El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En un comunicado conjunto de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) piden que el Congreso anule la Ley Nº 26.815 denominada de Manejo del Fuego.
La normativa sancionada en el 2012 con el objeto de establecer “los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional” fue modificada en el año 2020, estableciendo medidas para que la tierra quemada no pueda ser vendida e incorporada a fines productivos distintos a los que tenían antes de ser incendiada. Esta propuesta fue pensada en el marco de los focos ígneos provocados en la zona de islas. Ahora, apelando a una promesa de campaña del presidente Javier Milei, las entidades del campo apuntan a que se derogue la legislación que, según su punto de vista, establecen “castigos en lugar de soluciones”.
“Es hora de un nuevo debate que corrija los errores del pasado”, se titular el documento que dieron a conocer CRA, Farer y Carsfe en donde pide a los legisladores nacionales que deroguen la Ley Nº 26.815 de Manejo del Fuego o “al menos rever los artículos que conspiran contra la producción”, plantean en el escrito al que accedió ERA Verde.
En la proclama pública, los representantes ruralistas expresan que “en diciembre de 2020, y a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, limitando el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades diferentes al uso que esos campos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles, en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 años. Esta modificación nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas”, afirman en el documento.
En efecto, la normativa establece una estructura jurídica para el abordaje de la problemática de los incendios forestales. En este orden crea el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo que coordina las tareas de prevención y combate de incendios de todo el país. Estos trabajos apuntan a evitar y prever siniestros en áreas rurales y naturales organizando las distintas dependencias del Estado para estos cometidos. También crea un fondo y instaura sanciones para las infracciones.
Los ruralistas señalan en el comunicado a ERA Verde que “los cambios introducidos por el kirchnerismo no separan, entre otros aspectos, un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un sinsentido. De este modo, la ley actual considera de antemano que existe una presunción de intencionalidad, condenando a quien sufrió un accidente en su campo, sin tener derecho mínimo a la defensa”, manifestaron.
Protección de humedales
Como se recordará, las modificaciones que se introdujeron apuntaron en la Ley Nº 26.815 plantean que “en el caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”, se prohibirá por el término de 60 (sesenta) años desde su conclusión las ventas y subdivisiones para arrendamiento, así como “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”, se indica en la norma.
Esta redacción, según los ruralistas, se “protege ecosistemas y prohíbe que las áreas afectadas por incendios forestales sean utilizadas para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios”. Entiende así que “la coyuntura política del momento de la sanción de estas modificaciones dejó al desnudo la incapacidad del Estado para controlar el fuego y de buscar elementos lógicos y aplicables en un tema que merece atención y acción por parte de las autoridades de turno”.
Cuestionando la normativa, expresan que “en este escenario, y a partir de algunas voluntades legislativas que irían tras la derogación de la Ley, como así también la promesa realizada en el mismo sentido por el presidente (Javier) Milei en diciembre de 2023, resulta necesario al menos rever los artículos que conspiran contra la producción y que aplican castigos en lugar de soluciones, ya que las modificaciones introducidas conllevan en su seno injusticia, arbitrariedad, desconocimiento, y no consigue, de modo alguno, ir tras una solución al problema de origen”, concluyen.
De la Redacción de ERA Verde
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