El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
¿Terminará el año sin que la Justicia resuelva los pedidos de prisión preventiva y encarcelamiento a tres personas condenadas? El 18 de abril el Ministerio Público Fiscal presentó al Tribunal de Juicio de Paraná la solicitud de encierro preventivo del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, así como la ejecución de la pena por sentencia firme del exministro Pedro Báez, condenados en 2022 tras el Megajuicio por corrupción. A más de tres meses (feria judicial de por medio) aún no hay una resolución al respecto.
Como se ha informado en ANÁLISIS, y detallado en un informe en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), acerca de "la artillería que despliega Urribarri para demorar consecuencias judiciales", las numerosas recusaciones a integrantes de los tribunales que se iban conformando para tratar el pedido de la Fiscalía fueron dilatando dicha resolución. En algunos casos, se hicieron lugar a los planteos de los abogados defensores de apartar a jueces que han intervenido (como jueces o como fiscales) en algunas de las causas que involucran a los condenados; en otros no.
La última resolución judicial al respecto fue el 3 de julio. cuando el Tribunal integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Carola Bacaluzzo declararon inadmisible un recurso de Casación a los defensores que pretendían esta vía para lograr un "recurso de reposición" sobre un fallo anterior con el cual estuvieron en desacuerdo.
De este modo, el Tribunal que había quedado integrado por Castagno, Vergara y Elvio Garzón debe citar a una audiencia para tratar, al fin, la cuestión del encarcelamiento de los exfuncionarios condenados por corrupción.
Sin embargo este jueves los defensores presentaron un "recurso de queja" en Casación contra lo resuelto por el Tribunal de Juicio que les había denegado llegar a esta instancia.
Teóricamente, según indicaron fuentes judiciales sobre lo que establece el Código Procesal Penal entrerriano, no solamente este tipo de resoluciones judiciales no pueden ser recurridas sino que además ningún recurso de queja suspende tiempos ni plazos. Por lo cual la Oficina de Gestión de Audiencias debería ir buscando fecha y hora para la audiencia donde las partes discutirán sobre el pedido en cuestión y posteriormente el Tribunal resolverá.
Algo que debería haber hecho desde fines de junio Aunque muchas cosas, entre ellas la OGA, dependen de la voluntad política de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Particularmente de su actual presidente, Daniel Omar Carubia, y su colega Claudia Mizawak. Incluso, en los pasillos de Tribunales se habla de un eventual incumplimiento por parte de funcionarios judiciales que debían fijar la fecha de esta audiencia, como se hace habitualmente con el resto de las causas en trámite.
El suspenso continúa.
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