El juez Leandro Ríos ordenó la detención de Jorge Alberto Rodríguez, alias Manchado, y Luis Oscar Varela, apodado Cordobés, ambos integrantes de la patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay durante la última dictadura. Ellos allanaron ilegalmente el domicilio de cuatro estudiantes secundarios que fueron secuestrados y torturados en esa sede: César Román, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rodríguez y Roque Minatta, militantes de la UES,
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Dos ex policías federales fueron detenidos por el secuestro y la aplicación de torturas a un grupo de estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de Jorge Alberto Rodríguez, alias Manchado, y Luis Oscar Varela, apodado Cordobés, ambos integrantes de la patota de la delegación.
Los represores están acusados de haber integrado un grupo de tareas que actuó en forma conjunta y coordinada con otras personas en la ciudad de Concepción del Uruguay durante la última dictadura y, en ese marco, allanaron ilegalmente el domicilio de cuatro estudiantes secundarios que fueron secuestrados y torturados en la sede de la Policía Federal: César Román, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rodríguez y Roque Minatta, militantes de la UES, quienes describieron con absoluta claridad las torturas más terribles que pueda soportar un ser humano y contaron cómo fueron los peores días de sus vidas.
Los policías habían sido señalados por las víctimas como integrantes de la patota en el juicio que terminó con la condena de Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde, y Francisco Crescenzo, en el año 2012; y también en otro debate, en 2017, en el que fue condenado José Darío Mazzaferri, que también integró el grupo de tareas. Sin embargo, la causa recién se activó hace unos meses, a instancias de la fiscal Josefina Minatta.
César Román, por ejemplo, contó que fue abordado por dos integrantes de la Policía Federal, en la esquina de su casa, el 19 de julio de 1976. Uno al que reconoció por su apodo de Cordobés y otro al que llamó Manchado lo tomaron de los brazos y del pelo, lo encañonaron y lo empujaron hacia el interior de un Dodge 1500 negro que estaba estacionado frente adonde vivía con su madre.
Ya en el auto comenzó la golpiza:
–Pendejo de mierda, empezá a cantar porque te vamos a matar. Decinos dónde está el mimeógrafo y dónde están las armas –le decían entre trompada y trompada.
Entre la tarde y las primeras horas de la madrugada del día siguiente fueron llegando otros jóvenes secuestrados a la sede policial: Rodríguez, José Pedro Peluffo, después llegaron Víctor Baldunciel, Romero, Miguel Ángel Zenit y Mario Hugo Maffei. Todos quedaron alojados en el Casino de Oficiales.
Román recuerda que estuvo solo unos minutos, hasta que apareció el subjefe de la delegación, Alfonso Ceballos, para decirle que aporte algún dato sobre el mimeógrafo; luego ingresaron el Moscardón Verde, que le pegó “una tremenda trompada”, Mazzaferri y otra persona, y lo llevaron a una habitación contigua. “Masaferro –como le decían– me pegó con la palma de la mano en los oídos y el Moscardón me pegó varias trompadas y una tremenda patada en los testículos que casi me desmayó, entonces quedé en el suelo, hecho un ovillo, con un dolor muy intenso, y recibí patadas de todos lados. Fue la paliza más grande que recibí en mi vida”, relató Román.
Al segundo día se repitieron los golpes y Mazzaferri le hizo un simulacro de fusilamiento; al tercer día, un miércoles de lluvia intensa, lo sacaron al patio, junto a Rodríguez y Romero, y los dejaron a la intemperie durante toda la noche.
“El cuarto día fue el peor, no por lo que me pasó a mí, sino por lo que vi”, aseguró. Esa noche lo sacaron de la habitación donde estaba recluido, lo encapucharon y lo hicieron subir por una escalera caracol hasta un lugar al que denominaban “oficina técnica”, que era el área de inteligencia de la delegación.
Ahí estaba Carlos Martínez Paiva, acostado sobre el elástico de una cama, desnudo y atado de pies y manos. Mazzaferri, con una picana en la mano, miró a Román y le dijo:
–Cantá, pendejo hijo de puta, porque si no sigo con vos –y le aplicó un pasaje de corriente eléctrica en los testículos a Martínez Paiva.
Los testimonios de Romero y Rodríguez son coincidentes.
Romero dijo que “las torturas se sucedían casi todas las noches: hacían simulacros de fusilamiento; otra vez me metieron la cabeza en un tacho mientras me pegaban en la planta de los pies” e identificó a sus verdugos: “Los que siempre estaban en las torturas eran Mazzaferri y el Moscardón Verde Rodríguez, también uno de apellido (Eduardo) Acuña y el Cordobés. Mazzaferri era el que les enseñaba y otro al que le decían Manchado era un aprendiz”.
Rodríguez contó que mientras duró su cautiverio en la sede de la Policía Federal recibió trompadas, patadas, golpes en los oídos y mientras era torturado le repetían frases como “te vamos a matar, subversivo de mierda”.
Minatta se presentó en la Policía Federal unos días después, cuando el resto de sus compañeros ya había sido liberado, porque estaba de viaje cuando la patota fue a buscarlo a su casa, y estuvo “tres o cuatro días solo” en la delegación.
Dijo que estuvo alojado en el Casino de Oficiales y que fue sometido a tormentos en una pieza en el piso superior, en la “oficina técnica”. “Lo único que les interesaba era que les dijera dónde estaba el mimeógrafo”, contó.
En su caso le hicieron el teléfono –un tipo de tortura que consiste en aplicar fuertes golpes con las manos abiertas en los oídos–, lo golpearon entre varias personas y otro tipo de vejámenes. “La tortura física la ejecutaban Mazzaferri y el Moscardón Verde; la tortura psíquica estaba a cargo de Crescenzo”, señaló.
Según pudo reconstruir Página Judicial, Rodríguez y Varela fueron detenidos el viernes; el Manchado se abstuvo de declarar y el Cordobés negó las acusaciones. Sin embargo, el juez federal Leandro Ríos dispuso la prisión preventiva de ambos, en virtud de la gravedad de los delitos que enfrentan, aunque en la modalidad de arresto domiciliario, por tratarse de personas mayores de 70 años; y ahora tendrá diez días para resolver su situación procesal, es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito.
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