El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Considerar presos políticos en una democracia suena contradictorio. Sin embargo no lo es tanto si se cuenta con jueces venales que fallan según las necesidades del poder ejecutivo. Nadie está hoy “a disposición del Poder Ejecutivo”. Se está a disposición de un juez y si ese juez falla según la conveniencia del poder, hay un acercamiento peligroso a la justicia dictatorial. La concepción de un personaje de Kafka es lo que ocurre con algunos jueces, que no dudan nunca cuando se trata de complacer al poder. El caso de Milagro Sala es paradigmático.
“Mi principio fundamental es este: la culpa es siempre indudable” (Franz Kafka “En la colonia penitenciaría”).
Por ANÍBAL GALLAY de EL MIÉRCOLES DIGITAL
En estos días hubo algún intento de debate sobre la existencia de presos políticos. El presidente Alberto Fernández lo negó, para no caer en una flagrante contradicción. El tema puede abordarse desde varios ángulos.
Eugenio Zaffaroni sostiene que todos los presos son presos políticos. Argumenta que es el poder el que establece cuáles hechos serán delitos y cuál será el castigo que corresponde. Esto tiene que ver con el estadío en que se encuentra una sociedad. En ese sentido la afirmación encaja con la lógica.
“Sala esta presa no por sus delitos sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes de calle, a la quema de gomas…” (Uno de los jueces que la condenó).
En sentido estricto preso político es aquella persona a la que se priva de su libertad debido a su forma de pensar. Hasta no hace tanto tiempo tener ideas comunistas constituían un delito. No será necesario decir que la dictadura iniciada en 1976 tuvo miles de presos. Eran presos políticos en sentido estricto. Buena parte de ellos permanecen desaparecidos.
El caso Milagro Sala tiene todas las connotaciones de una presa por razones políticas aunque haya intervenido la justicia.
Milagro Sala es una dirigente social que cobró gran relevancia por sus trabajos en pro de los más pobres y contó con apoyo y dinero del gobierno de Cristina. Tuvo algún encontronazo con Gerardo Morales cuando este era senador nacional. Morales la consideró una suerte de enemiga personal. Cuando llegó a la gobernación puso en marcha todos los mecanismos para inmovilizar su actividad política y social.
Hasta no hace tanto tiempo tener ideas comunistas constituían un delito.
En solo unos días el gobernador propuso una ampliación del número de integrantes del superior tribunal que pasó a tener nueve miembros. Nombró a cuatro nuevos jueces entre sus correligionarios, por lo que logró una mayoría adicta.
Lo cierto es que Milagro Sala fue condenada a trece años de cárcel, por diversos delitos. Pero ocurrió algo singular. El presidente del Superior Tribunal Pablo Baca se sinceró en una charla privada. Dijo que “Sala esta presa no por sus delitos sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes de calle, a la quema de gomas…”
Pero el gobernador Morales no solo amplió el número de jueces del superior tribunal, sino que creó el Ministerio Público de la Acusación, a cuyo frente puso a Sergio Lello Sánchez. Baca confesó sin medias tintas que el ministerio de la Acusación presionó con dureza a los jueces que tuvieron causas contra Milagro Sala.
Este es un caso paradigmático. A estar por los dichos del juez Baca se estaría ante un fallo amañado de tal forma que no es errónea poner a Milagro Sala en la categoría de presa política. Es un caso en el que se usa a la justicia (y jueces venales) para la persecución de los adversarios.
rubengallay@hotmail.com
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