El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La fiscal Carolina Castagno solicitó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para dos ex ministros de la última administración de Sergio Montiel. Rubén Villaverde y Enrique Cabó, ex titulares de las carteras de Acción Social y Gobierno, respectivamente, están imputados por el delito de fraude a la administración pública.
N.B. de ANÁLISIS DIGITAL
Ambos llegaron a debate después de 14 años de iniciada la causa, por una denuncia del ex gobernador Jorge Busti. Al juicio oral también llegó como imputado el ex ministro de Economía, Oscar Cachi Berón, pero el lunes se acogió al instituto de juicio abreviado y aceptó una pena de 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La investigación penal ventiló la firma de un supuesto decreto atedatado, por el cual se pasó a planta permanente a 16 trabajadores de la administración pública que cobraron una especie de doble haber. Sin embargo, ese dinero fue descontado posteriormente de los sueldos hasta que el erario provincial lo recuperó casi en su totalidad. Las defensas técnicas alegaron cuestiones políticas y rechazaron toda acusación.
Los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones Alejandro Grippo, Elvio Garzón y Pablo Vírgala, darán a conocer el veredicto recaído en una causa por fraude a la administración pública, que tiene como imputados a dos ex ministros de la última administración de Sergio Montiel. La resolución judicial se conocerá el miércoles 13 de septiembre a las 12.30.
El debate comenzó el lunes y se extendió a lo largo de toda esta semana, cerrando la etapa de producción de prueba este viernes, con los alegatos de partes. En ese marco, la fiscal Castagno pidió penas de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un castigo similar ofreció al tercer imputado, Oscar Berón, quien solicitó acogerse al instituto de juicio abreviado y aceptar el delito.
Lo que se discutió es la firma de un supuesto decreto antedatado, el 2136/02, por el cual se pasó a planta permanente a 16 trabajadores de la administración pública, quienes estaban desempeñándose con contratos de locación y hasta planes sociales en algunos casos. La resolución llevó las firmas de los ministros mencionados y del extinto ex gobernador Sergio Montiel. El decreto fue publicado en mayo de 2003, por lo cual la acusación considera que se utilizó un número reservado del año anterior, y con lo cual se habría perjudicado al erario público en una suma que no llega a los 60.000 pesos.
Por otro lado, los defensores técnicos Fernanda Tardelli, en representación de Villaverde; y Alejandro Carbó en representación de su hermano Enrique, hablaron de una “causa política”. Señalaron que la denuncia presentada por Busti fue unos días antes de las elecciones de 2003, y que buscó un “impacto” en la sociedad con “fines electorales”. En el mismo sentido, sostuvieron que cuando Busti asumió la Gobernación “se olvidó” de su denuncia y que la provincia empezó siendo querellante particular en la causa pero luego se retiró. Resaltaron además que ningún organismo de control hizo un llamado de atención sobre tal decreto y apuntaron que no hubo perjuicio al erario provincial.
Reservados
Según la acusación fiscal, en mayo de 2003, los ex ministros y su jefe político Montiel “insertaron la fecha 31/05/02 en un decreto reservado, en mayo de 2003, para que 16 personas pasadas a planta permanente percibieran los haberes con un año de antelación”. Castagno sostuvo que “se superpusieron pagos con retroactivos y con ayudas económicas, lo cual significó un perjuicio de 57.990,11 pesos”.
Para el MPF, el decreto además exceptuó la disposición que suspendía la designación de personas y contratos en la órbita de la administración pública. Los fundamentos eran de Acción Social, el área en la que fueron efectivizados los trabajadores. “Decían que era para regularizar el sistema de revista de personal que hacía años se desempeñaba”, acotó la fiscal. Cuestionó además que haya sido un “trámite directo”, obviando pasar por áreas como Fiscalía de Estado, y dijo que mientras tanto, en ese lapso de tiempo, los contratos de locación se siguieron renovando. Aunque el decreto establecía dejar sin efecto tales contratos. “La orden de pago fue emitida en agosto de 2003.
“No es competencia de los ministerios fechar ni numerar los decretos, no se discute eso. Pero la acusación consiste en probar que la fecha fue antedatada. En un cuaderno secuestrado se advierte el desorden en las fechas de decreto. Ese decreto fue antedatado para favorecer a empleados y regularizar el sistema de beneficiarios de planes, a pocos meses de terminar la gestión”, subrayó Castagno.
Por eso acusó a Villaverde de autor y a Carbó de partícipe necesario para concretar un fraude a la administración pública por administración infiel. “No existen dudas del dolo y no hay atenuantes, aunque al momento de formular el pedido de pena considero el largo proceso penal”, asentó.
“La era de la posverdad”
Las defensas técnicas de los imputados rechazaron de plano las acusaciones. Se cuestionó con dureza la cantidad de tiempo transcurrido, lo cual afectó el derecho de defensa de los imputados. “En el medio fallecieron peritos, imputados y testigos”, marcó Tardelli.
La abogada además lamentó que se traiga a debate este caso, que estuvo abierto durante la última década que se caracterizó por la “maldad” para administrar lo público y por la “corrupción”. “El debate estaba para celebrarse desde 2013”, dijo. “Esto fue de una duración irrazonable, con dilaciones injustificadas y se violó el derecho de defensa, garantizada por pactos internacionales”, advirtió y apuntó “desidia”. “No creo que los esfuerzos para que sobreviva esta causa tengan que ver con la intención de aumentar algunas estadísticas de delitos juzgados…”, deslizó. “Acá no se juzgan ni coimas, ni robo, ni enriquecimiento ilícito. Esta causa empezó con una denuncia mañosa por un supuesto perjuicio de 57.000 pesos que finalmente terminó siendo de 4.100 pesos, porque se devolvió todo a través de los descuentos que se le realizaron a los agentes del Estado”, agregó.
En similar sentido señaló que “la plataforma fáctica no cambió a lo largo de todos los años pero sí cambió la calificación legal a los imputados”. “El candidato a gobernador Busti realizó esta denuncia 10 días antes de las elecciones. Eso fue con un tinte político”, remarcó. Asimismo, la abogada respondió a la fiscal: “Ella dijo que algunos agentes tenían el plan Jefes y Jefas de Hogar pero eso fue en un solo caso. El resto eran planes de emergencia ocupacional, que eran provinciales. Todo el dinero percibido demás fue descontado posteriormente, sólo en un caso: el de la beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar porque como era un plan nacional, no saltó en el entrecruzamiento de datos con la provincia”.
“Busti inauguró en Entre Ríos muy tempranamente la era de la posverdad, cuando dejó de importar la verdad por lo posible para generar conmoción social”, denunció Tardelli. “Seguramente Busti conocía muy bien como era el manejo de decretos antedatados, porque él estuvo en dos administraciones anteriores”, ironizó la defensora y marcó: “Acá no se dijeron las dos cosas importantes que señalaron los testigos. Que ese libramiento de pago fue autorizado por la Contaduría General de la provincia, donde estaba Diego Valiero que fue quien advirtió la maniobra y cuando Busti fue gobernador, Valiero asumió como ministro de Economía; y que la Fiscalía de Estado tampoco atacó la maniobra”.
“Los desfasajes en las publicaciones de decretos en el Boletín Oficial son habituales”, marcó después Tardelli y aseguró: “Toda la formulación de relatos de los hechos es conjetural, es una tesis no corroborada. No se puede decir que por el solo hecho de firmar un decreto se introdujo una fecha falsa”. Atacó de igual modo la citación fiscal del libro secuestrado: “Eso era un cuaderno borrador, ni siquiera estaba foliado. La fiscal dijo que le faltaban hojas y es cierto, le faltaban hojas pero entre el final de la última página y el principio de la siguiente los números de decretos eran consecutivos”. Por si faltaban detalles, la defensora advirtió que “se descubrió la superposición de pagos de la administración y se pidió la realización de descuentos, eso fue 15 días antes de la denuncia”.
“No hubo dolo ni intención, al contrario, hubo una rectificación de algún desmanejo que no es imputable a los ex ministros y el transcurso del tiempo perjudicó todo. La absolución en la única verdad judicial que corresponde”, cerró.
“Tres de quienes estamos aquí fuimos precandidatos”
Por su parte, Carbó adhirió al alegato de Tardelli y cuestionó que según la acusación fiscal, su defendido firmó un decreto como ministro cuando ya no lo era. “Nunca pudo haber firmado un decreto antedatado en 2003 porque no era ministro desde 2002”, subrayó. Dijo también que el caso se está juzgando con una ley de 2004. “En aquel momento la crisis estaba en todos lados, habrá habido problemas de comunicación entre las áreas, pero no delitos. Acá se juzgó un procedimiento administrativo mezclado con política. Incluso, tres de quienes estamos sentados aquí fuimos precandidatos a diputados nacionales y eso no es casualidad”, alegó.
Dijo asimismo que la firma de Enrique Carbó en aquel decreto, fue sólo un acompañamiento político porque no era necesaria. “No hubo ardid engaño, ni perjuicio patrimonial, por eso solicito el sobreseimiento o absolución de mi defendido por el beneficio de la duda”, concluyó Carbó
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