El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Más de 50 organizaciones de toda la Argentina consensuaron una agenda laicista integral, que se propone asegurar en nuestra sociedad “el derecho a la irreligión”. El flamante movimiento propone una iniciativa popular para que el Congreso derogue toda la legislación que establece privilegios para la Iglesia Católica en desmedro de un Estado laico.
Por A.S.(*)
Desde hace varios meses, diversas organizaciones de derechos humanos, feministas, LGBTI+, sociales, políticas, ateas, religiosas y de pueblos originarios formaron una coordinación nacional y plural por un Estado Laico, con la idea centrar de garantizar en la Argentina el derecho a no practicar ninguna religión y para terminar con los privilegios que disfruta un culto en particular: la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ICAR).
El movimiento ya tiene nombre: OLA, Organizaciones Laicistas Argentinas. El reclamo obvio es la inmediata y plena separación de la Iglesia del Estado. En el manifiesto se definen como “personas que militamos en espacios a veces vistos como incompatibles” y sin embargo “podemos, sin resignar ninguna de nuestras convicciones, bregar en común por un país igualitario en derechos y oportunidades desde una perspectiva laicista”.
Uno de sus puntos de partida es la experiencia recorrida, que “nos indica que ante cada intento de progreso hemos encontrado un mismo ferviente opositor antiderechos, la Iglesia Católica Argentina, a la cual se le han sumado sectores reaccionarios del evangelismo como ACIERA y de otras religiones, que a su vez pretenden acceder a privilegios estatales”.
La nueva ola
La primera tarea de OLA, de acuerdo al documento dado a conocer, fue reflejar el ideario laicista en un acuerdo programático, respetando las identidades y cosmovisiones de cada organización. “Luego delineamos un plan de acción, que permita avances significativos en materia de laicidad del Estado, no discriminación, eliminación de privilegios y plantea bases jurídicas respetuosas de la libertad de conciencia de cada individuo, favoreciendo así su pleno desarrollo”.
Para sumar voluntades y comunicar sus acciones, se referencian en redes sociales y en una página web (laicistas.ar) que permite conocer y acceder a los materiales elaborados. La primera acción que anuncian es una Iniciativa Popular para que el Congreso Nacional derogue la normativa clericalista generada por las diferentes dictaduras cívico-militares-eclesiásticas. “Dichas leyes y decretos testimonian que los golpes de Estado fueron claramente clericales y que su persistencia resulta vergonzante para cada período democrático que las mantiene vigentes”, enfatizan.
En la convocatoria, la OLA invita a grupos con o sin personería jurídica a sumarse para articular acciones para exigir un trato estatal igualitario para todas las personas, sin distinción de creencias o convicciones. “Partimos de la base de que en nuestro país la Iglesia Católica Apostólica Romana goza de privilegios económicos, legales y simbólicos y, por lo tanto, las minorías no católicas (religiosas o seculares) son discriminadas”, explican.
Las bases de las acciones serán:
- El reconocimiento de la justicia del reclamo por la plena separación de la Iglesia Católica o cualquier otra instancia religiosa del quehacer estatal, como expresión concreta de la lucha contra la discriminación y, en general, de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
- La idea de que no es una opción superadora del actual estado de injusticia, extender los privilegios de la Iglesia Católica a otras instituciones religiosas.
- Reconocer que la participación en OLA no significa el aval a nada de lo dicho o actuado fuera de este ámbito por las demás personas o grupos.
- La coordinación será pro tempore rotativa entre los grupos que integren OLA.
- Los acuerdos serán por consenso y sobre la base del principio de actuación de buena fe.
Estado Laico, neutral pero activo
En suma, el esfuerzo de las diversas organizaciones se centra en trabajar por la laicidad real del Estado argentino como un objetivo transversal. Ese laicismo es comprendido como un componente indispensable de la democracia para avanzar en el camino hacia una real igualdad.
Toda persona tiene derecho a acceder a lo público sin que se restrinja su libertad de conciencia, de culto o de convicciones. Por lo tanto, los cultos pueden manifestarse libremente, pero sin buscar apropiación total o parcial de lo comunitario. Lo público es lo que nos permite ser y vivir en comunidad, el espacio físico y simbólico de la pluralidad, el lugar común en donde se confrontan las diferencias en libertad. Respetarlo es esencial para todo ejercicio democrático. Llegar a ese estadio político-cultural requiere un Estado laico, neutral en materia religiosa y activo en garantizar la libertad de conciencia, el derecho a la identidad y la libre expresión.
La OLA propone la anulación de todo subsidio, asignación, remuneración, beneficio o ventaja económica de cualquier índole a instituciones religiosas, sus clérigos y a la educación religiosa.
El principio de laicidad emana de la Constitución Nacional (CN) de 1853 y de la reforma de 1994, que eliminó casi todas las fórmulas integristas e incorporó tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la libertad de conciencia.
Abolir privilegios
Pero aunque el derecho positivo local garantiza la libertad de conciencia y la igualdad ciudadana sin distinción de culto o convicción, de hecho, esos principios son violados. Los privilegios de la Iglesia Católica se suelen justificar invocando el artículo 2° de la Constitución (“El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”). Pero la OLA asegura que no representa ningún impedimento para tomar acciones para transformar al Estado en totalmente laico: sólo es cuestión de decisión política ir rumbo a la igualdad.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no deja dudas sobre la independencia del Estado en cuanto al culto católico. Pero mientras en cada dictadura militar se avanzó fuertemente hacia el clericalismo, en democracia se tendió hacia la laicidad, lo que refuerza el vinculo entre laicismo y democracia. “Asombra que invoquen a la Constitución Nacional para justificar prebendas católicas, ya que en su mayoría fueron impuestas mediante decretos-ley o tratados bajo dictaduras”, afirma la OLA.
Avances y retrocesos
Desde el regreso de la democracia en 1983 nuestra sociedad ha ido avanzando en la laicidad al conquistar derechos que históricamente la Iglesia Católica ha querido negar, en especial los de género y diversidad. Desde hace más de una década, a esa cruzada antiderechos se le ha sumado un evangelismo neopentecostal reaccionario.
Los avances logrados se expresan en leyes: divorcio vincular (1987), salud reproductiva (2003), educación sexual integral (2006), matrimonio igualitario (2010), identidad de género (2012), muerte digna (2012), reproducción médicamente asistida(2013) y aborto legal (2020), entre otras. Estos logros cristalizaron cambios en el sistema legal. Y cada avance deja cada vez más claro que separar Iglesia católica (o cualquier otra institución religiosa) y Estado no es un tema secundario, sino una ineludible necesidad democrática.
La opinión de cualquier culto sobre temas de interés público es parte de la vida democrática. Lo inadmisible es que cualquier institución religiosa aproveche una posición de privilegio dentro del Estado y utilice fondos públicos para hacer lobby político, tener injerencia en la educación, la salud, la asistencia social, las fuerzas armadas y de seguridad e imponer su dogma.
Privilegios económicos y jurídicos
La OLA propone la anulación de todo subsidio, asignación, remuneración, beneficio o ventaja económica de cualquier índole a instituciones religiosas, sus clérigos y a la educación religiosa. Los cultos deben ser sostenidos por quienes forman parte de ellos. Deben suprimirse los privilegios fiscales por condición religiosa que generan una discriminación de otras entidades de la sociedad.
También reclama eliminar los privilegios en los servicios de comunicación audiovisual (Ley 26.522), así como revisar los inmuebles públicos cedidos a instituciones religiosas a título gratuito, con cargo o con permisos de uso y explotación.
Además señala que se requiere modificar el Código Civil y Comercial para dejar de considerar “persona jurídica pública” a la Iglesia y que pase a ser una institución civil como cualquier otra, y derogar un inadmisible privilegio jurídico, el concordato con el Vaticano, que le reconoce jurisdicción propia a la Iglesia.
En educación
El movimiento pide además que se controle el cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de Género en las instituciones religiosas y la aplicación efectiva de la ESI Ley 26.150 para eliminar las arbitrariedades de los colegios confesionales. Del mismo modo pide eliminar capellanías en hospitales públicos y toda otra repartición estatal nacional, provincial y municipal y el retiro de símbolos religiosos de los establecimientos públicos, por su carácter discriminatorio (dictámenes INADI 068/11, 448/13, 569/14 y 493/15). Igualmente reclama secularizar los feriados religiosos.
La OLA no oculta que se requiere una reforma de la Constitución Nacional para dar pleno cumplimiento a sus reclamos. Entre ellos, plantea la derogación del mencionado art. 2, la reforma del Preámbulo y los art. 19 y 93 que excluyen la diversidad de creencias. En el mismo sentido deberá avanzarse en la reforma de las constituciones provinciales que incluyen disposiciones de ese tipo, aunque no es el caso de Entre Ríos.
Otras medidas que se reclaman son la anulación del obispado castrense y las capellanías de la Policía Federal, Servicio Penitenciario, Prefectura y Gendarmería. También se pide disolver toda repartición estatal en base al vínculo Estado-Iglesia, como el vicariato castrense, la Dirección General de Culto Católico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, entre otras, así como excluir la curia del protocolo oficial y que el funcionariado público no participe en ese carácter en actos religiosos.
Entre las organizaciones firmantes están la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), Ateos y Ateas de Mar del Plata, la Campaña Nacional por un Estado Laico, Católicas por el Derecho a Decidir, No en mi nombre – Apostasía Colectiva, Fundación Mujeres x Mujeres, Identidad Marrón – Colectivo de Personas Marrones, la Coordinadora de Abogados/as de Interés Público (CAIP), el Observatorio de Igualdad Religiosa (OIR), Mujeres Trans Argentina (MTA), la Campaña Feminista por un Estado Laico, la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA), la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT), la Campaña Federal por la Separación Estado Iglesia y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
Para adherir a la Iniciativa Popular se puede ingresar a https://laicistas.ar/iniciativa-laicista/
Entre Ríos Laica, desde Artigas y Ramírez
El movimiento laicista se enmarca en una larga historia de lucha por la libertad civil y religiosa que, en Entre Ríos, entronca con José Artigas y Francisco Ramírez, aunque durante dos siglos los poderes se han ocupado de maquillar esa herencia laica y anticlerical. Comenzando por las célebres Instrucciones del Año XIII de Artigas, en las que los delegados de los Pueblos Libres debían impulsar “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”.
En el el Reglamento aprobado en 1820 Ramírez ordenaba que cada domingo "los curas párrocos exhortarán al cumplimiento de las obligaciones con la Patria y en la misa agregarán la frase: 'Supremun nostrum gobernum republicae Entre Rianae', rogando por el acierto de las autoridades". Una acción así era de avanzada, en la línea de subordinación de la religión al naciente poder civil que había caracterizado al artiguismo. El rol contrarrevolucionario de los religiosos de la época era conocido, y quizás por eso en carta al comandante Carriego, el Supremo lo dijo con todas las letras: "Yo creo que cuanto menos frailes haya seremos más felices".
En la Constitución Entrerriana se eliminó en 1933 el Preámbulo para que no hubiera invocación a Dios en el texto. Además se incluyó una cláusula que durante mucho tiempo fue única en el espectro constitucional argentino estableciendo que el Estado “no podrá dictar leyes ni otras medidas que restrinjan o protejan culto alguno”.
Por desgracia este mandato constitucional es casi ignorado en una provincia en la que estrados judiciales, oficinas y espacios públicos ostentan presencia constante de símbolos religiosos, se subsidia a la Iglesia Católica y casi no se concibe acto oficial o inauguración de obra sin un cura bendiciendo lo que sea.
(*) Artículo publicado en la edición gráfica de Análisis de Paraná.
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