“A Urribarri se lo pudo haber perseguido de otra manera”, dijo Barrandeguy, quien apuntó contra el proceso que está llegando a su fin. Pérez cuestionó que los denunciantes se hayan jactado de incorporar a las fuerzas federales. Los peritos en la mira. Denunciaron la violación de garantías por “orden” del juez Ruhl.
Informe: PÁGINA JUDICIAL
Raúl Barrandeguy, abogado de Sergio Urribarri, dio inicio ese martes a la fase final de los alegatos en un juicio que comenzó el noviembre del año pasado y que se extendió más de los que se preveía.
El representante del ex gobernador; acusado por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública; hizo un largo recorrido por situaciones en que dirigentes políticos, todos presidentes de Latinoamérica, fueron perseguidos penalmente y no se llegó a condena. Fue parte del largo prólogo en que el penalista fue dándole forma a su exposición.
Ya metiéndose en el proceso que lo convoca, Barrandeguy se quejó de que antes del inicio del juicio desde el Ministerio Público Fiscal se haya solicitado una pena de 8 años y una vez transcurrido el proceso oral y público la pena se incrementó a 12 años. “Qué sucedió? Sucedió que a una funcionaria jerárquica se la suspendió”, se preguntó y se contestó, en referencia a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, quien estuvo en la primera parte del proceso hasta que el Jurado de Enjuiciamiento la suspendió, en diciembre pasado, en el marco de una investigación por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo.
El abogado, que fue convencional constituyente en 2008, también lamentó que la investigación no la haya llevado adelante un especialista. Hizo referencia a un fiscal anticorrupción, una figura que incorporó la Constitución reformada y que este lunes el gobernador Gustavo Bordet anunció un proyecto para avanzar con la manda constitucional. “Nos hubiese gustado que investigue un especialista”, dijo. Antes había afirmado que “a Urribarri se lo pudo haber perseguido de otra manera”.
Candelario Pérez tomó la palabra. Se encargó del allanamiento en cadena que se realizó el 1º de agosto de 2016 y en el que se encontró la mayoría de la prueba para este juicio. Entre ellas el disco externo, cuyo secuestro, fue puesto en duda por parte de la defensa durante todo el proceso.
Pérez también cargó contra los denunciantes del ex gobernador y embajador en Israel, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, al citar palabras de los denunciantes citados por la fiscal Patricia Yedro: “Acercamos también, debido a nuestra vinculación con funcionarios del Estado nacional, la posibilidad de acercar recursos técnicos con organismos de dilatada trayectoria en faenas de similares características. Claro, cuando empezamos a ver qué pasó en el orden nacional, nos damos cuenta que estas fuerzas federales dependían de quienes gobernaban el país. Y estos le mandan los expertos que le fabricaban pruebas. Esto es lo que ocurrió. Esta denuncia la pongo a disposición de Fiscalía y el tribunal”. El abogado refirió al gobierno de Mauricio Macri, cuya principal figura en Entre Ríos, fue el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Y agregó: “Es la primera vez que la Policía provincial fue dejada de lado. En todas las leyes dice que es auxiliar de la Justicia”.
Los órganos de control, un elemento recurrente en la defensa de los imputados, también estuvieron en boca de Pérez.
Nota en proceso…..
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