El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En esta nota del 6 de julio de 2005, en el semanario El Miércoles se contaba sobre “Un perdón millonario” que había recibido entonces a la empresa Lemiro Pietroboni, gran beneficiaria de la Patria Contratista en Entre Ríos durante décadas. Se trataba de una más de las ventajas con las que los administradores del Estado entrerriano le allanaban las dificultades a la constructora uruguayense.
La nota principal de aquel número 170, 15 años atrás, abordaba cómo, una vez más, los gobernantes de turno favorecían a L.P. Pietroboni. En esta ocasión, se le ‘achicaba’ una deuda con el Nuevo Banco de Entre Ríos (en manos de la Provincia en la época de ese compromiso), y Daniel Enz hacía un repaso de la historia de Pietroboni y varias de las obras en las que había intervenido hasta entonces. Posteriormente, la estrecha relación que siempre mantuvo con el Estado provincial (más allá de quien gobernara) hizo que participara de una larga lista de negocios.
Así, compartiendo con nuestros lectores algunas de las más relevantes notas publicadas durante dos décadas, celebramos los 20 años de Miércoles, que se cumplen en este 2020.
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La empresa constructora uruguayense, ligada a los negocios del Estado en los últimos 15 años, tenía una deuda actualizada de más de dos millones de pesos y los anteriores administradores del Nuevo Bersa le perdonaron más de un millón.
Los buenos negocios de Pietroboni (2005)
La empresa constructora Lemiro Pablo Pietroboni –una de las firmas que más negocios hizo con el Estado provincial en los últimos 15 años– tenía una deuda actualizada de casi 2,4 millones de pesos con el Nuevo Bersa. Sin embargo, los anteriores administradores de la entidad le perdonaron más de un millón de pesos. La empresa se declaró en concurso preventivo, pero sigue participando de negocios con la obra pública conformando otras UTE. El Miércoles intentó obtener la palabra de su titular, Víctor Pietroboni, pero se encuentra de vacaciones en Europa. En la empresa prefirieron no emitir opinión hasta su regreso.
Por DANIEL ENZ, especial para El Miércoles
Hay quienes no olvidan que don Lemiro Pablo Pietroboni, oriundo de Concepción del Uruguay, era, a fines de la década del ’70, un camionero dedicado especialmente al transporte de broza. No obstante, en ese período comenzó a desarrollar, lentamente, su nuevo oficio, el de constructor. Constituyó una muy pequeña empresa y en esa década realizó sus primeras obras públicas: la repavimentación y el desarrollo de banquinas de algunas rutas de la costa del Uruguay. Don Lemiro falleció en un accidente automovilístico, en proximidades de su ciudad natal, al final de la dictadura. La firma quedó en manos de sus hijos, Carlos, Víctor y Roberto, pero éste último, reconocido piloto y fanático del automovilismo, optó por vender su parte a los hermanos. Carlos y Víctor fueron los que desarrollaron la empresa en la primera gobernación de Sergio Montiel. El liderazgo lo tomó Víctor, porque Carlos –que siguió en el directorio- apostó a la empresa Cyasa (Camiones y Acoplados Sociedad Anónima), que cometió un desfalco en Concepción del Uruguay y terminó fundida.
Si bien crecieron con el apoyo de la gestión del intendente Carlos Carita Scelzi (PJ), la llegada al poder, por primera vez, de Jorge Busti, provocó su expansión. Carlos Teta Scelzi –hijo de Carita– era diputado provincial, un hombre clave en el armado del peronismo en la región y de incidencia en el gobierno entrerriano. Además, sabía que en el gabinete municipal de su padre estaba un hombre con futuro: el contador Eduardo Macri, quien, si bien pertenecía a la línea opositora de Hugo Baldoni –ya fallecido-, igual lo convocó.
En 1988, por ejemplo, de la mano de sus amigos, Pietroboni realizó la construcción de la Ruta Provincial 39 y al año siguiente logró, por contratación directa, el acceso a Concepción del Uruguay. Macri ya era el viceministro de Economía de la provincia, por sugerencia del diputado Scelzi. En verdad, el conocido Lalo no tenía fuertes relaciones con el hijo del intendente, pero sí trazó una amistad con su cuñado, Orlando Sastre, quien se mató en un accidente junto a Julio César Gogo Nery, miembro del directorio de Vialidad Provincial, en momentos en que se encontraban en la campaña «Menem Presidente», en 1988. Sastre iba de acompañante y estaba al frente de Acción Social en la comuna de Concepción del Uruguay. Para muchos era el heredero del Viejo Scelzi y tenía la misma edad de Macri.
La firma, actualmente, está en uno de sus mejores momentos. Tiene trabajos tercerizados por todo el país, se vio beneficiada con la pesificación de Eduardo Duhalde y está funcionando normalmente.
En ese mismo ’89, Pietroboni obtuvo también el contrato para la construcción de la Ruta 10, desde María Grande Segunda. Obviamente, su nombre fue creciendo y sus contactos también. En enero de 1992, por ejemplo, el ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi (PJ), a poco de iniciar su segundo mandato como intendente de Santa Elena, firmó un contrato de obra pública con Pietroboni por un monto de 1.319.185,19 pesos, pese a que el presupuesto originario estimado de la obra era de 639.439,93 y cuando sólo era posible contratar en forma directa por un máximo de 13.633 pesos.
La causa pasó a la Justicia provincial, porque, según el Tribunal de Cuentas, hubo un perjuicio fiscal muy superior al medio millón de dólares. Pero como usualmente sucede en nuestra provincia, los expedientes por delitos de corrupción terminan archivados o prescriptos.
En ese mismo año logró otro contrato: el acceso sur de Concordia, una obra de 12 millones de dólares. Si bien se paralizó por un tiempo, se reactivó años después e incluso logró que el municipio le pagara 741 mil dólares de gastos improductivos. Jorge Busti había llegado por segunda vez a la intendencia de la ciudad.
En la anterior gestión bustista –en la que Macri fue ministro de Economía y hombre clave en los dos primeros años en que estuvo, puesto que renunció a fines de 1997, luego de que el semanario Análisis denunciara sus depósitos en el exterior– fue beneficiado en la adjudicación del gas natural al consorcio de Sade, TGS Sociedad Anónima y Pietroboni, según el decreto 4.106 del 4 de noviembre de 1996, por un monto de 90.991.999 pesos. El gasoducto comenzó a construirse veinte días después. Ese año venía de parabienes para los Pietroboni: terminaban de lograr un suculento contrato, en asociación con la brasileña Concic, para la construcción de la Ruta 26 entre Nogoyá y Victoria; consiguieron la adjudicación de parte de Vialidad Nacional, del tramo La Hierra-Límite con Corrientes de la Ruta 127 y obras privadas en Entre Ríos, como tres torres con financiamiento del Banco Hipotecario Nacional (BHN).
Pero ese 1996 también obtuvieron las obras de desvío de tránsito pesado en Concepción del Uruguay y la concesión del Complejo Ayuí en Concordia, que pertenece a la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
También estaban reconstruyendo la costanera de la ciudad de Santa Fe y participaban del consorcio adjudicatario de la concesión del Complejo Cataratas, en el Iguazú (Misiones).
Pero también fue uno de los pioneros en la fiebre termal en Entre Ríos. Constituyó la empresa Verter Sociedad Anónima, junto a Miguel Ángel Marizza, actual presidente de la Cámara de la Construcción, delegación Entre Ríos, y dueño de la firma Caballi, para desarrollar el complejo de Concordia. El acuerdo con el entonces intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto (PJ), se formalizó el 15 de agosto de 1997.
Cresto asumió nuevamente en diciembre de 2003. La concesión se firmó por 25 años, con opción de otros 15 años más, con el compromiso de inversión de tres millones de pesos en los primeros diez años, según la cláusula sexta del contrato. Obviamente, la empresa Verter quedó exenta, por cinco años, del pago de tributos, tasas y demás contribuciones fiscales, como así también de pagos para «habilitaciones, aprobación de planos y visaciones durante la construcción de la obra».
LOS PROBLEMAS Y EL ARREGLO
La crisis de finales de la gestión del menemismo y el inicio de la administración de Fernando De la Rúa llevaron a la firma Lemiro Pietroboni a presentarse en concurso preventivo en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Concepción del Uruguay. La deuda, en esos días, era de 2.123.200 pesos-dólares. Quedó en situación «5» con el Nuevo Banco de Entre Ríos (1.122.900 pesos); Macro Bansud (523.600); Patagonia Sudameris (336.000); Banco Nación Argentina (114.700) y Bank Boston (26.000).
Con el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Comité de Créditos aprobó -hace algo más de un año- la refinanciación de la deuda que la entidad crediticia había verificado en el concurso preventivo. Lo hizo con «carácter privilegiado», ya que la deuda estaba cubierta con garantía prendaria sobre maquinarias viales y unos cuantos inmuebles hipotecados, propiedad de la firma.
Pero, a su vez, esa deuda tenía fianza personal de Víctor Pietroboni. Fue en el primer trimestre de 2004 que se le aprobó la refinanciación de la deuda, que quedó fijada en 2.300.000 de pesos. A lo antes consignado también se le anexó un refuerzo de garantía dado mediante la cesión de derechos de cobro sobre un contrato de locación de obra que Pietroboni tiene firmado con la Dirección Nacional de Vialidad, por la construcción de una ruta nacional, que permitía un ingreso adicional al banco en concepto de ingreso parcial de la deuda, de 30 mil pesos mensuales durante el plazo del convenio de pago.
El convenio de pago, con los honorarios incluidos, quedó confeccionado en febrero de este año. Sin embargo, Víctor Pietroboni no lo firmó. Con un guiño desde la nueva cúpula del Nuevo Bersa –que dependía del Banco Nación hasta su reciente privatización-, Pietroboni hizo una nueva propuesta de cancelación, directamente al Directorio de la entidad crediticia entrerriana.
Obviamente, la primera propuesta que hicieron fue puesta a consideración del gerente de Riesgos y cobranzas, cuya opinión fue «negativa». Pietroboni propuso cancelar su deuda de 2.300.000 pesos, con 600 mil de contado. Algunos directores se mostraron de acuerdo.
El argumento que esbozaban esos directores para viabilizar la propuesta era que la deuda era de antigua data y que estaba prácticamente previsionada en un 60 por ciento. Así estimaban que podrían recibir el monto propuesto y hacerlo jugar contra la previsión, castigando a pérdidas el monto restante. Tras la opinión contraria del gerente, elevada al Directorio y avalada por estos, Pietroboni mejoró su oferta: la llevó a 1.300.000 pesos, que es la deuda contable que figura en la base de riesgos que administra el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero a cuyo monto debía agregársele los intereses devengados desde que incurrió en mora hasta la fecha en que se canceló. La propuesta consistía en entregar 800 mil pesos a la firma del convenio y el saldo consistente en 200 mil más otros cien mil pesos, que existían contabilizados como pagos a cuenta en el banco. La tarea la llevó adelante un «operador» de la firma, domiciliado en Capital Federal. Lo cierto es que hace no más de 20 días –o sea en el tramo final de la privatización decidida por la titular del Banco Nación, Felisa Miceli– las gestiones llegaron a buen puerto y se firmó el acuerdo.
En síntesis, el arreglo de Pietroboni consiste en pagar la deuda contable, es decir, lo que genera pérdidas al Nuevo Bersa. Claro que el banco debe resignar la posibilidad cierta de cobrar la deuda contable con más los intereses adeudados, desde que cayó en mora, lo que se estima en algo superior al millón de pesos, pese a que existen suficientes pruebas para demostrar que el cliente es potencialmente cobrable por la totalidad de su deuda, ya que la empresa está trabajando normalmente.
«La firma, actualmente, está en uno de sus mejores momentos. Tiene trabajos tercerizados por todo el país, se vio beneficiada con la pesificación de Eduardo Duhalde (PJ) y está funcionando normalmente», indicó a este medio un conocedor de la firma. De hecho, la empresa participa de diversas UTE (Unión Transitoria de Empresas), con obras públicas en diferentes lugares. En los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) figura en UTE junto a Luis A. De Martín (CUIT 30-708653507); con «y otros» –que no mencionan– (CUIT 30-670765632); con la firma José Eleuterio Pitón (CUIT 30-708974125) y con Egentiaría SA (CUIT 30-670772760).
Pero los funcionarios nacionales enviados para administrar el Nuevo Bersa nunca se enteraron. Mejor dicho: no se quisieron enterar y optaron por mirar para otro lado.
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