El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El ex ministro de Comunicación y Cultura de Urribarri fue llamado por la Justicia a comparecer en el marco de una causa en la que se investiga los delitos de negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública y peculado, entre otros. Fue llamado a declarar también Juan Pablo Aguilera.
El ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, fue imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa donde se investigan las contrataciones que beneficiaron a la imprenta que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri. La misma imputación enfrenta Gustavo Raúl Tamay, que se desempeñaba en el Ministerio. Ambos deben designar abogados defensores.
Además, la fiscal Patricia Yedro –que lleva la investigación junto con Santiago Brugo– citó a prestar declaración indagatoria a Aguilera y su esposa Luciana María Belén Almada para el 26 de septiembre, a las 9, según publicó Página Judicial.
También fueron citados a declarar como imputados los socios de Aguilera: Emiliano Oscar Giacopuzzi y Alejandro Luis Almada deberán comparecer el 12 de octubre, a las 9; y Maximiliano Romeo Sena deberá presentarse el 25 de octubre a las 9.
La fiscal consignó en la resolución que “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”.
La maniobra se habría concretado “de manera arbitraria y constante” desde 2010 hasta 2015, “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos”, señaló la fiscal Yedro.
“Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”, agregó la fiscal en la resolución.
Para graficar de lo que se está hablando, la imprenta que se atribuye a Aguilera facturó solo en el año 2014 una suma de 4.788.623,36 pesos al Estado provincial por la instalación de cartelería en la vía pública. Entre los impresos más vistosos e importantes en cuanto a dimensiones y precio, obviamente, están los que se solían lucir en el edificio del Concejo General de Educación. Allí se colocaron imágenes en homenaje a los combatientes en las Islas Malvinas y también a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.
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