El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Aunque existen antecedentes de decisiones judiciales similares en distintos puntos del país, por primera vez en Entre Ríos la Justicia ordenó devolver la marihuana secuestrada en un allanamiento en Paraná a usuarios de cannabis con fines medicinales.
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Un hombre con distintos padecimientos de salud y su hija habían sido imputados porque tenían casi dos kilos y medio del vegetal, que cultivaban en su casa de Paraná. Ninguno tenía el registro que los habilitara a tener o cultivar, pero luego iniciaron el trámite y obtuvieron uno, mientras se espera el segundo. Por acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, ambos fueron sobreseídos y ahora se dispuso la devolución de los frascos y bolsas con cannabis que habían sido incautados.
El caso comenzó el 27 de abril pasado, a partir de una denuncia por problemas vecinales que derivó en el allanamiento a la vivienda. Los policías buscaban armas y cartuchería, pero encontraron 146 frascos y 23 pequeñas bolsas con marihuana, algunos con cogollos, otros con aceite de cannabis, que pesaron en total 2,4 kilos. El hombre de 64 años y su hija de 24 quedaron implicados en una causa que, inicialmente, se caratuló por comercio de drogas, aunque en seguida esa sospecha iba a caerse.
Al momento de declarar, la joven contó que su padre tiene una serie de dolencias estomacales, artritis y artrosis, y que a ella le cuesta conciliar el sueño. Por esto, hacía un par de años comenzaron a probar con consumir aceite y ungüento de cannabis para paliar estos problemas de salud. Durante 2020comenzaron a cultivar en su domicilio plantas de marihuana para el consumo personal.
Además, dijo que luego del allanamiento inició el trámite de inscripción, para ella y su padre, ante el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis), para el cual solicitó los certificados médicos correspondientes. Hasta ese momento había salido la autorización para la joven mientras se aguardaba que saliera la de su padre, que continuaba en trámite. Según se informó a diario Uno, aún no se lo dieron porque el REPROCANN tuvo un colapso en el sistema porque llegó a casi 40.000 inscriptos, lo cual causó una gran demora burocrática.
Por otra parte, padre e hija se encuentran, al igual que cientos de personas en Paraná y la provincia, a la espera de que se implementé el Registro Provincial para poder inscribirse como personas autorizadas al cultivo con fines medicinales. La Ley provincial sancionada en mayo, aún no fue reglamentada por el gobierno.
Asimismo, presentaron copia de la historia clínica y recetas del padre, donde se acreditaba las dolencias que sufre, y aportaron el registro de la hija como “Persona Autorizada al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y/o Terapéuticos”.
El fiscal del caso, Ignacio Aramberry, consideró que el consumo de la sustancia -cultivo y elaboración de por medio-, se encontraban justificados, en tanto implicaba anteponer la salud personal ante la salud pública (que es lo que busca proteger la Ley nacional de drogas), y explicó que esta tensión que se encuentra normativamente resuelta en favor de la salud personal a través de la Ley 27.350 (de uso medicinal del cannabis y sus derivados) y el decreto que la reglamenta.
También subrayó el fiscal en su dictamen que, en este caso, tanto la producción como el consumo personal de la sustancia se ha producido dentro del domicilio allanado, es decir, no traspasó los límites de la intimidad.
La jueza de Garantías Paola Firpo compartió los argumentos de la Fiscalía y el 21 de octubre pasado dispuso el sobreseimiento del padre y la hija que estaban imputados.
Posteriormente, el abogado defensor de ambos, Andrés Bacigalupo, presentó una solicitud para que les devuelvan los efectos secuestrados, es decir, la producción de cannabis contenida en 146 frascos y 23 bolsas.
Entre los argumentos esgrimidos, planteó que hay “un cambio sustancial en la legislación actual de nuestro país, que, si bien a modo paulatino y gradual, viene modificando considerablemente tanto la postura político criminal respecto a los usuarios medicinales de esta sustancia vegetal, como asimismo un incremento constante de legislaciones tanto a nivel nacional como local (leyes provinciales y ordenanzas municipales de todo el país), que de algún modo u otro organizan esquemas de protección a la población usuaria de cannabis”.
En este sentido, mencionó la ley nacional 27.350 de investigación médica y científica sobre los usos del cannabis y sus derivados, en cuyo decreto reglamentario se menciona que “las personas o las familias que atraviesan la enfermedad, cuando tienen a su alcance la posibilidad de atenuar los dolores, adoptan un rol activo, aun asumiendo el riesgo de ser condenadas por la normativa penal vigente”, tal como ha sucedido en el caso de la familia allanada en Paraná.
Bacigalupo mencionó también Ley provincial 10.894, en la cual el mismo abogado tuvo una activa participación en su elaboración, de “Creación del régimen de accesibilidad al Cannabis con fines médicos, terapéuticos y paliativos del dolor en Entre Ríos”. Esta ley incluso “amplía mucho más los derechos de la población de usuarios medicinales que la ley nacional al no prever incluso para los usuarios un límite plantas y hasta tres domicilios”, mencionó en la solicitud.
También citó jurisprudencia sobre el tema, como un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre un caso de Entre Ríos, en el cual ordenó al Iosper que cubra en forma integral el tratamiento terapéutico alternativo con aceite de cannabis a un joven con discapacidad.
Ante este pedido, el fiscal Aramberry expresó su acuerdo con la devolución del material secuestrado en el allanamiento de abril, por lo cual la jueza Firpo dispuso esta medida, inédita para la provincia.
Con esta resolución, la joven fue a buscar los frascos y las bolsas a la Dirección Toxicología en calle Villaguay, donde estaban guardados. De total, un tercio de la marihuana se encontraba en condiciones de ser consumida, ya que aparentemente el paso del tiempo y las condiciones de almacenamiento afectaron el estado del resto del vegetal.
Otros casos en el país
Los antecedentes de medidas similares en otros lugares del país se registran desde 2017, cuando un juez federal de Córdoba ordenó que la Policía le restituya el extracto de cannabis que le secuestró a una cultivadora de Catamarca, que lo necesitaba para continuar el tratamiento de su hija, que sufre epilepsia. Fue nueve días después de que el Congreso nacional votara la mencionada ley de uso medicinal de la planta.
En 2019, en La Plata, la justicia penal local dispuso devolver las plantas de marihuana secuestradas a una mujer cultivadora de cannabis medicinal para tratar a su nieto que también epilepsia refractaria, patología que científicamente se denomina Síndrome de West.
A mediados de 2020, un hombre de Junín, paciente oncológico, logró que la Justicia ordenara la restitución de plantas de cannabis porque las usaba mediante vapeo para calmar los dolores que sufre por la enfermedad, un cáncer rinofaríngeo, con metástasis pulmonar.
Fuente: Uno
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