El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Mauro Urribarri, ex ministro de Gobierno, hijo del exmandatario Sergio Urribarri, pidió que levanten el embargo sobre la empresa Kriptax Inc SA. La solicitud se realizó en el marco de los incidentes de recusación que deben resolverse tras el pedido de cumplimiento de las condenas, en lo que se conoce como “megajuicio por corrupción”.
Mauro Gabriel es presidente del Directorio de Kriptax Inc SA. A la empresa de los Urribarri se les trabó embargo judicial, como modo de resguardo de activos que, según entienden en los tribunales provinciales, fueron sustraídos de las arcas públicas. A la conclusión judicial se llegó a partir de los juicios que se realizaron entre 2021 y 2022, y que tuvieron como consecuencia principal la condena al exgobernador (en ese momento también era embajador argentino en Chipre e Israel) a 8 años de prisión. Junto a Urribarri también fueron condenados el cuñado Juan Pablo Aguilera; y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, entre otros.
Las condenas derivadas del “megajuicio por corrupción” fueron confirmadas en las dos instancias judiciales posteriores. En Casación Penal y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Por lo tanto, este año el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia pidió que comiencen a cumplirse. En ese derrotero judicial, la estrategia defensiva del exgobernador se centró en ir recusando a los jueces que deben intervenir en las etapas finales del proceso.
Y en la diversidad de incidentes de recusación que todavía no se resolvieron, Mauro Urribarri como presidente del directorio de la empresa familiar, pidió que la Justicia levante el embargo trabado sobre la firma.
El 14 de mayo pasado, el abogado Emilio Fouces, representante legal de Mauro Urribarri, pidió a la jueza Carolina Castagno, presidenta del Tribunal de Juicios y Apelaciones que condenó a su padre, que tenga presente su requerimiento.
Juicio y condena
Entre septiembre de 2021 y abril de 2022, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos ventiló cinco causas acumuladas por corrupción durante las gestiones de Urribarri. Se expuso una contratación del Estado provincial a varios medios nacionales para publicar un posicionamiento político contra los fondos buitres, con dinero público; las contrataciones constantes de servicios publicitarios y de cartelería a empresas armadas por Juan Pablo Aguilera; la instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público que tuvo como finalidad la promoción de la candidatura a Presidente del exgobernador; la contratación de espacios publicitarios en medios nacionales para la difusión de la imagen de Urribarri, en el marco de su campaña presidencial; y la contratación de carteles en rutas de Buenos Aires también para la difusión de la imagen del exgobernador.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones que controló la legalidad de la investigación y el debate estuvo conformado por José María Chemez (jubilado), Elvio Garzón (volvió al Juzgado de Garantías) y Carolina Castagno.
Mientras se desarrolló el juicio, Urribarri se desempeñaba como canciller del gobierno argentino en Chipre e Israel. El exgobernador fue condenado a 8 años de prisión y debió renunciar a su cargo diplomático tras la sentencia, pronunciada el 7 de abril de 2022. Su apartamiento de los cargos se dio en medio de una polémica, ya que se mostró reacio a dejar las embajadas. Sin embargo, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero, le exigió la renuncia inmediata por estar condenado en primera instancia por delitos de corrupción.
En la misma condena se sentenció al exministro de Cultura Pedro Báez y al cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri.
Los delitos por los cuales fueron encontrados responsables son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.
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