El presidente Mauricio Macri tuvo un mal inicio en su relación con la Corte Suprema de Justicia, o sea con la institucionalidad al máximo nivel.
MM, en efecto, decidió nombrar dos jueces en comisión, por un año parlamentario, para completar la integración de la Corte. Apresurémonos a decir que su designación es legal, o sea tiene sustento en la propia Constitución, que lo autoriza en su art. 99, inciso 19.
Ocurre que la designación está prevista para otros casos, no sólo (como es éste) porque haya vacantes y al Presidente se le ocurra designar a alguien, sin esperar el O.K. del Senado.
COMO EXPLICACIÓN, EL MACHISMO NO ALCANZA
Como explicación, el macrismo dice que necesitaba dar un golpe de autoridad.
Digamos que, a esta altura de la decadencia institucional criolla, la explicación cojea.
Y ojo; los nombres de los elegidos, Carlos Rosenkranz y Horacio Rossatti figuran, seguro, en la lista de los 5 ó 6 candidatos de todos los abogados y jueces de buena fe. No es a ellos que se objeta.
Es a que la organización institucional argentina se basa en la división y armonía de los Poderes. Así, a la Corte Suprema la designa el Poder Legislativo, por vía de la Cámara de Senadores, a propuesta del Poder Ejecutivo.
LO QUE PUDO HACER EL MACRISMO
Macri pudo (¿debió?) proponer a Rozenkrantz y Rossetti a Senadores, soportar la avalancha de estupideces previsible en algunos kirchneristas y confiar en la buena fe de la mayoría del Senado, que no podía rechazar nombres respaldados por la inmensa mayoría de los interesados.
Así, Mauri ganaría un importante punto en la batalla de la institucionalidad, algo que podría marcar diferencias con la histeria habitual kristinista.
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