El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez federal Leandro Ríos ha elaborado un esquema del funcionamiento de la banda narco de Daniel Andrés Celis, donde “Tavi” ocupa un lugar central, pero cuenta con, al menos, 11 personas vinculadas directamente, según la información del expediente. Entre ellas, el intendente Sergio Varisco y el peruano Wilber Figueroa Lagos se ubican en el segundo escalón de importancia como financista y proveedor de droga, respectivamente.
Antes de escuchar las indagatorias de ayer, el Magistrado dio lectura de los hechos que se les imputaban a quienes estaban por declarar. En ese relato que Ríos hizo, se encuentra el esquema de funcionamiento de la banda, los niveles de responsabilidad y las funciones que cumplían cada uno.
En el primer escalón, para el juez federal, estaría “Tavi” Celis quien fungiría como “organizador de las operaciones de comercio del estupefaciente” además de “coordinar las diferentes adquisiciones del tóxico señalado con el objetivo final de su distribución y venta, y dirigía vía telefónica a sus asistentes y colaboradores mediante la permanente impartición de órdenes de diferente tenor y alcance, relativas a la ejecución del acuerdo”.
Este “acuerdo” al que hace mención el Magistrado se habría celebrado entre “Tavi” y Varisco, a quien secundaron el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad del Municipio Griselda Bordeira, con fin de financiar el comercio de estupefacientes. Lo curioso es que este entendimiento se habría producido, según la reconstrucción del Magistrado, durante los primeros días de septiembre de 2017 (presumiblemente, el día 5) es decir, dos meses después de que Varisco, Hernández y Bordeira fueran a testimoniar ante Ríos en la causa de la avioneta con marihuana caída en Colonia Avellaneda.
El Juez entendió, además, que “Tavi” Celis desde la cárcel coordinó desde “la adquisición y traslado del tóxico, el control de su cantidad y calidad, su resguardo, sus correspondientes precios de venta y modalidades de pago y, por último, decidía acerca de la identidad de las personas que lo adquirirían, aceptando algunos y rechazando otros”.
Financiación y provisión
En un segundo escalón estarían el intendente Sergio Fausto Varisco y Wilber Figueroa Lagos, alías “Tío” o “Pariente”.
En la apreciación del Juez Federal, Varisco “con la asistencia y colaboración del concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, a partir del acuerdo mencionado, proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Andrés Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes –cocaína–, por intermedio de los empleados municipales Ernesto Ramón González y/o Alan Nicolás Viola y/o Luciana Ernestina Lemos, y/u ocasionalmente de terceras personas cuya identidad aún no ha podido establecerse”.
“Además, Sergio Fausto Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Noemí Bordeira y Ernesto Ramón González adquirieron, entre los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, la cantidad de al menos 6 panes o ladrillos de cocaína al precio de entre $150.000 a $165.000 por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia”, precisó Ríos en la lectura de la imputación.
Sobre “el tío” Figueroa Lagos, el Magistrado consideró que es quien proveería la droga a la banda operando desde la ciudad de Buenos Aires. La llegada a Paraná de los estupefacientes, entendió el Juez, se pudo haber producido de dos maneras: directa, con el propio Figueroa Lagos llegando a Paraná a los triplex que hay en el predio de la casa de Celis, o de modo indirecto, utilizando a un grupo de “mujeres de mediana edad”, cuya identidad Ríos aún no tendría confirmada.
El tercer escalón
Luciana Ernestina Lemos es la pareja de “Tavi” y, con el hermano del narco, Eduardo Celis”, conformarían la tercera línea de la estructura de la banda, junto a Bordeira y Hernández.
Según la reconstrucción del Magistrado, Lemos “asistía y colaboraba bajo las órdenes de Daniel Celis” encargándose de la adquisición del estupefaciente a Figueroa Lagos de forma directa o por la intermediación del grupo de mujeres desconocidas. Así también tenía asignada la “venta, distribución y recaudación del dinero de las comercializaciones del tóxico producidas”, consideró Ríos.
La esposa de “Tavi” Celis debía a su vez comunicar a su esposo con el hermano Eduardo “transmitiendo órdenes del primero hacia el segundo”, precisó el Juez Federal.
Periódicamente, además, debía proveer al resto de la banda de “aparatos de telefonía celular, como así también de chips telefónicos, con la finalidad de renovar de manera sistemática, íntegra y regular la aparatología con la cual la organización se contactaba, todo ello con la finalidad de no ser descubiertos”.
Por último, Lemos “tenía por función mantener la comunicación entre Daniel Celis y el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Varisco, mediante el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”, sostuvo el Magistrado.
Eduardo Celis por su parte “se encargaba del almacenamiento del tóxico por brevísimos lapsos de tiempo en su domicilio y en fincas cercanas, todos ubicados en el Barrio Antártida Argentina de la ciudad de Paraná. Colaboraba en la distribución del tóxico, todo bajo las órdenes de Daniel Celis, por su indicación directa o por intermedio de Luciana Lemos. En ocasiones asumía la función de venta del tóxico con precio diferencial”.
El último eslabón
En el escalón final de la organización delictiva estarían Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez (alias Nacho) por un lado, y Alan Viola y Ernesto González, por otro.
Ríos entendió que Nahuel Jonatan Eduardo “asistía y colaboraba bajo las órdenes directas de Luciana Lemos, brindándole asistencia personal en lo relativo al traslado de estupefacientes desde los distintos lugares de resguardo y almacenamiento hacia los lugares de venta, como así también se encargaba de buscar en la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná a las mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse y a Wilber Figueroa Lagos, en las ocasiones en que éstos arribaban a la ciudad transportando las remesas del tóxico”.
A Heintz y a Gómez les atribuyó adquirir “periódica y regularmente” en el domicilio de “Tavi” Celis “distintas cantidades de cocaína, con la finalidad de revender a distintos distribuidores y/o consumidores de la zona”. A ellos dos capturó infraganti junto a Lemos el 2 de mayo en el allanamiento realizado en la casa de “Tavi”, realizando una operación de compraventa “de tipo mayorista” (3 kilos) de cocaína.
Como ya se dijo, a Viola y a González, empleados municipales, les endilgó haber sido nexos para la entrega a Celis del financiamiento que Varisco habría comprometido. González habría adquirido además cocaína.
Todas estas personas “comercializaron de manera conjunta y organizada –entre sí y con personas cuya identidad y rol aún no se ha podido establecer– estupefacientes (cocaína) en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referido tóxico a distintas personas en la ciudades de Paraná y Concordia”, consideró Ríos.
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