El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El miércoles 31 de enero finaliza el receso de verano en la Justicia Federal y se aguardan decisiones importantes y sensibles en defensa del ambiente y contra la denuncia por supuesta contaminación generada por la Cooperativa de Agua de Pueblo General Belgrano.
En la edición del 7 de agosto de 2016 del diario El Argentino, bajo el título “Pueblo General Belgrano: la laguna sanitaria sigue sin solución y se espera la decisión de la Justicia”, se publicó un extenso informe donde se daba cuenta de lo que estaba sucediendo.
En ese artículo se indicó que la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios de Pueblo General Belgrano tiene a su cargo (a un costo importante para los vecinos) el tratamiento de los efluentes cloacales de esa localidad.
Pero, desde el 2015 –han transcurrido 9 años- mantiene un conflicto ambiental con los vecinos a raíz de que realiza el volcado de esas aguas infectadas de manera cruda al río Gualeguaychú y para colmo de males a cielo abierto.
Se trata claramente de un servicio que está mal implementado, peor ejecutado y que genera contaminación a uno de los cursos de aguas más vitales de la región como es el río Gualeguaychú.
Y esto ocurre mientras se promete un Comité de Cuenca para proteger la calidad de las aguas del río Gualeguaychú y Uruguay.
“Todavía se desconoce quién fue el funcionario que habilitó ese servicio, sabiendo que es una obra incompleta y que justamente lo que falta completar es el aspecto más esencial para tener en funcionamiento una laguna sanitaria: su funcionamiento y posterior volcado. En el mejor de los casos, se trata de una habilitación tan provisoria como criminal en materia ambiental y de saneamiento. Y encima, por esto cobran”, se consignó.
Los hermanos Salvia (Jorgelina Marisa, Carolina Isabel y Celso Roque) impulsaron desde 2015 una denuncia en la Justicia local denunciando estos atropellos, dado que advirtieron que ese volcado irregular de los desechos cloacales de todo Pueblo General Belgrano se hacía en su propiedad: un predio de 170 hectáreas que está ubicado en el Camino de la Costa al final (1).
En ese entonces, quien se hizo eco del malestar fue Jorgelina Salvia, quien contextualizó: “Nos dimos cuenta que nuestro campo se estaba inundando y que esa agua no era del río ni de la lluvia. Así nos percatamos que provenía de las lagunas sanitarias que pertenecen a la Cooperativa de Agua Potable de Pueblo General Belgrano. Y lo más triste, que esas aguas servidas siguieron su curso hacia el río Gualeguaychú a través de zanjones a cielo abierto”.
Así, los hermanos Salvia recurrieron a la escribana Cristina Iturrioz para que constatara, mediante acta notarial, lo sucedido. Desde entonces están reclamando por justicia. El legajo se inició en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 a cargo del entonces juez Leonardo Portela (hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos), quien alcanzó a advertir a las partes que estaba en condiciones de dictar sentencia, pero otorgó en ese año un cuarto intermedio que venció a mediados de agosto de 2016 para explorar la herramienta del diálogo y evitar la judicialización del conflicto, publicó el diario El Argentino.
Por eso, la Cooperativa -y de manera solidaria la Municipalidad de Pueblo General Belgrano- deben ofrecer alguna alternativa que contemple, como presupuesto de mínima, que el tendido de caños para el desagote no implique mayores daños ambientales al río. Y que el tratamiento que realizan a esas aguas negras sea el más adecuado ambientalmente. Como esto todavía no ha podido ser asegurado por escrito, los vecinos afectados se niegan a dar el permiso para el paso de ese tendido o conexión. *¿Puede una cooperativa de servicios volcar a cielo abierto, abriendo zanjones en calles públicas, los efluentes de los desechos cloacales de toda una comunidad? Claramente no. Pero lo hace desde siempre, aún mientras el lector repasa estas líneas.
Y ese interrogante puede ser acompañado por otros:
* ¿Puede una cooperativa de servicios volcar esos efluentes cloacales de toda una comunidad al río Gualeguaychú sin tener un estudio de impacto ambiental? Claramente no. Pero lo hace desde siempre hasta la fecha.
* ¿Pueden los municipios de Pueblo General Belgrano y Gualeguaychú tolerar que exista una laguna sanitaria de enormes dimensiones funcionando sin la concreción de elementales obras para su saneamiento? Claramente no. Pero lo consienten sin hacer nada al respecto e incluso tolerando el funcionamiento de una laguna sanitaria que está incompleta y que no tiene elementales estudios de impacto ambiental.
* ¿Pueden los vecinos permanecer impávidos frente a este atropello ambiental y a las más elementales normas de convivencia? Claramente no. Por eso se movilizan, han reclamado y cifran sus esperanzas que uno de los Poderes del Estado le ponga límites a esta forma de operar. Por eso existe este conflicto que tiene enormes repercusiones y que espera una decisión de la Justicia desde hace 9 años.
La Unidad de Información Financiera
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga por contaminación ambiental a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Pueblo General Belgrano.
La pesquisa iniciada por una denuncia que presentó el Fiscal interino a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes cloacales sin su correspondiente tratamiento por parte de la Cooperativa, provocando contaminación en el río Gualeguaychú y por ser tributario también en el río Uruguay.
Desde la UIF enfatizan en que la Cooperativa, con el deficiente tratamiento de los efluentes, omitiría su obligación de desarrollar medidas preventivas para el cuidado al ambiente. Por tal motivo, indican “que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera su actividad, resultaría clave para establecer no sólo la magnitud del daño ambiental y su costo ulterior de reparación, sino también la cantidad de activos ilícitamente generados para su beneficio”, tal como se informa en el portal oficial (2).
Asimismo, se ha requerido al juez interviniente, la formación de Legajos Patrimoniales de los imputados a los fines de profundizar la investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera este accionar. Para el organismo de control, este es un caso que además de poner en riesgo la salud pública, también se estaría afectando gravemente la producción de los terrenos aledaños.
La causa tramitó inicialmente en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017 denunciado: Cooperativa de provisión de agua potable y otros servicios públicos de Pueblo Belgrano S/infracción Ley 24.051 en su Artículo 55 (3).
La Policía Federal allanó a la Cooperativa
La Policía Federal Argentina, allanó en mayo de 2021 a la Cooperativa de provisión de agua, por estar denunciada de arrojar afluentes cloacales servidos al río Gualeguaychú, incurriendo en delitos ambientales.
En el operativo se inspeccionó el tratamiento de dichas aguas y se tomaron muestras para determinar la presencia de agua con mal olor y piletas de tierra que darían servicio a la red cloacal de Pueblo General Belgrano, Entre Ríos. Este trabajo de constatación será realizado junto con especialistas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Las y los efectivos Del departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la PFA efectuaron un gran despliegue en su momento con el objetivo de constatar el tratamiento de afluentes cloacales, el sistema utilizado, y entre otros, el recorrido del vuelco de las aguas que culminaría en los ríos Gualeguaychú y posteriormente al Uruguay. Con el deficiente tratamiento de los efluentes, la Cooperativa estaría incumpliendo con su obligación de desarrollar medidas preventivas para el cuidado del ambiente. Por ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha puesto a disposición para las acciones posteriores que deriven del caso (4).
A su vez, y como parte de la investigación criminal que se venía realizando, se logró determinar la existencia de un predio en el cual se encuentran instalados piletones de tratamiento de aguas cloacales utilizados por la cooperativa, por lo que también se allanó ese lugar.
Simultáneamente y por disposición del Magistrado interviniente, la PFA allanó el domicilio de los propietarios de la cooperativa y el despacho del contador de la misma, donde se secuestró importante documentación ambiental y contable patrimonial. Se le ha requerido al juez Federal que constituya los Legajos Patrimoniales de los involucrados, con el objetivo de profundizar la investigación sobre los flujos económicos que genera este accionar, consignó el diario El Argentino.
Cabe señalar que, desde la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), aseguran que este caso pone en riesgo no sólo la salud pública, sino que también afecta también la producción de los terrenos aledaños.
La Provincia debe multas millonarias
La Justicia provincial ya condenó a la Cooperativa de Agua Potable Pueblo General Belgrano, a que cese en el vertido de aguas servidas en la vía pública, así como a que efectúe un plan de gestión ambiental. A la Provincia y al Municipio de Pueblo General Belgrano también se los sancionó por no cumplir con los controles sobre el servicio de cloacas.
Pero, entre idas y vueltas el problema sigue, por lo cual concejales de esa localidad y el entonces senador departamental iniciaron gestiones ante el Ministerio de Planeamiento entrerriano para llegar a alguna solución. El Estado provincial, desde noviembre de 2020, paga multas de 5.000 pesos por día hábil hasta que pueda lograr encausar la situación, lo que acumula una cifra millonaria y casi escandalosa, reveló el portal Entre Ríos Ahora (5).
La Cooperativa de Agua de Agua Potable, el Municipio de Pueblo General Belgrano y la Provincia arrastran una serie de denuncias por contaminación, producto del desmanejo de los efluentes cloacales. Uno de los expedientes se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, con la Secretaría Criminal Nº 2, bajo la órbita de Lucas Claret, y en donde incluso tomó intervención la Unidad de Información Financiera (UIF).
En tanto en uno de los casos tramitados en los tribunales provinciales, se dictó condena el 14 de agosto de 2019 a instancia de una demanda de El Oasi SA, un complejo de cabañas turísticas que se sintió perjudicado por el vertido de agua servida y efluentes provenientes de las lagunas sanitarias del servicio brindado en dicha localidad. En esta sentencia, el juez Ricardo Javier Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3, de Gualeguaychú, ordenó el cese del volcado en “la vía pública” o en el inmueble de propiedad” de la demandante de “aguas servidas, efluentes y/o agua tratada en las lagunas sanitarias”. Asimismo, se estableció un plazo para la presentación de un estudio de impacto ambiental “correspondiente a las obras a realizar según el Plan de Gestión Ambiental para el sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Pueblo General Belgrano”. Nada se ha avanzado.
Es oportuno recordar que el juez Mudrovici hizo extensiva la condena a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y a la provincia de Entre Ríos “en relación a las funciones de control, ordenación, regulación y poder de policía que deben ejercer sobre el servicio de cloaca, a los efectos de que la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos Limitada de Pueblo General Belgrano cumplimente con lo ordenado en el apartado anterior”.
Esta sentencia luego fue apelada y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay –con los votos de los vocales María Fernanda Erramuspe, Federico José Lacava y Mariano Alberto López–, el 20 de noviembre de 2020 admitió parcialmente un planteo del Municipio que deslinda sus responsabilidades, dado que las piletas en cuestión están en el ejido de Gualeguaychú, hoy bajo la gestión del intendente Mauricio Davico. No es menor que la Cámara haya confirmado el resto de las responsabilidades y sanciones de la sentencia de primera instancia.
Por la extensión del tiempo y la gravedad de la contaminación ambiental, se aguarda que la Justicia adopte una decisión que permita dar previsibilidad a la salud y no que la salud esté amenazada por empresas de servicios y el propio Estado.
Referencias
3) https://www.diarioelargentino.com.ar/n/215022
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