El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Los abogados Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet e Iván Vernengo dieron una conferencia de prensa en el Salón Lucio Dato del Colegio de Abogados. Fue 24 horas después de que se conociera que el estudio jurídico que comparten los abogados con Jaime Martínez Garbino, en calle Laprida 420, fuera robado en plena zona donde funcionan varias oficinas públicas y a escasos metros del estacionamiento de la Jefatura Central de Policía, que cuenta con custodia permanente.
Mulet dijo haber recibido información que lo alertaba de que un sector de la Policía podría presentar el hecho como un autoatentado: “Soy amigo de (el ex subjefe de Policía, Juan Ramón) Rosatelli, lo asesoré durante ocho años y, por lo tanto, conozco gente de la fuerza. Un policía me advirtió que hay una operación para hacer creer que esto fue un auto robo y que la puerta fue abierta desde adentro”, denunció.
En la madrugada del lunes, aparentemente, personas desconocidas revolvieron papeles, revisaron cajones y sustrajeron documentos vinculados con las causas por corrupción que Pagliotto y Mulet vienen impulsando y un informe reservado sobre el narcotráfico en la provincia, publicó El Diario.
“NO FUE UN ROBO MÁS”
El hecho está lejos de ser catalogado como un simple caso de inseguridad. Hasta el propio jefe de Policía, Gustavo Maslein, admitió que “no es un robo más” y que en el estudio “había documentos con denuncias importantes”, entre los que se encuentran denuncias contra el ex gobernador Sergio Urribarri y el ministro de seguridad de la Provincia, Mauro Urribarri.
En la conferencia quedó claro por parte de los abogados que “fue muy claro el criterio del robo: sólo se llevaron documentación sobre los casos de corrupción”. Denunciaron el faltante de dos computadoras y documentación de causas judiciales en trámite e investigaciones por delitos de corrupción, otras por crímenes de la dictadura en Concordia y archivos históricos de las causas por corrupción política tramitadas desde la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La investigación está en manos del fiscal Gervasio Labriola.
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