El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En esta ocasión, la entrega viene desde el cyberespacio. Se trata de una nota que en exclusiva se publicaba el 4 agosto de 2010 en nuestro sitio El Miércoles Digital. Esta denuncia periodística sirvió para algunos cambios de rumbo en los destinos de la Isla del Puerto y –además- así se explicaban muchos de los intereses en danza. Es que se reveló que la empresa Pietroboni, a cargo de la megaobra, había proyectado quedarse con la isla.
Casi diez años atrás, este medio divulgaba lo que se planeaba para la Isla del Puerto: la empresa Lemiro Pietroboni, beneficiada con la multimillonaria obra que arrasó con buena parte del ecosistema, buscaba también quedarse con los lotes privados. La nota de Américo Schvartzman mostraba así cómo se redondeaba el negocio que se viera truncado, y del que la polémica megaobra era sólo una parte.
Así, compartiendo con nuestros lectores algunas de las más relevantes notas publicadas durante dos décadas, celebramos los 20 años de Miércoles, que se cumplen en este 2020.
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Exclusivo: Pietroboni quiso quedarse con la Isla del Puerto (2010)
El controvertido negocio completo del megaproyecto de 100 millones en Concepción del Uruguay incluía que la empresa constructora se quedara con los terrenos de la Isla del Puerto. Durante 2009 hubo negociaciones formales con una propietaria, pero se truncaron por la exigencia de expropiación que hizo la Secretaría de Ambiente. El frustrado “Puerto Madero” uruguayense es, desde el comienzo, un proyecto de Lemiro Pietroboni S.A., la empresa favorita del PJ para las licitaciones de obra pública, aunque su titular, Víctor, se defienda diciendo “a nosotros nos contratan”. La nieta de don Mariano López, Martha García Iturriaga, contó a este medio los detalles de la malograda transacción. Además, cómo sigue el proyecto y para el debate: cómo aprovechar la lección de Gualeguaychú.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN
Es sabido que la empresa constructora Lemiro Pablo Pietroboni es una de las firmas que más negocios hizo con el Estado provincial en los últimos 15 años. Beneficiada por los gobiernos justicialistas, tanto por los Scelzi en la comuna uruguayense, como por los de Busti y su sucesor Urribarri, la excelente llegada de la empresa a los niveles de decisión le permitió incluso que le perdonaran más de un millón de pesos en 2005 previo al desembarco de los nuevos propietarios del BERSA.
Aunque la empresa se declaró en concurso preventivo, siguió participando de importantes negocios con la obra pública junto a otras uniones transitorias de empresas (UTE). Un millón puede ser mucho para el lector, pero ¿qué es para una empresa que en la actualidad, sólo en Entre Ríos, tiene adjudicados –sola o como parte de alguna UTE– trabajos públicos por la suma, atención, de más de 1.100 millones de pesos (según se puede ver en su sitio digital www.lemiropietroboni.com.ar). Eso le permite a Víctor Pietroboni afirmar que “la vida de la empresa no depende de esta obra”.
En el caso del Puente a la Isla del Puerto, resultó ganadora en abril de 2009 de la licitación para la construcción de la obra, financiada por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR), el proyecto más costoso de todos los que solventa ese organismo, a excepción de los trabajos comprometidos para Puerto Ibicuy (obra básica, pavimento y puentes de acceso, tramo de la ruta nacional 2 y subtramo de Paraje Roldán a Puerto Ibicuy) que alcanza los 135 millones de pesos (y donde también está, cómo no, Pietroboni...).
Pero el negocio no era sólo la construcción de la obra: la empresa pretendía además quedarse con la isla, con el proyecto y con sus beneficios futuros en cuanto a desarrollo turístico para la zona. Por supuesto, en aquellos planes iniciales no estaba prevista la construcción de una playa abierta a toda la población ni tampoco existía una preocupación por la cuestión ambiental. La idea era desarrollar un paseo costero con una urbanización detrás de la cual llegarían “las inversiones privadas que quieran complementar este ambicioso proyecto que comenzará a construirse a mediados de 2009, según el compromiso del gobierno provincial”, como lo informaran públicamente a través de los medios los voceros de la empresa, en enero de ese año.
Lo que algunas voces de la oposición política y ambiental comenzaban a denominar “un Puerto Madero” uruguayense, o como lo insinuó el gobernador Urribarri al firmar el convenio con el FFIR, “la posibilidad enorme de desarrollar un potencial que quizás hoy no tengamos la dimensión de lo que va a significar en los próximos años”.
Lo que nadie decía en voz alta era que detrás de la obra había un enorme negocio particular que, como suele suceder en Entre Ríos, se confunde con lo público o, dicho de otro modo, negocios privados a los que sólo se accede de la mano de quienes gestionan lo público.
Otro aspecto desconocido (al menos en público) era el origen del proyecto: cómo fue que logró tener carácter prioritario y sobre todo en una ciudad que presenta carencias de todo tipo, entre otras, más de un tercio de su población sin agua potable o cloacas –41.356 sin cloacas en el departamento, según las estadísticas que surgen del Censo 2001.
¿De dónde salió la idea? Era la gran pregunta sin respuesta. En ninguno de los cinco planes de ordenamiento urbano que la ciudad tiene desde 1974, existía ni una sola mención que se acercara a esta idea. Con todo, las objeciones produjeron cambios en el proyecto original: ya no se trata sólo de un puente a la Isla del Puerto y una nueva costanera en Concepción del Uruguay, sino que se incorporó la creación de nuevas playas, un aspecto reclamado por otras voces que, sin oponerse a la iniciativa, marcaban costados mejorables.
Ahora, por primera vez desde que se publicó la primera línea sobre el proyecto, la propietaria de uno de los lotes principales de la Isla, reveló que durante varios meses de 2009 negoció la venta de su terreno con representantes de Pietroboni.
LA NIETA DE DON MARIANO
Martha García Iturriaga es nieta, por vía materna, de Mariano López, uno de los hombres públicos más destacados de la historia de Concepción del Uruguay, calificado por Celomar Argachá en la biografía recientemente editada, como ‘Un mecenas uruguayense’. Diputado y senador por Entre Ríos, ministro de Justicia, Hacienda e Instrucción Pública de la provincia, por su iniciativa se creó el Juzgado Federal, se adquirió el Palacio San José, se logró la ampliación del puerto, la mejora del puerto exterior e interior, la declaración de Zona Franca, y otras iniciativas siempre vinculadas con el progreso económico y social.
Aunque tiene 72 años, su voz es la de una mujer activa y joven. Sommelier, integrante del Centro de Enólogos de Buenos Aires, esta uruguayense se apasiona en el diálogo con el cronista, al contar cómo era su proyecto y qué pasó con él. Es que Martha es propietaria de uno de los principales lotes de la Isla del Puerto, isla que tiene dos mitades bien diferenciadas: una de ellas, la parte norte (donde se emplazaba la primera versión conocida del proyecto de puente y avenida costera) pertenece a dos titulares. La parte sur, en cambio, son numerosos lotes pequeños.
En su terreno, que abarca 32 hectáreas de la Isla del Puerto (que tiene 200 en total), Martha pretendía hacer lo que denomina un “barrio de islas”, con una laguna en el medio y con espacio para construir una hostería o restorán, y para un futuro emprendimiento turístico, con la posibilidad de marinas. “Era un proyecto muy lindo y muy ambicioso, en el que venía trabajando e invirtiendo desde hacía tiempo. Incluso el anteproyecto lo recibió el intendente Bisogni”, contó.
En el medio, curiosamente, se produce la noticia del megaproyecto. Y como parte de la noticia, el ofrecimiento de parte del titular de la empresa Lemiro Pietroboni. “Tuvimos una oferta de Pietroboni para comprar mi propiedad en la Isla”. Concretamente la oferta llegó de la mano del arquitecto que había trabajado en el proyecto de Martha, quien le informó que a partir de ese momento él se incorporaba al megaproyecto de Pietroboni, pero además, traía la oferta. “Yo justo en ese momento tuve un problema de salud, una septicemia, así que le pasé la negociación a mis hijos, pero finalmente se frustró porque apareció el requisito de la expropiación”, narró a este cronista la propietaria de uno de los principales lotes de la Isla.
LA EXPROPIACIÓN
En efecto, en septiembre de 2009, el secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, anunció esa exigencia entre los requisitos necesarios para que la millonaria iniciativa pueda realizarse. En la misma ceremonia en la que se presentó el proyecto, Raffo –en tanto autoridad de aplicación en el tema ambiental– dio a conocer los requerimientos que su Secretaría estableció como exigencia para la certificación ambiental de la obra.
Entre esos requisitos, uno de los principales fue la expropiación de la isla completa, que luego se aprobó por ley 9944 en la Legislatura provincial y se promulgó el 6 de enero de este año, con su publicación en el boletín oficial.
La intención era desterrar cualquier posibilidad de especulación inmobiliaria, pero además garantizar que, al quedar la isla en manos públicas, se proteja ambientalmente el lugar. Así quedó plasmado en la disposición legal, que establece “dar cumplimiento a los fines de la Ley 9718 que la declara en su artículo 1º Area Natural Protegida, en su artículo 2º de interés cultural, ambiental y científico y que en su artículo 3º la denomina Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres y clasifica como Reserva de Uso Múltiple”.
MANEJO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Las exigencias de Raffo implican además el relevamiento ambiental de toda la isla, en cuanto a su flora, fauna, humedales, y la declaración de la Isla como 'Reserva de Usos Múltiples', por lo que debe ser conservada a perpetuidad; por ende no se puede vender. También incluyen un Plan de Manejo Ambiental de esa Reserva y la zonificación de la Isla en base a ese mismo plan, la elaboración de un nuevo Plan de Gestión Ambiental de la obra, en reemplazo del que se había presentado (que tomaba sólo la mitad de la isla), que se adecue al Plan de Manejo Ambiental pendiente, y la creación de una Comisión Asesora Local (CAL) con participación ciudadana, especialmente de las organizaciones que se ocupan de temas ambientales, para hacer el seguimiento de la obra.
Esa comisión está en marcha, y se pretende dejarla formada el 20 de agosto próximo, pero aún no se conoce quiénes serán sus integrantes, y particularmente los ambientalistas uruguayenses –que se oponen terminantemente a la obra– no piensan integrarla. Tampoco los vecinos propietarios de lotes, que –según adelantó Pedro Brunetti– están constituyendo una comisión autoconvocada.
Con ese panorama, es difícil saber qué participación ciudadana se garantizará en la Comisión, en la cual Raffo deposita una importante cuota de expectativa: “Tendrá mucho trabajo en lo que es el Plan de Manejo Ambiental de la isla, que ya se está realizando, y para lo cual se va a abrir la participación a los interesados. Será un trabajo arduo y necesitamos que la gente participe para hacer lo mejor posible”.
La duda está cifrada en quiénes se sumarán a la Comisión Asesora. Todo indica que no lo harán ni asambleístas, ni propietarios, ni miembros de lo que el scelzismo gobernante denomina “la máquina de impedir”, es decir todos aquellos que forman parte de la oposición política o social, y entre quienes incluyen a todo aquel que hizo alguna objeción al megaproyecto.
Con este panorama, la Comisión Asesora en la que Raffo pone tanta esperanza, será un grupo de vecinos cercanos al oficialismo, que se limiten a decir a todo que sí, probablemente un par de concejales, algún representante del Centro Comercial o de algunas de las asociaciones cooptadas por el oficialismo. De ese modo operan las profecías autocumplidas. Así, quienes hoy decidan no participar podrán decir mañana: “¿Vieron que esa Comisión no sirve para nada?”
CERTIFICADO Y DUDAS
El secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, confirmó que oportunamente otorgó el certificado de aptitud ambiental de la obra y las resoluciones que establecen el marco a cumplir para el inicio de los trabajos, que incluye un plan de reforestación (para reponer las especies que se talen en las obras) que consta en el proyecto.
También informó sobre el relevamiento ambiental realizado y reiteró la convocatoria a participar de la Comisión Asesora Local para colaborar con el plan de manejo ambiental de la isla.
"(...) no hay que atarse a los árboles, sino aprovechar todas las instancias institucionales(...) Hay varios recursos para ello: garantías constitucionales, mecanismos de democracia directa, iniciativa ciudadana".
Víctor Pietroboni, titular de la empresa favorita de la obra pública del PJ dijo, defendiendo el inicio de los trabajos, que a su empresa la contrataron y se limita a hacer lo que se establece en el contrato. “A nosotros nos contratan para hacer un trabajo”, expresó en declaraciones a El Día.
Sin embargo, la historia es diferente, como lo sustenta el testimonio de Martha García: el proyecto tiene su origen en Pietroboni, al punto de que el negocio completo incluía quedarse con los principales lotes de la isla, intento frustrado por las exigencias de la Secretaría de Ambiente.
LO QUE VIENE
Mientras la oposición política y social discute cómo seguir, el peronismo gobernante parece decidido a abandonar los espacios públicos. Basta repasar en qué estado se encuentran ámbitos que son de todos como el Banco Pelay; la costanera norte hoy totalmente en ruinas; el Parque de la Ciudad; el Balneario municipal contaminado con los efluentes cloacales volcándose a 50 metros de la playa; la falta de arbolado y parquización de la Defensa Sur; el abandono deliberado de la Terminal de Ómnibus para poder pergeñar así el negociado en ciernes; el basural a cielo abierto en Talita (otra bomba a punto de explotar en los próximos días) y la proliferación de mini basurales a lo largo y ancho de la ciudad, sin que el municipio haga nada al respecto.
Cuesta creer que la vocación de servicio por el bien común del scelzismo a cargo de la intendencia se canalice sólo en el Puente a la Isla mientras se desentiende de manera desembozada de todo lo anterior.
También es verdad que para la comunidad uruguayense el asunto no parece mayormente relevante. Los reclamos han tenido poco apoyo vecinal y, aunque no se conocen encuestas que revelen el grado de consenso que tiene el proyecto, no parece haber un clima de oposición social masiva al Puente a la Isla.
En ese panorama, la revelación de Martha García a El Miércoles Digital sobre el frustrado intento de Pietroboni revela las motivaciones profundas del negocio. Está claro que a la constructora amiga del poder pejotista se le cercenó una parte del negocio. Pero la otra sigue en marcha, y es de desear que los controles funcionen y que se produzca la participación ciudadana y social, para el proyecto no termine siendo lo que sin duda fue en algunas de las cabezas que lo impulsaron: una obra faraónica y un negocio fabuloso para pocos.
LA LECCIÓN DE GUALEGUAYCHÚ
¿Qué tiene que ver con todo esto? Mucho. Tras el fallo de La Haya, la angustia de los rostros de los asambleístas demostraban de modo tajante que había sido una derrota.
El imponente movimiento social desatado en Gualeguaychú tuvo enormes méritos pero también algunos “pecados mortales”: el principal, la asunción tremendista de un reclamo absoluto, fundamentalista, como "echar a Botnia", que derivó a la Asamblea de esa ciudad a descreer de cualquier negociación y la empujó a una radicalización que terminó aislándola.
Por eso a nadie en la provincia le importó que el mismo Gobierno que la había levantado para ganar elecciones, la terminara acusando ante la justicia de sediciosa, homicida, delincuente y ainda mais. (Obsérvese que la primera reacción de Pietroboni fue, casualmente, acusar de “sediciosos” a los asambleístas uruguayenses que intentaron frenar el inicio de los trabajos.)
La Asamblea de Gualeguaychú fracasó en su principal objetivo, porque lo que se planteó estaba fuera de las posibilidades de lo real. Pero sus esfuerzos no fueron en vano porque hizo docencia e instaló como nadie nunca antes el problema ambiental en la región.
Los controles ahora son y serán cada vez más exigentes. No será tan fácil contaminar nada. Pero la lección debe aprenderse: si la obra se hará (y todo indica que eso no está en duda), el desafío para la oposición política y social es lograr ponerla al servicio de los intereses de la comunidad y no de los particulares amigos del poder.
Para eso no hay que atarse a los árboles, sino aprovechar todas las instancias institucionales, incluso la Comisión que hoy se rechaza tan airadamente. Hay varios recursos para ello: garantías constitucionales, mecanismos de democracia directa, iniciativa ciudadana. ¿Quizás el camino sea un amparo que frene los trabajos y permita rediscutir todo el proyecto? Hay varias vías abiertas.
Aún se está a tiempo, como defienden voces que no se oponen a la iniciativa sino que sugieren modificarla, para conseguir por ejemplo, que mediante esa obra Concepción del Uruguay puede tener un paseo turístico extraordinario, cuidado ambientalmente (mejor de lo que está hoy, claro) y a la vez contar con playas al alcance de la mano para compensar la pérdida del Banco Pelay y del Itapé, al servicio de toda la comunidad, con un costo menor, sin riesgo ambiental y con sólo algunos ajustes significativos en el proyecto oficial. Será, tal vez, cuestión de aprender la lección de Gualeguaychú.
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