El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El senador provincial y ex intendente Martín Oliva señaló su posición ante las iniciativas gubernamentales de privatizar los medios públicos, entre ellos los tres que existen en Entre Ríos,a las que defendió "han sido y son parte activa de sus comunidades cumpliendo roles de enorme relevancia no solamente en lo informativo sino también en la divulgación de la cultura provincial y regional, en la construcción de la identidad entrerriana y en la promoción de artistas, investigadores, científicos y referentes en general de las comunidades en las que están inmersas".
El texto del legislador es el siguiente:
EN APOYO A TRABAJADORES DE MEDIOS PÚBLICOS DE ENTRE RÍOS
Queremos dar a conocer hoy nuestra posición en apoyo a trabajadoras y trabajadores de las emisoras públicas entrerrianas, ante el inminente debate por la llamada “Ley Bases” ahora en el Senado de la Nación.
La provincia de Entre Ríos tiene tres radios públicas que integran Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Ellas son LT14 “Radio General Urquiza” de Paraná, LT11 “Radio General Francisco Ramírez” de Concepción del Uruguay y Radio Nacional Gualeguaychú, las dos primeras con una relevante historia que se remonta a los orígenes mismos de la radiodifusión argentina, siendo LT14 la primera radio del territorio entrerriano, en 1945, y LT11 la tercera en 1951. La emisora gualeguaychuense, por su parte, nació en 1987 con la restauración democrática.
Las tres emisoras públicas entrerrianas tienen una enraizada presencia en sus comunidades y en la región, con una clara preeminencia en las preferencias de mayor escucha de las regiones a las que dedican su labor. Las tres radios han sido y son parte activa de sus comunidades cumpliendo roles de enorme relevancia no solamente en lo informativo sino también en la divulgación de la cultura provincial y regional, en la construcción de la identidad entrerriana y en la promoción de artistas, investigadores, científicos y referentes en general de las comunidades en las que están inmersas.
Como representantes del pueblo de nuestra provincia, nos parece inadmisible el plan del Poder Ejecutivo Nacional respecto de las tres emisoras. Y queremos recordar a quienes, como nosotros, representan a la población de la provincia, que nuestra Constitución Provincial Entrerriana en 2008 incorporó, con sabia previsión, la protección de “los medios de comunicación radicados en su territorio, como herramienta para el fortalecimiento de sus regiones y la conformación de su identidad cultural” (artículo 70), y no solo eso sino que también se propone, en el mismo artículo, impedir “monopolios, oligopolios o cualquier otra forma de concentración de los medios de comunicación social en el ámbito provincial”, consecuencia inevitable si prospera el plan de enajenar las emisoras públicas.
Históricamente estas emisoras han sido víctimas de las vicisitudes que acontecieron en sucesivas crisis y cambios de rumbo de los gobiernos nacionales. No obstante, gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras y por su profundo enraizamiento con sus comunidades, no dejaron jamás de cumplir sus tareas más relevantes y sus fines más nobles. Lo atestigua el acervo cultural que produjeron y que se expresa en numerosos trabajos de investigación sobre la radiodifusión entrerriana.
La creación, en 2009 y por la Ley 26.522, de Radio y Televisión Argentina SE, hizo alentar la expectativa de una consolidación definitiva de las emisoras, que permitiera a la vez su normalización y su camino hacia un modelo de gestión democrático y transparente, como lo establece la propia Ley 26.522, en su artículo 119, que aludía al “modelo participativo de la televisión pública alemana y la francesa”. Por desgracia, el gobierno actual, en lugar de retomar ese rumbo, se incluye a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado entre el listado de empresas que el gobierno nacional aspira a enajenarle al pueblo argentino para ponerlo a disposición del capital privado mediante la figura de “sociedades anónimas”.
Nos preocupa lo que ello implica para el futuro de las radios públicas de nuestra provincia. Y más aún, nos llena de preocupación la anunciada decisión de vaciar a las emisoras para convertirlas en meras repetidoras de programación resuelta o pautada en el centro político del país que sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires, ignorando el federalismo y la identidad regional.
Como uruguayenses conocemos de sobremanera la tradición solidaria de nuestra radio pública que ha sido parte de varios acontecimientos en los cuales la comunidad local se supo congregar en pos de nobles objetivos. Solo una muestra de ello es la ya célebre “Campaña del Juguete” que arribó a los 40 años en su última edición durante el mes de diciembre. Esta iniciativa de confraternidad continúa manteniendo intacto aquel sueño de los trabajadores de LT11 que impulsaron este espacio para que todos los niños y niñas de Concepción del Uruguay tengan un juguete en navidad.
En 2022 llevamos a cabo en “La Histórica” el 1° Congreso Nacional de Comunicación sobre la base de que la comunicación nos eleva como sociedad y tiene un rol fundamental para generar contenidos propios desde cada punto de nuestras comunidades, sin la necesidad de caer en agenda impuestas que, muchas veces, se encuentran lejanas a nuestras realidades cotidianas.
En este sentido, tanto o más preocupante y alarmante nos resultaron las declaraciones efectuadas en un medio porteño por una voz del Ejecutivo, que afirmó temerariamente lo siguiente: “claramente los medios públicos que tenemos hoy no sirven para el fin que fueron creados que es transmitir contenidos culturales y servicios informativos”[1]. Aseguramos, rotundamente, que esa afirmación es ostensiblemente falsa en lo que respecta a las tres radios públicas entrerrianas.
Estamos profundamente preocupados por el futuro inmediato de trabajadores y trabajadoras de nuestras radios públicas, ya que en el proyecto “Ley Bases” se abren posibilidades funestas: desde sus despidos masivos a traslados discrecionales, configurando una situación de indefensión y la abierta violación de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Defendamos juntos nuestras emisoras públicas y a sus trabajadores y trabajadoras.
[1] Declaraciones de Cristián Larsen, director provisorio, en Infobae, “El Gobierno oficializó la intervención de los medios de comunicación públicos a través de un decreto” (véase: https://www.infobae.com/
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