El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Los trabajadores del Registro de la Propiedad e Inmuebles de Entre Ríos, redactaron un documento en el cual fijaron su postura sobre las cuestiones inmobiliarias, entre ellas el análisis de la Reforma Tributaria en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario.
El documento acercado a este medio expresa textualmente lo siguinte:
Nuestra lucha que data de muchos años atrás, ha tenido claros y oscuros pero siempre ha seguido una línea y es la de demostrar que no somos simplemente un ente administrador sino que somos capaces de fijar políticas rectoras en la actividad inmobiliaria de la provincia.
Dentro de ese escenario el Registro de la Propiedad debe ser jerarquizado ubicándolo como protagonista activo y constituirse en ente regulador y de control, por lo que debe estar lo suficientemente preparado para tener un conocimiento acabado de las normas vigentes y, de ser necesario, dictar nuevas normativas a partir de las necesidades del mismo mercado o de las políticas sociales de los Gobiernos. Por ello sostenemos que es imprescindible que se nos preste la debida atención.
Sistemáticamente hemos tratado de demostrar con los fundamentos apropiados, la verdad a la que nos estamos refiriendo y pareciera que por fin se avizora la gravedad del tema y los riesgos a los que se expone si no se le da la “Seguridad Jurídica” a la comunidad, estamos hablando nada menos que del patrimonio de la provincia, tanto público como privado.
Por las funciones que desempeñamos y nuestro rol dentro de mercado inmobiliario resulta necesario que tengamos una preparación acorde a las exigencias de ese mercado cada vez más complejo y con alcance cada vez más universal.
A partir de la información que allí se genera y su sustento legal irrefutable, se constituye en una herramienta para varias cuestiones fundamentales que hacen al patrimonio de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas. Es por esto que fue considerado por el Poder Judicial como parte imprescindible para la Actividad Judicial, por ende debería formar parte de ese poder.
La misma interpretación le dio la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuando redactó el Régimen Jurídico Básico y Reforma del Estado, presentado a las autoridades gubernamentales en enero de 2008. Del mismo modo fue considerado por ATE Y CTA al momento de analizar la Reforma Tributaria en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario. Como política de Estado fue considerado por el Gobierno Nacional, cuando analizó la Ley de Tierras Rurales, Fiscales y lo ve como un organismo necesario para el control de la ruta del lavado de dinero en el país a través de la UIF.
Ante la convocatoria de ATE acudimos a trabajar sobre este tema teniendo en cuenta que se encuadraba dentro de una vieja y anhelada aspiración de Reforma del Estado para el gremio y para nosotros fue una buena oportunidad para reflotar nuestro tema. El Notariado volcó allí todo lo que consideró necesario, en lo que se refiere a lo técnico y jurídico, para fortalecer y llevar al ATER a cumplir un rol determinante en la economía de la Provincia.
Sostenemos que dada la importancia del Registro Notarial en los tiempos que corren y teniendo en cuenta la importancia cada vez más trascendente del Estado en lo que hace a la regulación y control que debe ejercer en salvaguarda de la seguridad jurídica, es necesario que se le brinde la importancia que el Registro merece.
Sus funciones van mucho más allá que la de un ente testigo de la situación jurídica de los inmuebles sino que se puede constituir en un organismo importante al momento de dar valor y distribuir con equidad. Por esta razón es que los trabajadores de los Registros colaboramos a instancias de la invitación de ATE en el marco de la Reforma del Estado.
La idea central de este proyecto fue y es, en un marco general de la Reforma del Estado, volcar toda nuestra experiencia técnica y trabajar en pos de aunar sistemas de información, igualar los tiempos informáticos y así brindarle a los Entes recaudadores precisiones al momento de recaudar y, a los usuarios en general, la certeza y dinámica que demanda el mercado cada vez más complejo y ambicioso. Somos conscientes que si esta información es bien orientada le permitirá al Estado fijar políticas más justas y equitativas.
Todo hace suponer que este organismo debe estar lo suficientemente preparado como para ejercer acciones que determinen el rumbo del mercado inmobiliario, que deba readecuar sus estructuras para hacer frente a las nuevas figuras como lo fueron en su momento los fideicomisos, los barrios privados etc. y de esa forma ponerse al frente con políticas y asesoramientos adecuados.
Desde los primeros días del mes de mayo del corriente año, juntos con ATE hemos iniciado conversaciones con el Ministerio de Gobierno donde le presentamos un proyecto viable y de aplicación inmediata.
El personal del Registro presenta además un análisis de la fuente de financiamiento, donde demuestra que para implementar lo proyectado no se hace en función de una erogación adicional por parte del Estado con su presupuesto, sino que lo soportaría el propio sistema.
Nos resistimos a declarar esto como un conflicto porque es una pretensión de ser escuchados por las autoridades y de una buena vez se dispongan a trabajar junto a nosotros. Lo que proponemos es discutir con la madurez que el tema merece en forma urgente sin dilaciones especulativas porque, si queremos empezar a dar solución a los problemas debemos aprender a escucharnos y no hacer ostentación de fuerzas perjudicando nuevamente a la comunidad.
Nuestro comportamiento es para que las cosas mejoren y no hacer de esto un conflicto porque sabemos que en el conflicto actúa la puja de intereses y pretendemos que prime la racionalidad.
Expresada la intención de dialogar, pretendemos que de la contraparte se disponga hacer lo mismo y darle una salida al tema. Nuestros tiempos y ansiedades deben ser idénticas a las del Estado si al mejoramiento de la funcionalidad se refiere. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de las personas, al trabajador se le suma, el sueldo cada vez más precario, la falta de elementos para trabajar, el contacto permanente con los usuarios, la falta de protección legal, evidentemente es muy diferente.
Las pretensiones son concretas: mejores condiciones laborales, estructura orgánica, asignación por actividad Registral, capacitación, mejorar los sistemas de información, infraestructura edilicia adecuada, insumos y equipamiento, generar las condiciones para el mantenimiento del acerbo patrimonial de la Provincia y biblioteca para publicaciones en la materia.
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