El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El abogado José Velázquez, codefensor del exministro Pedro Báez, y defensor del empresario Germán Buffa, retomará el alegato que inició el jueves 24 de febrero y se centrará, primero, en refutar las imputaciones del Ministerio Público Fiscal en torno a la “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, la investigación penal abierta ante lo que se sospecha como el direccionamiento de pautas del Estado de publicidad en vía pública en beneficio de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se sindica pertenecerían al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, la Fiscalía pidió la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Germán Esteban Buffa, el empresario que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El megajuicio reúne cinco causas, agrupadas en tres grandes expedientes.
Primero, fue la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
“Un delito continuado”, califica la Fiscalíla a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015.
Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, afirmó la Procuradora Adjunta.
La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa era “una persona del entorno” de Báez y por eso se “direccionó” el 1° de julio de 2011 una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.
Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”. Fiscalía sostiene que esas investigaciones judiciales tienen un “denominador común, que es la desviación de poder hacia intereses particulares, vinculado con la idea de promover la imagen personal de Urribarri a nivel nacional con la aspiración de instalar su imagen como futuro candidato a Presidente de la República”.
El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”. La solicitada se publicó en 18 medios gráficos nacionales, bajo la mecánica de la contratación directa por vía de excepción, a pesar de la inexistencia de urgencia que justificara esa vía.
El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. La acusación dice que el gasto se distrajo en instalar la figura de Urribarri como precandidato a la Presidencia de la Nación. Se direccionó la contratación de la difusión de los 4 spots a favor de Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien obtuvo suspensión de juicio a prueba en esta causa. El procedimiento de contratación fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente, brindando ventajas e información solo al empresario con quien se quería contratar. Y dejando sin posibilidad de real competencia al resto.
El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.
Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un acción más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.
El golpe de efecto
Velázquez es codefensor de Báez y también defensor del empresario Germán Buffa, de modo que este jueves continuará alegando en la «causa de la vaca», seguiría con la causa Mercosur y la contratación de Nelly Entertainment SA; luego la causa de la solicitada contra los fondos buitre; luego, retomaría Ignacio Díaz, codefensor de Pedro Báez, para ejercer la defensa del exministro de Cultura y Comunicación en la causa Global Means SA, y haría la calificación legal del caso y la solicitudes al tribunal respecto de su defendido. Cerraría después Velázquez con la defensa de Buffa en la causa Global Means SA.
Velázquez pronunció uno de los alegatos más estridentes al acusar a la cúpula del Ministerio Público Fiscal de judicializar acciones administrativas y «erosionar la conciencia democrática» con su política criminal que lleva al banquillo a políticos peronistas.
En su alegato de clausura del juicio que tiene como principal imputado al exgobernador Sergio Urribarri, Velázquez arrancó con una fuerte introducción, en la que apuntó directamente a la cúpula del Ministerio Público Fiscal y a la suspendida Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.
«Los criterios de la política criminal del Ministerio Público Fiscal están erosionando la conciencia democrática, judicializando acciones surgidas bajo el voto popular. Venimos acá a exponer cuestiones administrativas y políticas en un ámbito que no corresponde. También tengo que insistir que esta política se constituye en una suerte de súper moral, porque crea esos criterios para reprobar proyectos políticos, gestiones de gobierno e incluso en la causa imprenta, a reprobar una metodología de trabajo. Entiendo que estos excesos son posibles por la distorsión que impone ese principio de jerarquía absoluto. Humildemente entiendo que es necesaria una reforma del Ministerio Público Fiscal», señaló.
Luego afirmó que el criterio de la política criminal incluso «avasalla los valores de muchos fiscales probos», entre los cuales incluyó a los fiscales del juicio, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
«Esta política criminal se ha autoconstruido por fuera de la Constitución para soslayar todo control jurisdiccional», reiteró y al referirse a la causa en la que le toca intervenir, señaló que comenzó con «una denuncia pública, luego una denuncia formal, seguido de allanamientos y lo que nunca puede faltar: filtraciones (a la prensa)».
En ese sentido, se quejó porque, aseguró, en la causa se enteró del procesamiento de su defendido a través de un sitio digital antes de que llegara la notificación formal judicial.
Más adelante, se refirió específicamente a la Procuradora Adjunta suspendida, Cecilia Goyeneche, -quien debe enfrentar un jury por presunto mal desempeño-. «Si alguien puso en duda este proceso y lo politizó fue Cecilia Goyeneche. Nada de lo que ha dicho ha sido verdad. Esa política de la cúpula del Ministerio Público Fiscal lo único que ha hecho es trabajar sobre la premisa del chisme, la fábula, el qué dirán y la proyección del prejuicio», disparó.
Cuando se muestren pruebas sobre de qué deberes incumplidos hablamos, de qué infracciones, o las exigencias son las que imagina el Ministerio Fiscal. Si me acusan de algo, quiero que sea por incumplir un deber, no por capricho de política criminal o porque no les gusta mi gestión. Es importante marcar un límite porque mañana, de la misma manera que hoy explicamos cuestiones administrativas, esa política criminal parada en el pedestal moral dirá que es la ley y medida de las cosas. No me olvido que de la cúpula del MPF hicieron un control preventivo, y quien asuma ad hoc en el Jurado de Enjuiciamiento, causa penal. Denunciaron a los vocales del STJ, ¿qué deber incumplieron? Ninguno. Son los deberes imaginados por la cúpula del Ministerio Público Fiscal”.
“Si no les gusta la gestión o el proyecto político, está bien, armen un partido, preséntense y ganen las elecciones. Pero no lo hagan desde este lugar”, repitió, tal como lo había dicho en su alegato de apertura. “El derecho por Dios es uno solo, hay distintas ramas y tiene que haber diálogo entre todas las ramas. Acá parece que el derecho penal está aislado y no es así, es necesario ir a distintas normativas para entenderlo. Si no vamos a las distintas normativas, permitimos que ingresen los criterios del MPF”, añadió.
Fuente: Entre Ríos Ahora.
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