El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Desde 2018 las familias campesinas de San José, Departamento de Colón de la provincia de Entre Ríos -que están nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT)- lucharon por poder acceder a una tierra en la que poder trabajar.
Soportando en el último año y medio el embate de la Justicia provincial a partir de intentos violentos de desalojo, se logró el 10 de septiembre del 2020 la firma de un acuerdo entre la UTT, el municipio de San José y el gobierno provincial.
Este acuerdo se basa en tres puntos centrales: la garantía provisoria del hábitat, la garantía de ingresos vinculado al esquema productivo y el armado de una mesa de trabajo para el acceso a la tierra que involucra al gobierno provincial, organismos nacionales y al municipio. La mesa deberá garantizar que en seis meses haya una resolución definitivo
El uruguayense Christian Omar Acosta, delegado provincial UTT Entre Ríos, dijo a El Miércoles Digital “es un gran paso el que se pudo dar el del llegar a un acuerdo con el Estado, estas familias habían sido penalizadas por el supuesto delito de usurpación cuando en realidad era una ocupación del lote. Jurídicamente tiene distintas implicancias porque las familias no se asentaron con la intención de asentarse sino que fueron llevadas mediante un mecanismo que es bastante repetido en la región, son familias que son convocadas para las actividades agrícolas y después van quedando en el territorio. Fueron asentadas ahí por una persona del lugar que la Justicia deberá investigar su responsabilidad” explicó.
Y luego agregó “como organización venimos planteando la necesidad de un Procrear rural que con el mismo monto que nuestros compañeros pagan el arriendo de un campo puedan pagar la cuota de la tierra para la producción” indicó y anticipó “ahora empezaremos un proceso de articulación con el Estado provincial y nacional para ver como se le da solución definitiva a estas familias”.
Además reprochó “lamentablemente estos mecanismos son repetidos y las familias quedan desprotegidas ante la acción penal, son expulsadas y terminan en barrios precarios en las localidades entrerrianas. Para que tengamos una dimensión del tema hay localidades donde las comunidades misioneras, correntinas y hasta paraguayas están representando hasta el 15 y 20 por ciento de la población. Generalmente por su saber a las actividades del monte han sido vinculados a la labor de la madera. Es fundamental que el Estado esté presente y que pueda ir resolviendo conjuntamente con la organización la situación definitiva de estas familias, hemos planteada la producción de alimentos para el abastecimiento del Estado, sabemos de la difícil situación que atraviesan grandes sectores de la población”.
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