El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Avanzar contra el narcotráfico requiere que oficialismo y oposición dejen de lado todo cálculo electoral. Se necesita un Gobierno transparente, con políticas públicas coordinadas en los distintos niveles y con los tres poderes, a largo plazo con tres ejes: crear un fuero específico; ir por las propiedades de los narcos y desmantelar la complicidad política. La inminente ley es un parche contraproducente, que solo agregará problemas pues acrecienta el accionar contra los consumidores y no contra los mercaderes y sus protectores. Va a contrapelo de la historia.
(*) Por Lisandro Viale
La Ley 26.052 es un remanente de los años 90: “desfederaliza” el combate al narcomenudeo, sin disponer los fondos para eso, como si eso permitiera avanzar en la lucha contra el “flagelo de la droga”. El rasgo principal del proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados (volvió en revisión al Senado) es simplemente proveer los fondos que la Nación nunca mandó. Es decir: lo que se discute es autorizar o no al Gobernador a asignar recursos para que la policía de la provincia combata a los consumidores.
En nuestra opinión la propuesta es inadecuada, extemporánea y va en contra de los consensos en materia de combate al narcotráfico, internacional y nacionalmente. Esta ley se aprobó a instancias de la provincia de Buenos Aires, único Estado provincial que la aplica, pero los resultados de esa aplicación tienen fuertes cuestionamientos. Muy pocas provincias adhirieron (Entre Ríos en 2007 y recién ahora intenta suplir los fondos que el Estado nacional nunca transfirió); Córdoba en 2012, Salta en 2013. Ese solo dato basta para definir como un fracaso la ley de 2005.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal Félix Pablo Crous públicamente recomienda a las provincias “no adherir a la ley” y la considera una mala herramienta jurídica. Crous advierte que la ley engrosa estadísticas (más causas y detenidos), pero no reduce el tráfico. No mejoró la prevención ni reducción de los delitos de drogas, pero produjo más saturación en la justicia local, habilitó nuevas “cajas negras” para la corrupción policial, y contribuyó a que se dilapiden esfuerzos persiguiendo al consumidor en lugar de a los narcos.
También la Corte Suprema de Justicia y el Superior Tribunal entrerriano advirtieron que la ley genera una situación absurda: al ser voluntaria la adhesión, en este momento en la Argentina un mismo delito de drogas puede ser de carácter federal u ordinario dependiendo de si una provincia adhiere o no. A la vez la cuestionan el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni (afirma que dilapida esfuerzos); el fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná; un juez federal que ya declaró inconstitucional ciertos aspectos de la ley; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, quien la considera "altamente inconveniente", y sigue una lista larga de especialistas e investigadores académicos sobre el tema.
En la Argentina, además, desde 2009 hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que es inconstitucional perseguir el consumo. Se trata del llamado fallo Arriola, que reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado (artículo 19 CN).
Esta ley también va en contra de las líneas de acción que impulsan las Naciones Unidas, los especialistas del más alto nivel internacional y el SEDRONAR. El mundo avanza en la necesidad de dejar de tratar al consumidor de sustancias ilegales como un criminal y en cambio orientar el combate al narcotráfico despenalizando el consumo.
¿POR QUÉ DECIMOS QUE AGRAVA EL PROBLEMA?
Porque si se pone en práctica, solo se incrementará la persecución de consumidores. Con esta ley, las fuerzas de seguridad seguirán perdiendo tiempo, esfuerzo y recursos en buscar “perejiles” mientras, por ejemplo, pasa frente a sus narices un chofer de vehículos oficiales con 20 kg de cocaína en su auto. Según las estadísticas oficiales, siete de cada diez procedimientos por estupefacientes son contra usuarios o consumidores de drogas. Un absurdo, pues el usuario o consumidor (“problemático” o no) debe ser considerado, en todo caso, como un problema de salud, y no como un problema penal. Esta ley intensifica la persecución penal, en desmedro de investigaciones complejas que suban hacia los eslabones más grandes de la cadena del narcotráfico.
Además, agrava el problema el hecho de que la provincia carece de una red de centros públicos y gratuitos para la recuperación de personas adictas. Se han hecho anuncios de parte del Gobierno en esta dirección, pero han quedado solo en eso. En marzo de este año desde el bloque socialista presentamos una iniciativa que plantea la construcción de dos centros públicos gratuitos para el tratamiento, internación y rehabilitación de pacientes con adicciones de cualquier índole, emplazados en Paraná y Concepción del Uruguay de manera de facilitar el acceso a cualquier entrerriano o entrerriana, resida donde resida. De este modo, familias con posibilidades económicas se trasladan a otras provincias o ciudades en busca de tratamientos adecuados, mientras que las de escasos recursos, chocan de modo brutal con la realidad que le impone esta ausencia estructural del Estado provincial.
Hace poco el ministro Bahl dijo que: “La sociedad no soporta más ver que en las esquinas se vende droga, que hay kioscos de droga en los barrios y que la Policía no hace nada, que los jueces no hacen nada”. Estamos de acuerdo. Pero para que la Policía haga algo no se necesita esta ley, sino medidas tan complejas como el mismo narcotráfico.
Lo único razonable que se puede hacer con la ley nacional 26.052 es derogarla. Se necesita afrontar el problema en serio, y eso implica dejar de lado el populismo penal, la prédica mediocre de la “mano dura” que siempre es mano dura contra los perejiles, y jamás contra los jefes narcos y sus favorecedores políticos, policiales y empresariales.
(*) Diputado provincial (Partido Socialista) - Precandidato a gobernador por el Frente Amplio Unen.
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