El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El lunes volverá a reunirse la comisión de personal del Superior Tribunal de Justicia para volver a tratar el caso de los empleados temporarios, suplentes e interinos. La cesantía de los temporarios se había aprobado por acuerdo general del STJ el 23 de septiembre del año pasado. En un principio se había establecido como fecha límite el 31 de diciembre, pero luego se dispuso una prórroga hasta el 30 de junio.
En el latoso edificio de tribunales hay reuniones a contrarreloj, según dicen en los pasillos del segundo piso, para tratar de evitar que la sangre llegue al río. Lo que se busca, aseguran, es evitar el despido masivo de trabajadores que revistan como “temporarios”, “suplentes” e “interinos” y tienen menos de cinco años de antigüedad.
El lunes, un día antes de la fecha de cese, habrá un encuentro clave entre los integrantes de la Comisión de Personal, que integran Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, ampliada a la participación de los titulares de los ministerios públicos, Maximiliano Benítez (defensa) y Jorge García (fiscalía), referentes de la Asociación de Magistrados y del gremio de trabajadores judiciales (AJER). El objetivo es que de allí surja alguna recomendación para el acuerdo general del STJ del día siguiente.
En estos meses se han sucedido reuniones y negociaciones que permitieron, en principio, reducir la nómina de trabajadores en situación crítica, “pero la idea es que nadie pierda su trabajo”, aseguró a Página Judicial una alta fuente de tribunales.
También se establecieron criterios más bien humanistas: se excluyó a mujeres embarazadas, agentes que tuvieran hijos discapacitados a cargo, jefes de familia que fueran único sostén.
Estos criterios, en principio, permitieron reducir la nómina inclusive a un número menor a los 166 trabajadores que la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, le envió el 3 de octubre pasado al gobernador Sergio Urribarri disponiendo la prórroga de las designaciones del personal temporario.
Respecto del resto, se analizan algunas alternativas, que van desde establecer una nueva prórroga en sus contratos; la posibilidad de concederles un puntaje especial respecto de sus antecedentes cuando se presenten a los concursos; o conformar con ellos una estructura de personal con derecho a permanencia, pero sin estabilidad ni posibilidades de hacer carrera, como se hizo con aquellos temporarios que tienen más de cinco años en el Poder Judicial. Pero habría otras posibilidades en carpeta.
De las gestiones, por ejemplo, también surgió una ley por la cual se crearon 84 nuevos cargos para el Poder Judicial y 192 cupos de personal temporario. De estos últimos, 137 cupos serán para el STJ, 25 para la Procuración, 20 para la Defensoría y 10 para el Tribunal Electoral, de acuerdo a lo establecido por la Ley Número 10.374, aprobada el 27 de mayo por la Legislatura y promulgada hace unos días por el Poder Ejecutivo.
Más intransigente sigue siendo la posición del gremio ante el conflicto. El secretario adjunto de AJER, Fernando Cañete, ratificó la postura a favor de los despidos y lanzó dardos hacia Daniel Carubia, aunque sin nombrarlo: “Siempre hemos mantenido la misma posición: el ingreso al Poder Judicial y el ascenso en la carrera administrativa debe ser por concurso. Hubo presidentes anteriores que abrieron la puerta y la ventana para dejar entrar amigos, parientes, conocidos y todo tipo de gente con vinculaciones afectivas. Eso llevó a que ingresaran 521 interinos”, disparó en el programa A quien corresponda (Radio de la plaza). Según Cañete, los trabajadores interinos “imposibilitaban que quienes estaban en la carrera administrativa pudiesen ascender”.
El despido de los trabajadores temporarios con menos de cinco años se había aprobado por acuerdo general del STJ, el 23 de septiembre del año pasado, en el marco de un plan de regularización de la planta de personal del Poder Judicial. “El corte supone un parámetro de justicia, dado que los que tienen menos de esa antigüedad (cinco años), han podido en Paraná, y en la mayoría de las jurisdicciones, rendir concursos abiertos de ingreso al Poder Judicial dos veces, y en el resto de las jurisdicciones por los menos una vez”, fue el fundamento que utilizó en su momento la Comisión de Personal.
Fuente: Página Judicial
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