Obra pública: el gobierno provincial dijo que la deuda es de “más de 22 mil millones de pesos”

El gobierno de Rogelio Frigerio afirmó este miércoles que “heredó una deuda de obra pública que superan los 22.000 millones de pesos en distintos conceptos”. En ese orden, detalló que “15.000 millones se deben a las empresas del sector según la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), 6.800 millones corresponden a deudas judicializadas por certificados vencidos y alrededor de 1.000 millones que debe la Unidad Ejecutora de la Provincia (UEP)”.

 

En este marco, los representantes de la CAC solicitaron en conjunto con los de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) una audiencia con el mandatario entrerriano a los fines de “evaluar y reestructurar los contratos de las obras públicas provinciales”, según dice la nota enviada a la Secretaria General de la Gobernación.

“Esta abultada deuda en materia de construcción se suma a la falta de fondos que dejó la gestión anterior para cubrir el vencimiento en dólares de febrero y para pagar en tiempo y forma los aguinaldos y salarios de los trabajadores de la Administración Pública", agregó en un comunicado oficial.

En la nota ambas instituciones hacen mención a la situación nacional y aseguran que “los cambios de funcionarios públicos impactarán en los fondos asignados a las obras ejecutadas con financiamiento nacional y en los fondos genuinos y de coparticipación que las provincias destinadas a obras y servicios públicos”.

Además, invitan al gobierno provincial a buscar un punto de encuentro para solucionar el problema en el marco de esta nueva realidad: “Resulta imperioso que podamos trabajar en conjunto, las instituciones que representamos y las nuevas autoridades provinciales, para establecer un marco de trabajo que dé solución a los problemas que la situación actual implica para el sector".

Desde Secretaria General de la Gobernación se confirmó que la reunión será este jueves 21, a las 8.30, en Casa de Gobierno.

Participarán del encuentro representantes de la CAC, de la UOCRA, el gobernador y los funcionarios con competencia en el tema.

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