El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Como ocurre con la reforma al sistema electoral, la reglamentación del artículo 13 de la Constitución provincial por el que se reconoce el “derecho al acceso a la información pública completa, veraz, adecuada y oportuna” es una asignatura pendiente que lleva años en Entre Ríos.
Tal como pasa con la reforma política, se cree que esta vez el contexto de un gobierno nacional que impulsa el debate de un proyecto de acceso a la información pública en el Congreso de la Nación puede generar el marco político adecuado para su aprobación en la provincia.
La iniciativa es del diputado provincial por la UCR, Jorge Monge, pero cuenta con el aval de toda la bancada de Cambiemos. Establece que el Estado entrerriano “reconoce y garantiza a toda persona el derecho de acceder a la información pública”.
El proyecto obligado a brindar información pública a “los tres poderes del Estado provincial, órganos centralizados o descentralizados, Tribunal de Cuentas, Entes Autárquicos Provinciales, Universidad, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta o con participación Estatal en la formación de decisiones societarias, Entes Privados prestatarios de Servicios Públicos, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Ministerio Público, Fondos Fiduciarios constituidos por el Estado Provincial o con participación de éste, Concesionarios y demás Contratistas del Estado y personas privadas a las que se haya otorgado subsidios o aportes públicos, en relación a éstos, los municipios y las comunas”.
También hizo referencia a los recaudos que deberán cumplir los pedidos de información; especifica cómo será el procedimiento y la respuesta, entre otros aspectos, publicó Página Política.
La iniciativa prohíbe brindar información sobre datos personales de carácter sensible que revelen “origen racial y étnico, opiniones políticas, religión, creencias ideológicas, filosóficas o morales, filiación sindical e información referente a la salud física o mental o preferencias sexuales y cualquier otra información íntima de similar naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, dice el proyecto.
EXCEPCIONES
El proyecto de ley que tuvo entrada ayer en la Cámara Baja, especifica las siguientes excepciones: a) la información catalogada por ley, acuerdo o decreto fundado como confidencial, secreta o reservada. La excepción se extenderá por un plazo máximo de diez años; b) cuando la entrega de información pudiera lesionar el principio de igualdad entre oferentes o información definida en pliegos de condiciones como de acceso confidencial, en los términos de las leyes de contabilidad pública y de contrataciones del Estado y sus disposiciones complementarias; c) cuando la información requerida fueran consejos, recomendaciones y/u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de decisión del Gobierno; d) cuando la entrega prematura de información pudiera comprometer la estrategia procesal del Estado en el trámite de una causa judicial o el deber de sigilo que debe guardar el abogado o procurador judicial respecto de los intereses de su representación o cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial.
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