El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Distintas voces señalaron con énfasis que el juez que dejó salir a Sebastián Wagner es solamente una parte del problema. La inexistencia de perspectiva de género en la justicia, el juicio abreviado en delitos sexuales, el Registro de Violadores nunca efectivizado, la indolencia del control posterior a la liberación, la necesidad de entender que la agresión sexual no es un delito como cualquier otro, son algunas de las tramas de una telaraña que determinó el peor final para Micaela García.
Por A.S. de EL MIÉRCOLES DIGITAL
El hallazgo del cuerpo de Micaela García se produjo el pasado sábado en Gualeguay, después de estar desaparecida una semana. Casi de inmediato arreciaron los pedidos de enjuiciamiento contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, que permitió salir de la cárcel al principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, un doble violador condenado por dos violaciones anteriores de características muy similares, y con una tercera acusación que no prosperó.
Desde el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (FPV) hasta el presidente de la Nación Mauricio Macri, pasando por entidades feministas de la provincia, hubo inmediatos pedidos de destitución o apartamiento del juez Rossi. El senador, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, señaló que “de haber respetado el juez los informes de los especialistas hoy Micaela estaría con vida, la justicia debe dejar de mirar para otro lado y comprometerse realmente con la ciudadanía”. Macri avaló los dichos del ministro de Justicia, en similar dirección: “Debemos transmitir un mensaje contundente y claro, como el del ministro pidiéndole la renuncia al juez”. La ONG Red de Alerta de Paraná oficializó este lunes el pedido de juicio político por mal desempeño contra el magistrado Rossi.
En el medio hubo voces oportunistas que desde posiciones tan autoritarias como éticamente miserables, quisieron aprovechar la angustia generada por este nuevo femicidio para avanzar en una ofensiva contra las garantías constitucionales y a favor de politicas de “mano dura”. El propio padre de Micaela, Néstor Yuyo García, les paró la mano. Con aplomo y contundencia, señaló: "No quiero venganza, no quiero justicia por mano propia y no quiero que el Estado crea que tiene que salir a reprimir por esto. Hay que cambiar el sistema institucional, no reprimir".
Pero también hubo distintas voces que –sin restarle en nada responsabilidad al indolente juez que dejó salir a Wagner– señalaron con énfasis que su actuación es solamente una parte del problema.
En esa dirección, y yendo de los aspectos más específicos a los más generales, cuestionaron el uso del juicio abreviado en determinados delitos, reclamaron por el incumplimiento de leyes como la creación del Registro de Violadores nunca efectivizado, denunciaron el casi nulo rol del Patronato de Liberados, resaltaron la aún inexistente perspectiva de género en la justicia y marcaron la necesidad de comprender que las agresiones sexuales son un tipo de crimen diferente a los otros, y por ende no se los puede abordar del mismo modo.
Parecen ser algunas de las tramas de una telaraña que determinó el peor final para Micaela García. Aquí intentamos mostrarlas.
EL JUICIO ABREVIADO Y LOS DELITOS GRAVES
El tribunal que condenó a Wagner en 2012 lo hizo en un juicio abreviado, instancia que se ha puesto en funcionamiento en Entre Ríos, como en otras provincias: se trata de un mecanismo que tiende a simplificar el sistema de enjuiciamiento penal, mediante trámites más sencillos y veloces. Uno de sus beneficios es acortar o eliminar la prisión preventiva de los imputados, que siempre afecta a las personas más débiles de la sociedad, y en muchas ocasiones extiende sus esperas por años hasta llegar al juicio oral.
En la práctica el juicio abreviado se suele reducir a una negociación entre el fiscal y el abogado, en la que, a partir de la aceptación de la culpabilidad, se consensúa una pena para la persona acusada. Por supuesto que el juez o el tribunal pueden rechazarlo. Como dice el estudioso Sergio Manuel Terrón, “las negociaciones que subyacen en este tipo de juicios no deben soslayar el debido proceso y las garantías fundamentales del imputado, pues no se trata de un simple contrato como los que vemos en el tráfico comercial, aquí se encuentra en juego nada menos que la responsabilidad penal y a menudo la libertad de los imputados”.
En los países de donde se importó, el procedimiento abreviado solamente se usa en casos de pequeña y mediana criminalidad.
Presentado como un éxito en Entre Ríos y en las provincias que lo adoptaron –porque efectivamente aligera los trámites– este sistema se “importó” de su uso en los Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil y España entre otros países. Con un detalle significativo, que no se suele recordar: en esos lugares el procedimiento abreviado se usa sólo en casos de pequeña y mediana criminalidad. ¿Desde qué perspectiva se consideró, en la Argentina, que los delitos sexuales pueden ser incluidos en esas instancias? Para las organizaciones como la Red de Alerta, eso es “parte de la violencia institucional contra las mujeres”:
“Medidas como la probation, la libertad condicional y el cobro de fianzas ante delitos que atentan contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres, demuestran la violencia institucional que estamos padeciendo por parte del Poder Judicial, quedando en permanente riesgo mujeres y jóvenes, cuando son estos jueces los que deben garantizar institucional y constitucionalmente la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Pero eligen otro camino: el de poner en riesgo a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, premiando en vez de castigar a los abusadores y a los violadores y, por lo tanto, imperando una total impunidad a sabiendas de que la impunidad genera mayor impunidad”.
CONTRA EL JUICIO ABREVIADO
A la luz de los hechos, cobró mucha fuerza el cuestionamiento que algunos profesionales venían realizando. En nuestra ciudad, por ejemplo, el abogado Gustavo Soppelsa califica al juicio abreviado como “una espantosa praxis en casos como éste, de un violador serial peligrosísimo. Lo que carcome desde sus cimientos la seguridad, no sólo de las mujeres amenazadas por violentos, sino también de muchas otras víctimas potenciales de delincuentes agresivos y capaces de matar o lesionar gravemente, está ubicado en la desviación inadmisible de pedir de parte de las fiscalías penas totalmente irrelevantes y ‘contratar judicialmente’ sobre eso con los defensores a través del juicio abreviado”.
“Rossi pudo cometer una terrible negligencia, y ser destituido, pero centrar el problema sólo en él es el suicidio de la sociedad, porque Wagner iba a terminar de cumplir su condena en poco tiempo más. Los escasos nueve años no se los impuso Rossi; y en poco más de dos años hubiera habido otra chica atacada y muerta. Tal vez nuestra hermana, nuestra novia, o nuestra hija, y no la de los García, sufriendo su misma suerte”.
Pocas horas después de la aparición del cuerpo de Micaela García, varios legisladores (tanto oficialistas como opositores) anunciaron proyectos para modificar el Código Procesal Penal e impedir que se use el procedimiento abreviado en casos enmarcados en violencia de género o delitos contra la integridad sexual de las personas. Es una lástima que hayan reaccionado tan tarde.
EL REGISTRO DE VIOLADORES
En julio de 2013 se sancionó en la Argentina la Ley 26.879 que estableció el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. La norma crea un registro con información y material genético de personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales, pero nunca fue reglamentada.
“Nos dejaron contentas con la ley pero nunca más se hizo nada”, dice Silvia Irigaray, fundadora de las Madres del Dolor. También contó que un año y medio atrás se enteraron de que el registro no se había puesto en marcha. En una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, “casi por casualidad le preguntamos cuántas personas había en el registro y ahí nos dijo que nunca se puso en práctica”, agregó. “Con el registro, esto no pasaba”, agregó en referencia al caso de Micaela García.
Sin embargo, Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, no coincide: “El registro no podía evitar esta muerte. Acá el punto es que hay que cumplir las leyes. El derecho no resuelve ni previene problemas, pero existe y tiene herramientas que están para aplicarse. Es una herramienta imperfecta pero empecemos por cumplirla”.
Pero el caso de Entre Ríos es más pronunciado y parece darle la razón: aquí, en la provincia de Micaela, la norma es anterior. La Ley 10.015 fue aprobada en 2010, pero el Registro de Violadores creado por esa normativa nunca se puso en práctica, porque el Ejecutivo (ni el anterior, encabezado por Sergio Urribarri, ni el actual de Gustavo Bordet, en el que Urribarri y familia siguen teniendo un rol clave) jamás la reglamentaron. Según la norma un Banco o Registro de Datos Genéticos de autores de delitos contra la integridad sexual, debe contar con datos de identidad, físicos, pena recibida por el delito juzgado, antecedentes judiciales, fotografías y muestras de ADN del reo que debieran destinarse a un sitio de Internet que puede ser consultado por la gente. Pero como nunca se reglamentó, en los hechos es letra muerta.
El gobierno nacional parece seguir por el mismo camino. La líder de Madres del Dolor cuestionó al ministro de Justicia macrista: “A nosotros (en aquella reunión) Garavano también nos dijo que estaba en marcha, pero pasó un año y medio y no se hizo nada. Yo creo que Micaela va a ayudar a que este registro empiece a funcionar”, se esperanzó.
EL PATRONATO DE LIBERADOS Y LA REINSERCIÓN
La cadena de negligencias, irresponsabilidades y hechos menores que termina con el hallazgo del cadáver de Micaela en un descampado de Gualeguay parece acrecentarse cuanto más se va a fondo en el detalle de cada aspecto de su trágica historia. El Patronato de Liberados es un eslabón más de esa cadena.
La institución que tiene a su cargo velar por la conducta de los condenados con libertad condicional, junto a los juzgados de Ejecución de Penas, es en Entre Ríos el Patronato de Liberados. Depende del ministro de Gobierno y Justicia, que es Mauro Urribarri, hijo del ex gobernador que actualmente preside la Cámara de Diputados, y pieza clave del gobierno de Bordet.
Tras la aparición de Micaela, se alzaron voces para denunciar que el organismo carece de la mínima infraestructura para cumplir su rol, y que está a cargo de una funcionaria sin ningún antecedente en la materia. Esa funcionaria (triste coincidencia: también se apellida Wagner, aunque sin parentesco con el acusado por el asesinato de Micaela) es quien debía observar al penado, su lugar de residencia, su conducta, su trabajo, e informar al juzgado incluso para pedir que se revocara la libertad anticipada. Para “cumplir” lo que se hace es simplemente obligar al liberado a que cada 20 días se presente a firmar en el Patronato. El propio jefe del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Luis Mondragón, afirmó que Wagner no se presentó a hacerlo. Sin embargo, el Patronato lo desmintió y envió a diferentes medios pruebas de que Wagner sí venía cumpliendo. Lo cual prueba, en todo caso, la inutilidad del procedimiento.
Claro que antes del Patronato uno podría preguntarse por “la reforma y la readaptación social de los condenados”, que es la intención “esencial” de las penas privativas de la libertad, según el Pacto de San José de Costa Rica.
En su comunicado por el caso de Micaela, la coordinación nacional de “Ni una menos” fue una de las organizaciones que señaló esta cuestión. “Los detenidos por delitos como los cometidos por Wagner tienen una condena que puede promediar los diez años, de acuerdo a cada caso. Una vez cumplida la pena se reintegran a la sociedad, ¿cumplen con algún tratamiento adentro? El mecanismo más utilizado por el servicio penitenciario es recluir a los agresores sexuales en los pabellones de la comunidad evangélica en la intuición de que una moral sexual encauzará sus conductas posteriores; otro es encerrarlos con quienes el servicio identifica como “homosexuales”. Esto parece ser todo lo que el servicio hace, ¿de qué manera el Estado los restituye a la sociedad?”
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Bajo el título “Encontraron asesinada a Micaela: el Estado es responsable de cada femicidio” (ver aquí), la declaración de Ni una menos fue un poco más lejos, en busca de las cuestiones de fondo:
“Ni más cárcel ni más penas ni más castigos son respuestas a nada. La violencia contra las mujeres, lesbianas y travestis no se resuelve con el Código Penal, una herramienta que comienza a actuar una vez que las violencias ya se imprimieron en nuestros cuerpos. Necesitamos políticas integrales de prevención para un problema complejo y un Estado que deje de ser cómplice y asuma un compromiso real”.
También la titular del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), María Fabiana Túñez, apuntó contra el juez Carlos Rossi, “Aquí hay dos responsables, ambos producto de un sistema socio cultural machista y patriarcal. Por un lado, el asesino y por el otro lado el juez de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi quien decidió hacer oídos sordos ante el informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaban su liberación”, dijo Túñez. Agregó: “En esta ocasión falló la Justicia, poniendo de manifiesto una vez más, lo crucial que resulta transversalizar la perspectiva de género en todos los poderes del Estado, acción sobre la que estamos trabajando intensamente”.
El comunicado de “Ni una menos” retrucó con energía a la funcionaria. Le reprochó que se pusiera a distribuir responsabilidades “lo más alejadas posibles a su esfera de acción” y luego se preguntó:
“Más allá de la evaluación sobre la pertinencia de la libertad adelantada por el juez nos cabe preguntar ¿Qué políticas de prevención de violencia de género realiza el CNM?, ¿alguna en los servicios penitenciarios?, ¿por qué desde el Gobierno se debilita cada vez más al Programa Nacional de Educación Sexual Integral? El mismo Gobierno que pretendió quitarle 67 millones de pesos del presupuesto al CNM, y tuvo que restituirlos frente a la reacción y la denuncia de organizaciones de la sociedad civil y el periodismo comprometido”.
En un sentido similar, se expresó la abogada penalista y especialista en derechos humanos, Elizabeth Gómez Alcorta: “Cuando se enfoca la discusión en un nombre se pierde la oportunidad de hacer una discusión seria con un abordaje que permita entender cómo es que una importantísima cantidad de varones repiten patrones violentos vinculados a las mujeres, y lo reduce a un caso privado, en particular, un fenómeno que responde a una estructura, social económica y cultural en el cual nosotros nos manejamos. A Micaela no la mató el garantismo, la mató el machismo”, concluyó.
OPORTUNISMO Y MISERIA
El caso más flagrante de intento de aprovechamiento de un suceso tan tenebroso para fines subalternos lo protagonizó el fiscal que actuó en el juicio abreviado al propio Wagner. En efecto, el fiscal Diego Young dijo que “el garantismo” era el culpable de lo que ocurrió con Micaela García: “Esto es gracias a las doctrinas que enseñan señor Zaffaroni y toda la banda”. El cinismo de este funcionario de la justicia ya fue denunciado en una nota anterior en El Miércoles Digital (ver aquí) pero es oportuno insistir en que fue él mismo (y no Zaffaroni) quien acordó 9 años para Sebastián Wagner, un doble violador probado y confeso, a quien le podrían haber correspondido muchos más. Y que fue el propio Young, quien no acusó a Wagner por el tercer caso, surgido cuando ya estaba preso, porque aunque el estudio de ADN lo señalaba, acusó a su hermano gemelo. Young decidió no acusar alegando que sólo un estudio carísimo en Alemania podía dar un resultado más certero. Aún hay más: fue este mismo Young quien varios años antes dejó libres a todos los acusados por el crimen de Flavia Verónica Schiavo, que desde 1999 permanece impune, en una actuación que fue cuestionada por la propia Corte Suprema en 2006.
NI GARANTISTAS NI PUNITIVISTAS
La antropóloga argentina Rita Laura Segato investiga desde hace más de dos décadas la violencia contra las mujeres; más precisamente, la violación. A principios de los 90, Segato comenzó a realizar entrevistas en profundidad con violadores presos en la Cárcel de Brasilia. Aclarando que nada de lo que dijeran los perjudicaría o beneficiaría en los tribunales, la académica dialogó durante años con ellos abusadores sexuales para intentar comprender la finalidad de sus actos.
A partir de ese trabajo, realiza un perfil social de los violadores para ayudar a entender la escalada de violencia contra las mujeres en América Latina: “El violador no es un ser anómalo, raro. En él irrumpen valores que están en toda la sociedad. Él siente que está castigando a su víctima por algún comportamiento que entiende como un desvío, un desacato a una ley patriarcal. Para él, la violación es un acto de moralización”.
Por eso, sostiene, “es un error hablar de crímenes sexuales. Son crímenes del poder, de la dominación, de la punición. El violador es el sujeto más moral de todos, que en el acto de la violación él está moralizando a la víctima”, explicó, en diálogo con Reynaldo Sietecase (aquí puede escucharse la entrevista completa). Por eso Segato plantea algo más profundo, que descalifica tanto a los miserables que quisieron aprovechar el caso de Micaela para atacar al garantismo, como al abordaje androcéntrico que realizan sobre el tema los llamados “garantistas”: “Los abogados, los jueces, no están formados, no tienen educación suficiente como para entender qué es un crimen sexual”, asegura.
“Yo a la figura de Eugenio Raúl Zaffaroni la respeto mucho, tengo un gran respeto académico e intelectual por él, pero hay un error muy grande ahí: porque el crimen sexual no es un crimen del mismo tipo que los otros crímenes. El crimen sexual es un crimen del poder. Y eso en la cabeza de una persona formateada por el derecho, no entra. Porque el juez, como aquel otro juez (Axel) López que Zaffaroni defendió, como este juez (Carlos Alfredo) Rossi, han sido formados en una fe ciudadana que está equivocada. Porque la mujer no es un ciudadano igual que el hombre. Entonces la ley ahí no puede ser aplicada de la misma forma. Tiene que haber una adaptación de la aplicación de la ley a un campo distinto que es el campo del poder. Porque las relaciones de género son un campo de poder”.
UN CAMBIO EN TODOS NOSOTROS
El enfoque de Segato obliga a recordar la insistencia de la fallecida Carmen Argibay, la primera mujer en la Corte Suprema de Justicia, en la necesidad de que todos los funcionarios judiciales se capacitaran en perspectiva de género, que pudieran adquirir una mirada para visualizar las cuestiones desde otro lugar, para aplicar la perspectiva de género en los casos concretos. La lúcida pertinencia de aquella tozudez se agiganta al revisar el entramado de cada caso concreto.
En otro lado, el mismo sábado escribí que el juez Rossi “no está solo. Es solo la cara, hoy. Todo el sistema judicial es el que permite que el violador condenado hubiera salido de todos modos -como en este caso- dos o tres años más tarde; el tribunal que le concedió 9 años (cuando el máximo son 15 años, y al ser dos hechos podrían haber sido mucho más que 9 años); fiscales que no apelan una decisión absurda; magistrados que no consideran los informes que desaconsejan esa decisión; responsables de esos informes que, pese a no estar de acuerdo, no se animan a cuestionar la resolución del magistrado; legisladores que jamás toman el tema ni admiten discutir la ley que permite que acusados de varios delitos sexuales puedan salir de nuevo a las calles, pero hoy, como caranchos, salen a pedir un ‘jury’ contra el juez; hay un entramado, una telaraña que, al no incorporar la perspectiva de género, al no incluir la mirada de las víctimas ni las conclusiones científicas, determina este desenlace”.
Ojalá Yuyo García, el papá de Micaela, tenga razón, y éste sea el inicio de un cambio “en todos nosotros”.
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