El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, encabezará este viernes en el Salón de las Mujeres Argentinas, el acuerdo para la refinanciación de deudas entre el Estado nacional y 18 provincias argentinas. En el acto estarán presentes el ministro de Economía, Axel Kicillof; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; y los gobernadores de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego.
Esos 18 distritos son los que tienen deudas con la Nación al ser canjeados sus bonos provinciales por otros títulos emitidos por el Ejecutivo a partir de la creación de un fondo de desendeudamiento lanzado en 2010 e implementado en 2011. Esta vez, la nueva refinanciación de deudas permitirá que las administraciones involucradas puedan reprogramar todos sus pagos a la Nación previstos para 2014, aunque para ser beneficiadas deberán cumplir con ciertos requisitos que serán monitoreados de forma trimestral, a lo largo del año.
El propio Capitanich, al anunciar el método de compensación de los vencimientos que las provincias debían cancelar en 2014, explicó que la refinanciación de las deudas "regirá para tres meses renovables a través de un sistema también de compensación con aportes del Tesoro Nacional", en alusión a los famosos ATN. "Esto va a generar las condiciones satisfactorias desde el punto de vista de la amortización de deudas por parte de las provincias", aseguró. Según informaron a este diario desde la Jefatura de Gabinete, el acuerdo entre la Casa Rosada y las 18 provincias que mantienen deudas con el Estado Nacional podría implicar –en el caso de que las administraciones provinciales cumplan con las exigencias trimestrales– una refinanciación global de 11.683 millones de pesos para todo 2014.
El nudo del acuerdo consiste en una prórroga parcial, que se irá renovando cada tres meses de las amortizaciones que las provincias debían comenzar a pagarle a la Nación tras haberse beneficiado con una primera refinanciación a 20 años, con una tasa de interés fija del 6 por ciento. "Estamos continuando con una política que el gobierno nacional viene implementando desde hace años. Se las va a refinanciar con largo plazo. Con este acuerdo, las cuotas van a bajar, los próximos vencimientos se van a postergar. Los plazos de prórroga van a ir siendo parciales, trimestrales, para ir siguiendo distintas metas: en una primera etapa, menos exigente, se les va a pedir información; luego se va a avanzar hacia otras metas, vinculadas al equilibrio fiscal, políticas salariales, políticas de seguridad, creación de empleo, promoción de exportaciones y la adopción de alguna medida de salud pública, como la lucha contra el dengue", informó a este diario el subsecretario de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete, el chaqueño Fabricio Bolatti.
La refinanciación de las deudas provinciales beneficiará principalmente a las jurisdicciones que están más asfixiadas en su situación financiera: el caso más crudo es Buenos Aires, que con este acuerdo podrá reprogramar pagos a la Nación por 4000 millones de pesos. Le sigue, en un ranking virtual de administraciones con problemas financieros, Córdoba. Si hoy no hay contratiempos, la provincia que gobierna José Manuel De la Sota refinanciará vencimientos por alrededor de 900 millones de pesos. "Con este acuerdo, que incluye quita, refinanciación y período de gracia, las provincias van a poder oxigenar sus presupuestos", señaló Bolatti en diálogo con Tiempo Argentino.
El acuerdo que se presentará hoy a la mañana en el primer piso de la Casa de Gobierno no afectará a seis distritos, aquellos que no mantienen deuda con la Nación: se trata de Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gobernadas por distintas fuerzas políticas (desde el FPV, espacios aliados al kirchnerismo, el PJ tradicional, hasta expresiones opositoras como el PRO y el socialismo santafesino), estas seis jurisdicciones reciben desde el año 2002 un monto adicional a la coparticipación automática que gotea todos los años –el 74 por ciento de lo que se recauda con los impuestos coparticipables, que asciende a 643.840 millones de pesos– como virtual premio por no precisar asistencia financiera ni salvataje alguno del Estado Nacional, publicó Infobae.
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