El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
A poco más de diez años de su apertura y tras casi una década y media de lucha ambiental para impedir primero la puesta en marcha de la pastera y luego tratar de que cierre por sus efectos contaminantes, por primera vez el gobierno de Uruguay admitió de manera oficial que UPM (ex Botnia) contamina.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvtoma) de Uruguay multó con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382 mil pesos argentinos) a la planta de celulosa que la compañía finlandesa UPM tiene sobre el río Uruguay, en Fray Bentos, por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido.
La Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León informó la semana pasada que la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos fue multada en más de medio millón de pesos uruguayos, y según advirtió De León, la sanción económica, de un valor ínfimo para los presupuestos que manejan las compañías, responde a una relación directa con el nivel de afectación de las aguas. "Si fuera mayor, la multa también sería más cara", afirmó.
Por su parte UPM admitió el vertido de contaminantes al río Uruguay más allá de los límites permitidos y señaló la semana pasada ante periodistas locales que se trató de "algo puntual" que ya fue solucionado.
"Fue algo puntual. Fueron dos episodios que se registraron en diciembre 2016 y enero de 2017. La empresa ya informó junto con las autoridades en noviembre de 2017 ante la Comisión de Seguimiento", dijo el gerente de comunicaciones de la pastera, Matías Martínez.
Con la sanción a la pastera de origen finlandés por superar los niveles de contaminación tolerado, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú entiende que esta es una prueba fundamental para demostrar las denuncias contra UPM (ex Botnia).
“Oficialmente y por primera vez, el gobierno uruguayo reconoce la contaminación de Botnia, y lo hace de manera muy clara en la resolución que emitió al respecto, donde señala de manera textual que la sanción es ‘por estar excedido en los límites de contaminación’, lo que significa que ellos ya autorizaban una contaminación y que la pastera excedió ese límite”, sostiene ante ElDía el asambleísta Martín Alazard.
La sentencia dictada por la Corte Internacional de La Haya en 2010 afirmaba que había un aumento de contaminación en el río Uruguay, pero que no se podía determinar el origen de la misma. “Con el pago y la emisión de la multa, Botnia y el gobierno de Uruguay reconocen que la pastera contamina. Esperemos que se haga, a través del gobierno nacional, la actualización de la denuncia en la Corte Internacional de La Haya como corresponde”, exigió Alazard.
En el mismo sentido se manifestó el Senador nacional por el bloque Justicialista, Pedro Guillermo Guastavino: “Este hecho tiene valor porque sirve para seguir acumulando pruebas y elementos para volver a realizar una presentación en la Corte Internacional de La Haya para demostrar que efectivamente Botnia está contaminando y que hay pruebas concretas”.
“Es el camino que la propia Corte de La Haya nos planteó: colecten pruebas, y una vez que las tengan, obviamente tras un sinfín de cuestiones económicas y políticas, avancen a una posible instancia”, afirmó por su parte Andrés Sobredo, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Lamentablemente, tanto Alazard, Sobredo y Guastavino coinciden en que el mayor obstáculo para que todo esto sea favorable para la lucha ambiental de Gualeguaychú posiblemente esté de este lado de la frontera: “Tenemos que ver si el gobierno argentino quiere actuar”, recriminó Sobredo, mientras que Guastavino sostuvo que “lamentablemente, tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Tabaré Vázquez tienen una clara intencionalidad de disipar y terminar con este conflicto”.
“La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tiene que pedir explicaciones y la Cancillería argentina tiene que tomar medidas”, reclamó por su parte Alazard.
Fuentes: El Día / El Observador / El Once
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