con abogados, escribanos, agrimensores, procuradores, ni con contadores, “de lo que sabemos hacer no podemos hacer nada, lo que sí es verdad, como ya me habían planteado en otra reunión la señora (Lucila) Haidar, puedo ir a atender un kiosco. Recibimos esos planteos. Un no rotundo, unas amenazas bastante considerables para que levantáramos la medida y nos volvimos con eso. No hay más que eso”.
EDIFICIO
-¿Y en la cuestión edilicia, cómo están?
– Acá bien, la situación edilicia nuestra está bien. Estamos ocupando las instalaciones del Juzgado provincial. Hay un proyecto de sacarnos de estas instalaciones, supongo que el Estado tendrá que alquilar una casa o algo, y bueno, estaremos como todos los registros. Yo le planteaba a Haidar que la situación de Gualeguaychú es que se llueve arriba de las matrices y las escrituras de los escribanos y me dice que ellos como Gobierno no pueden dar soluciones estructurales. No pueden arreglar el techo. Lo que ellos podrían hacer, como han hecho en otras reparticiones, es que la propietaria del inmueble compre los materiales y ellos ponen la mano de obra. La dueña de la casa del Registro de Gualeguaychú no accede a eso.
¿QUÉ HACE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD?
En el Registro de la Propiedad se inscriben la compra-venta, donaciones, bienes de familia, embargos, hipotecas. Controlan que los escribanos cumplan con las leyes que tienen que cumplir, lo mismo que letrados y jueces. Registran los bienes al Estado, incluso los inmuebles. Tienen la matriz de todas las escrituras.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |