El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Las cifras surgen del relevamiento que realizan desde la campaña “Paren de fumigar las escuelas” impulsada por la seccional uruguayense de Agmer y la Asamblea Ambiental desde hace dos años. Una de las impulsoras de la campaña explicó a El Miércoles Digital que los campos están arrendados a empresas que no son vecinos de la zona, por lo cual en muchos casos no se sabe a quién reclamar. El dato es más que pertinente: la Legislatura discute una ley sobre uso de agroquímicos que ha recibido duros cuestionamientos. Los senadores dieron marcha atrás y ahora invitan a anotarse por mail para proponer modificaciones.
Por Américo Schvartzman
Informe: Jorge Rubén Díaz
“Paren de fumigar las escuelas” es el nombre de la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos en distintos lugares del país. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba han denunciado recientemente que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales allí emplazadas fueron fumigadas.
La delegación uruguayense de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Rios (Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales. La intención es difundir y concientizar sobre los peligros y consecuencias que generan en la salud de la población, en los animales de la fauna autóctona y en la naturaleza en su conjunto, el mal uso de los productos utilizados como parte de la agricultura industrial, los denominados agroquímicos rebautizados por los ambientalistas como “agrotóxicos”.
El problema sigue siendo cotidiano, pese a los carteles que los impulsores de la campaña vienen instalando (semejan las señales de tránsito y resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”).
En un informe que dio a conocer la campaña dias atrás, se consigna que se relevaron 28 escuelas, y en ellas observaron que 25 poseían lotes de agricultura industrial cercanos y 18, sembrados a menos de 50 metros. De estas últimas, 15 observaron fumigaciones y de esas, 11 fueron en horario de clases. Ningún fumigador avisó de su accionar mientras que solo cinco docentes recurrieron a la policía. A raíz de ello 237 menores y 43 mayores fueron afectados, principalmente por problemas respiratorios y en la piel.
Elbi Esteve, integrante de Agmer Uruguay y una de las responsables de la campaña “Paren de fumigar las escuelas”, explicó a El Miércoles Digital que entre las tareas que realizan, van a las seccionales de ese gremio; organizaron dos encuentros provinciales, hicieron un mapeo de cada departamento donde son los mismos docentes los que aportan los datos de las escuelas, “tomamos la idea de un colectivo que se llama Iconoclasistas” agregó.
Consultada por este sitio si creen que han mermado los problemas, si los productores o pooles de siembra tienen más cuidado o sigue todo igual; la docente fue contundente: “Cuando arrancamos allá por el 2012, nos reunimos con el senador Oscar Arlettaz (FPV-departamento Colón), que está trabajando en la ley, le aportamos varios datos que ignoraban. Al cambio lo notamos en los docentes, en los productores no tanto. Con este modo de agricultura los campos están arrendados y en la mayoría de los casos no son vecinos de la zona los productores, son empresas y en muchos casos no se sabe a quién le deben reclamar”.
LO QUE HACEN
La tarea consistió en entregar a los docentes información sobre las afecciones que causa la fumigación en la salud; la legislación, tanto provincial como nacional; y pidiendo que hagan un cuadro de situación, un relevamiento de lo que sucede en sus escuelas: cantidad de alumnos, si alguna vez fue fumigada, qué agricultura se realiza en los lotes aledaños a la escuela.
Si bien no hay datos acerca de ningún tipo de seguimiento epidemiológico oficial, en el relevamiento de Agmer y la Asamblea uruguayense el detalle de las afecciones a la salud surge de las respuestas de los docentes al requerimiento: al señalar las enfermedades más comunes que percibe en la zona de su escuela, las maestras señalan afecciones en la piel, en vías respiratorias, vómitos, náuseas, afecciones gastrointestinales y cáncer.
En tanto, Esteve confía en que la tarea que desarrollan sea utilizada por las autoridades de Educación y de Salud, dado que aportan datos concretos a una realidad que preocupa, como lo es la fumigación con “agrotóxicos”.
“Nosotros armamos el relevamiento, lo pasamos y lo ponemos a disposición, porque se puede, con estos datos, empezar a implementarse otras formas de repensar desde la escuela la educación ambiental, dándole una mirada crítica, contemplando los problemas ambientales de la zona”. La docente aseguró a este medio que en su lucha intentan, además, que en las escuelas se instale el concepto de soberanía alimentaria, es decir la preocupación no solo por la afectación a la salud de las personas sino también el debate por el modelo de producción que genera estas situaciones.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
POR TODA LA PROVINCIA
Ante la iniciativa de docentes y ambientalistas de Concepción del Uruguay, la Comisión Directiva Central de Agmer dio el visto bueno a la posibilidad de extender ese relevamiento a toda la provincia. “Ahora estamos yendo hacia los departamentos del norte y supongo que cerca de fin de año estaremos en Gualeguaychú”, adelantó Elbi Esteve y comentó que se encuentran en su recorrida “con realidades completamente distintas. Ahora, por ejemplo, hicimos los departamentos Concordia y Federación. Y el tema de los agrotóxicos está presente en la fumigación de todos los citrus”.
En el proyecto la acompañan Jorge Bevacqua y Aníbal Fraiman, integrantes de la Asamblea Ambiental, a lo que se suman también estudiantes de la carrera de Saldu Ambiental de la UNER, como los casos de Martín Toni y Emilio Vitale de Gualeguaychú.
Agregó que “afortunadamente, ahora las autoridades de escuelas y los docentes empiezan a interesarse, porque no solo son los casos de las escuelas que son fumigadas que están en horario de clases, sino también el manejo de los agrotóxicos que se hace en los hogares. Así que hacemos concientización”.
La docente recordó que “hay que exigir que se cumpla la legislación. Es decir, el aplicador del agroquímico debe avisar con 48 horas antes de fumigar y debe contar con una receta agronómica. Y quizás el docente no lo exige porque no lo sabe. Todo eso es lo que entra en la legislación, que lamentablemente no se cumple. Entonces, una vez que conseguimos que un aplicador avise, eso ya es un logro. De manera que el docente de ahí en adelante tomará las medidas en cuanto a la legislación escolar sobre qué cuestiones debe hacer”.
PARA EL DEBATE
El periodista Darío Aranda, especializado en temas ambientales, refiere en una reciente nota en Página/12 que la Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, en el Chaco un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas
La legislatura entrerriana trataba una controvertida ley sobre el tema, pero la aprobación se frenó por la movilización de sectores ambientalistas. Con una radio abierta, organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales realizaron una nueva intervención para informar sobre el proyecto de Ley que trata el Senado de Entre Ríos sobre uso de agroquímicos en la provincia, sensibilizar a la población y advertir a los legisladores que la iniciativa que tratan en comisión no tiene licencia social.
“Pudimos frenar su tratamiento, aunque no es garantía de nada porque el Cuerpo tiene mayoría absoluta y puede tratarlo cuando quiera”, advirtió a AIM Digital de Paraná, el coordinador del programa de extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, Luís Lafferriere.
Lafferriere hizo pública su preocupación y explicó que “la única garantía para frenar esta iniciativa, es que la sociedad comience a movilizarse, como lo ha venido haciendo hasta ahora, para mostrar que no es un grupo aislado el que ofrece resistencia, sino que cada vez más personas se unen para trabajar y frenar este proceso, que nosotros decimos que es un genocidio lento, silencioso y agresivo, que se está dando en todo el territorio provincial”.
QUEJA DE SENADORES OFICIALISTAS
Por su parte, los senadores oficialistas (hay que recordar que el Senado entrerriano es monocolor: todos pertenecen al partido de gobierno), explicó en un comunicado, por qué diero marcha atrás con el proyecto: se quejaron de haber sido “maltratados” por los activistas ambientales en las declaraciones a la prensa y aseguraron que se abrirá una “nueva convocatoria” para todo aquel que quiera hacer aportes. “No envenenamos escuelas y poblaciones”.
“Lamentablemente la población de la provincia de Entre Ríos no avanzará hacia una regulación del uso de fitosanitarios. Los senadores hemos decidido no tratar el proyecto en la próxima sesión. A pesar de llevar ya dos años de trabajo y de haber recibido a muchísimas asociaciones (incluidos productores y ambientalistas), de haber analizado importantes trabajos de Instituciones nacionales como la Universidad Nacional de Buenos Aires, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre otros y ante virulentas declaraciones públicas y un sistemático ataque a todos los senadores que integran esta Cámara hemos decidido suspender el tratamiento de la Ley, por ahora”.
En el comunicado se especificó que los senadores fueron tratados de `malditos´, en partes de prensa que no llevan ni la firma ni el nombre de persona alguna. “Hasta en un diario de Paraná se aseguró que habrá una ´guerra civil´ si se le daba media sanción al proyecto de ley, algo así como o aprueban lo que yo quiero o me alzo en armas; es imposible ante este grado de irracionalidad y fundamentalismo tratar de razonar y realizar un debate próspero en el recinto”.
PROPUESTAS POR MAIL
Los senadores se justifican diciendo que “no inventamos los fitosanitarios, hemos tenido la inquietud de trabajar fuertemente en una ley que regule el uso de los mismos. Los senadores provinciales no tenemos la potestad de definir qué productos se pueden usar y solo intentamos regular la utilización y la dosis de los que el Senasa”.
Luego aclaran: “Queremos que se utilicen correctamente para que no haya más entrerrianos que por la incorrecta manipulación de los mismos pudieran enfermarse”, agregando luego aspiran a “sancionar una Ley en la que se manifieste concretamente con cuánto tiempo de antelación deben avisar quienes fumiguen cercano a una escuela o centro poblado y que los productos sean amigables con el medio”.
El megabloque informó que abrirá una nueva convocatoria para “escuchar” a todos los sectores. En ese marco, convocó a una inscripción. Las asociaciones o instituciones que puedan aportar al proyecto de ley serán recibidos y deberán inscribirse en el siguiente e-mail: oscararlettaz@hotmail.com, consignando nombre y apellido de las personas; asociación o institución a la cual representa, y por escrito, cuáles son las modificaciones que creen son necesarias a la iniciativa.
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