El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, detalló que la empresa distribuidora de gas en la provincia pidió un aumento tarifario que irá del 26,27 por ciento al 41,65 por ciento, dependiendo de la categoría de consumo a la que pertenezca el usuario. La suba comenzaría a regir a partir de abril, una vez que la autorice el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Las distintas distribuidoras de gas del país plantearon este jueves en la audiencia pública celebrada en Buenos Aires, un aumento tarifario previsible que llegaría en algunos casos al 58 por ciento.
En lo que respecta a Entre Ríos, el aumento alcanzaría el 41,65 por ciento, dependiendo de la categoría de consumo a la que pertenezca el cliente.
En este sentido, Luis Garay, explicó que tanto las empresas distribuidoras como los Defensores del Pueblo solicitaron un “sinceramiento del aumento”; ya que éstos venían haciéndose por etapas. Lo que plantearon fue que este sea realice todo junto y de modo semestral.
“Primero aumentaba el precio en boca de pozo, luego el de la distribuidora y por último el del transporte, lo que llevaba a que nunca hubiera una claridad en cuanto al monto real del aumento”, explicó en diálogo con la agencia APF.
Por otro lado, Garay detalló que el aumento solicitado por Redengas responde a la quita de subsidios por parte del Estado Nacional, y al aumento semestral del servicio que se planteó a partir de la administración de Mauricio Macri.
“Como defensores del pueblo planteamos que el fallo de la Corte Suprema, que ordena que los aumentos se realicen de forma razonable y previsible luego que Aranguren decidiera un aumento del 2.000 por ciento para la tarifa del gas, no se está cumpliendo porque el precio se está fijando sólo como una cuestión empresarial, y no teniendo en cuenta al usuario”, disparó.
Al respecto, aseguró que se está hablando de aumentos del más del 40 por ciento, “cuando el aumento salarial es del 15”. “Existe un desfasaje entre los aumentos y el poder adquisitivo de las personas. Las empresas plantean que al quitarse los subsidios se ven perjudicados, cuando los que se perjudican son los usuarios, ya que son los que amortizan con su salario el aumento en servicios que son públicos y básicos”, dijo.
Por último, Garay adelantó que los Defensores del Pueblo pidieron que el nuevo esquema propuesto no se aplique a la tarifa social, “ya que no han existido cambios o mejoras socioeconómicas de los usurarios desde octubre de 2016” para que se justifique reducir los beneficios.
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