El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La jueza Marina Barbagelata rechazó un pedido de abogados defensores para la suspensión de todos los actos procesales hasta que se resuelva el conflicto de competencia. De esta forma, la causa podría avanzar en la remisión a juicio e incluso realizar el debate, como pretende el Ministerio Público Fiscal.
La jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó un planteo efectuado por algunos abogados defensores para que se disponga la suspensión de todos los actos procesales en la causa por las contrataciones irregulares en la Legislatura entre 2008 y 2018, publicó Página Judicial.
Lo que pretendían los abogados defensores, principalmente, era la suspensión de la remisión de la causa a juicio hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva sobre el conflicto de competencia planteado entre la justicia provincial y la justicia federal.
La resolución de la jueza es determinante para el futuro de la causa: en lo inmediato, se confirmó una audiencia prevista para este miércoles donde se analizará la recusación de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, promovida por un grupo de defensores. Pero el aspecto más importante del fallo está implícito, ya que habilita la continuidad del trámite de remisión de la causa a juicio, y eventualmente realizar el debate oral y público, tal como pretende el Ministerio Público Fiscal, más allá del tiempo que le tome a la Corte Suprema resolver sobre la competencia.
La disputa por la competencia había surgido a partir de una presentación efectuada por abogados defensores de algunos imputados bajo el argumento de que el dinero sustraído de la Legislatura había sido utilizado para financiar campañas electorales.
El juez federal Daniel Alonso, en un fallo que no abunda en fundamentos, hizo lugar a lo que pretendían las defensas, a pesar de la opinión en contrario del fiscal federal Carlos García Escalada, que hace unos días rechazó esa posibilidad.
Sin embargo, la jueza Barbagelata ratificó la competencia de la justicia provincial, en principio, porque los delitos fueron cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado provincial; dice además que una parte del dinero quedaba en poder de la organización y se utilizó para el desarrollo de actividades agropecuarias mediante la compra y venta de ganado, a la compra de inmuebles y al desarrollo inmobiliario mediante la construcción de edificios; y aseguró que “no surge que (el dinero) se hubiera derivado a la actividad político-partidaria”, lo que ameritaría la intervención de la justicia federal.
Así quedó trabado un conflicto positivo de competencia –cuando dos jueces reclaman para sí la instrucción de una causa– y el asunto deberá ser resuelto ahora por la Corte Suprema. Esta determinación de la jueza Barbagelata habilita a la justicia provincial a continuar con el proceso de remisión de la causa a juicio que hace algunas semanas presentaron los fiscales Yedro y Aramberry.
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