Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera, aseguró que “nadie pudo decir que sea era dueño de las empresas TEP y Next”, que se le atribuyen a través de testaferros.
Pero dijo también que aún si Aguilera fuera el dueño de las imprentas, tampoco habría cometido un delito porque las contrataciones de publicidad se cumplieron en los términos que establecen las leyes.
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