Para Artusi se pueden adecuar las tarifas eléctricas "sin echar culpas al Gobierno nacional"

El diputado provincial, José Antonio Artusi (UCR en Cambiemos), presentó iniciativas tendientes a lograr una reducción en el costo final del servicio de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos.

El legislador uruguayense consideró que "en su conjunto, los proyectos pretenden atacar los dos principales factores explicativos de los elevados aumentos que se han verificado en la facturación de la electricidad; por un lado la elevadísima carga tributaria, la más alta del país, y los desmesurados costos de distribución de las empresas concesionarias del servicio público. Combinados, estos dos factores explican que en en provincias hermanas como en Corrientes o Misiones se llegue a pagar menos de la mitad que en Entre Ríos, para idénticos consumos. Y estos dos factores son netamente provinciales y deben resolverse por ende aquí, sin buscar como única reacción echar culpas en el gobierno nacional".

En primer lugar, a través de un proyecto de ley se procura disminuir la carga tributaria que pesa sobre el consumo eléctrico.

En este sentido, en los fundamentos de la iniciativa el legislador radical señala que "esta altísima carga tributaria es ahora más evidente como consecuencia de los aumentos que han dispuesto las empresas distribuidoras concesionarias del servicio público en el marco de lo permitido por la adecuación del cuadro tarifario aprobado por el EPRE.

Estos aumentos se deben, en parte, a los incrementos verificados en el precio mayorista de la electricidad, que incluye el costo de generación y de transporte. Este precio mayorista tenía hasta la asunción del actual gobierno nacional un notorio y desmesurado atraso, que obligaba al Estado a desembolsar subsidios exorbitantes para garantizar la continuidad de las actividades de las empresas generadoras y transportadoras.

Estos subsidios a su vez generaban un enorme déficit fiscal, que impactaba fuertemente sobre los índices inflacionarios y hacía por lo tanto que el déficit energético sea pagado por los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad a través de una disminución del poder de compra real de sus ingresos.

El atraso tarifario, a su vez, fomentaba un escandaloso derroche y despilfarro en el consumo irresponsable de los sectores más acomodados, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La decisión de ir recortando gradualmente esos subsidios, que todavía subsisten, fue por lo tanto acertada, toda vez que fue acompañada a su vez por medidas tendientes a morigerar el impacto de los aumentos en las familias de menor poder adquisitivo, tales como la tarifa social.

Sin embargo, es menester señalar que en provincias hermanas, que deben afrontar el mismo costo mayorista, empresas distribuidoras aplican cuadros tarifarios con valores sustancialmente inferiores, y además tienen una menor carga tributaria sobre el consumo.    Estos dos factores explican que en Entre Ríos paguemos la energía mucho más cara".

El articulado del proyecto plantea reducir levemente los topes que tienen los municipios para fijar la alícuota de las tasas municipales, hoy del 16%, reduciéndolo a través de una tabla con criterio progresivo. Por otro lado, se propone una sustancial reducción del recargo provincial con destino al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, y la coparticipación a los municipios del 50% de lo que se recaude por ese concepto, con destino a gastos de capital para obras de desarrollo energético y mejora de la eficiencia.

Adicionalmente, se limita la facultad de otorgar discrecionalmente subsidios no reintegrables con recursos del mencionado fondo. Vale la pena recordar que con partidas del FDEER se subsidiaron instalaciones de iluminación de canchas de fútbol, rugby y hockey, en una clara desviación del sentido original que guió la creación del fondo. La coparticipación a los municipios evitará a su vez que algunos se vean beneficiados y otros perjudicados de manera injusta por decisiones arbitrarias del gobierno de turno.

A través de otra iniciativa, un proyecto de resolución, el diputado Artusi propuso solicitar a las empresas distribuidoras que adecuen las tarifas que aplican efectivamente para lograr precios por debajo de los máximos que fija el EPRE en sus resoluciones, dado que los cuadros tarifarios del ente regulador fijan precisamente precios máximos, pero no fijos.

Consideró que "si las empresas distribuidoras provinciales compran la energía a precios mayoristas más o menos similares, no se entiende por qué en Entre Ríos los costos de distribución son tan altos, y urge por lo tanto que revisen sus propias tarifas y corrijan distorsiones, por lo menos en la emergencia".

En los fundamentos de esta iniciativa el legislador uruguayense consideró que "En efecto, la siguiente tabla muestra un análisis comparativo del costo de distribución para diversas provincias de nuestro país, en el caso de un usuario residencial con consumos de 300 y 500 kwh/mes, medido en $/kwh, y la relación porcentual con nuestra provincia:

PROVINCIAS 300 KWH/MES % 500 KWH/MES %

ENTRE RÍOS 1.46 100% 1.92 100%

CORRIENTES 0.89 60.95% 0.86 44.79%

MISIONES 0.54 36.98% 0.60 31.25%

CHACO 0.77 52.73% 0.77 40.10%

C.A.B.A 0.41 28.08% 0.75 39.66%

SANTA CRUZ 0.21 14.38% 0.32 16.66%

Está claro que las enormes diferencias verificadas en el costo de distribución son, junto a la disparidad mencionada en la carga tributaria, los factores que explican que los entrerrianos paguemos la energía tan cara. Y está claro también que esas diferencias en el costo de distribución no pueden justificarse en el valor del costo mayorista, pues éste no registra variaciones significativas entre los diferentes distritos. Si todas las provincias pagan entonces más o menos el mismo costo mayorista, surge a las claras que urge atacar en nuestra provincia el costo de distribución por un lado, lo que motiva el presente proyecto, y la enorme y desproporcionada carga tributaria por otro.

Proponemos concretamente que las empresas distribuidoras, y sobre todo Enersa, adecuen sus tarifas, en el marco de la normativa vigente, teniendo en cuenta que los valores que fija el EPRE en sus cuadros tarifarios son precios máximos, pero que habilitan a las empresas a facturar su servicio con precios menores. Si otras provincias pueden hacerlo no existen razones para que en Entre Ríos tengamos que soportar estos desmesurados e injustificados costos de distribución.

Deben explorarse en este sentido al máximo los márgenes que existen para que las empresas revisen sus estructuras de costos y realicen todas las modificaciones que sean necesarias para permitir una rebaja de tarifas sin afectar la continuidad ni la calidad del servicio. Servicio público que, no está de más recordarlo, es un monopolio natural de carácter estratégico a cargo fundamentalmente de una empresa que supo ser del Estado entrerriano, que se mal privatizó luego y que hoy es una sociedad anónima pero controlada estatalmente".

A través de una tercera iniciativa, el diputado José Antonio Artusi requerirá que el EPRE "inicie procedimientos de oficio tendientes a considerar que existen motivos suficientes para alegar que las tarifas de distribución son irrazonables y que en consecuencia convoque a una audiencia pública a los efectos de revisar los cuadros tarifarios vigentes".

Finalmente, Artusi expresó que "el gobierno provincial no puede hacerse el desentendido y culpar al gobierno nacional casi como única reacción; está claro que tanto la altísima carga tributaria como los costos de distribución los decidimos acá", y que "indigna ver que los causantes de este verdadero descalabro se presenten ahora como los portadores de soluciones mágicas que sólo evidencian demagogia e irresponsabilidad, cuando generaron un déficit energético que demandó subsidios a la energía y los combustibles por 150 mil millones de dólares, 24 puntos del PBI entre 2003 y 2015, una cifra que hubiera alcanzado para construir 17 autopistas entre Usuhaia y La Quiaca.

Además, la consecuencia de este descalabro fue un gigantesco esfuerzo fiscal, derroche no solo ineficiente sino también profundamente injusto, con altísima incidencia en la región mas rica del país y en los segmentos más ricos. Por cada dos pesos que recibía el quintil mas rico, el mas pobre recibía 1, pero lo pagaba con altísima inflación"