El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Este miércoles se realizó una asamblea en el salón del Centro Comercial de La Paz a la que asistieron representantes de distintas instituciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, de la zona y la ciudad; allí los integrantes de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos explicaron las consecuencias de la Ley 10.352 que habilitó el endeudamiento para la construcción de los acueductos chinos.
El diputado provincial socialista y precandidato a gobernador, Lisandro Viale, participó e integró el panel en donde se informó sobre la situación de la Ley aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de enero pasado; el diputado estuvo acompañado por el Presidente del Partido Socialista de Paraná, Juan Manuel Alzamendi, y el Ing. Agr. Mario Den Dauw, que participan de la Multisectorial en representación del PS.
El legislador puso énfasis en el procedimiento utilizado por el gobierno para llevar adelante el proyecto y cuestionó que se haya tratado de una desprolijidad: “es cierto que no se han hecho los estudios de impacto ambiental, que no se conoce con certeza las cuestiones técnicas del los acueductos, que los más de 430 millones de dólares de presupuesto es un monto exageradamente excesivo, que se violó la Ley de Obras Públicas y que existen una gran cantidad de irregularidades, pero no obstante no creemos que todo esto sea un mamarracho, sino una estafa planificada, la más grande de la historia de nuestra provincia”, remarcó.
El diputado remarcó la importancia de la participación ciudadana para contrapesar situaciones de este tipo. “Cuando se aprobó la ley de Arroz S.A., con la cual se pretendía otorgarle por 99 años el manejo de las islas del Delta Entrerriano a un grupo de empresarios amigos, nos opusimos fuertemente en el recinto para decirle no a un proyecto entreguista, pero gracias a eso y a la participación de la gente que se movilizó en contra, el gobierno revisó su postura y la ley fue finalmente derogada. Creemos que la acción ciudadana directa es una herramienta fundamental para poner freno a las pretensiones de una gestión que ha perdido todo tipo de respeto por las instituciones”, afirmó.
En la asamblea se detallaron los puntos salientes de la presentación judicial que realizó la multisectorial (conformada por más de 65 organizaciones) solicitando la nulidad por inconstitucional de la ley 10.352.
En la reunión se discutieron distintos aspectos de la problemática y se analizaron posibles acciones a seguir para visibilizar la disconformidad generada en torno a la aprobación de la ley que autoriza las obras.
Entre los presentes se encontraban el profesor Luis Laferriere, el abogado Diego Rodríguez de la ONG ambientalista M'Biguá y la diputada María Emma Bargagna que, junto a Ricardo Garzia (FAA Mansilla) y el Secretario de Coordinación de Federación Agraria Argentina, Gustavo Tettamanti, también integraron el panel.
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