El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El ex diputado está imputado en cuatro delitos, uno de ellos por enriquecimiento ilícito por una cifra que supera el millón de dólares. El tribunal puso dudas sobre las pericias en el marco del juicio abreviado y rechazó el acuerdo por unanimidad. Rechazo a la calificación legal en el punto sobre la violencia de género.
Informe de PÁGINA JUDICIAL
El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa, rechazó el acuerdo en la causa que lo tiene el ex diputado justicialista, José Ángel Allende imputado por cuatro delitos: negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, violencia de género y amenazas.
Fue un hecho inusual sin antecedentes. En primer lugar por tratarse de un juicio en el que se imputan delitos graves a un ex funcionario se haya resuelto en esta instancia de abreviado pese a haber transcurrido un largo período cuando ya el tiempo dejó de ser un capital a salvar. En segundo lugar llamó la atención que la resolución del mismo no sido en una sola audiencia.
El acuerdo al que se había llegado implicaba una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. El pago de una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; por haber hostigado durante mucho tiempo a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado que pediría una pena de dos años de prisión condicional.
En el primer acto, la semana pasada, fue el turno del tribunal para marcar punto por punto las dudas que tenía sobre el acuerdo realizado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del ex legislador representada por Leopoldo Lambruschini, Julio Federik y Marcos Rodríguez Allende.
Se reprochó buena parte de las pericias. Las diferencias que había entre los diferentes peritos; el monto que se fijó en 1.069.841,19 dólares y por qué la multa de 3 millones de pesos estaba en pesos y era un porcentaje relativamente menor a lo que se presumía.
También se reveló, la semana pasada, la existencia de un departamento que no estaba en el patrimonio. El otro punto que se puso en dudas fue la calificación en la causa de violencia de género contra la ministra por amenazas simples. El tribunal, luego de escuchar el relato y las evidencias recolectadas por el fiscal Leandro Dato, preguntó si los hechos allí narrados no encuadrarían en coerción agravada, cuya pena es más alta. Aquí el paso a paso de las dudas.
La defensa
Fue Lambruschini quien se encargó este jueves de dar el punto de vista de la defensa a las dudas manifestadas por el tribunal. La Fiscalía, integrada por Dato, Piérola y Laura Cattáneo, no hizo uso de la palabra.
En el inicio de la audiencia, el defensor pidió hacer algunas aclaraciones a las dudas planteadas por el tribunal una semana atrás. Dijo que “no se trata de un acuerdo espurio y negociado” respecto de la cuantificación del enriquecimiento y recalcó que la investigación tuvo “enormes contratiempos”, entre los que enumeró las dificultades para realizar una pericia contable sobre el patrimonio del ex legislador e incluso remarcó que una primera pericia “lo sugería pero no lo cuantificaba”.
También dijo que la decisión de establecer un corte en la investigación en el enriquecimiento registrado hasta el año 2017 forma parte de una facultad del Ministerio Público Fiscal y que se hizo de ese modo por una cuestión “pragmática”: “Hubiese resultado imposible avanzar en el proceso si Allende continuaba siendo funcionario público porque eso implicaría renovar la prueba para su actualización conforme irían pasando los meses mientras seguía ocupando su cargo. Eso haría imposible llevar un proceso en esas condiciones porque significaría hacer una indagatoria cada vez que se renovara la acusación para pedirle una justificación patrimonial”, explicó.
Sin embargo, aclaró que la investigación podría renovarse respecto de otros períodos no comprendidos en la acusación sin que eso viole la garantía de no ser juzgado dos veces por un mismo delito.
Del mismo modo, aseguró la inocencia de los hijos, la ex esposa y la actual pareja de Allende, que también habían sido imputados inicialmente. En el acuerdo de juicio abreviado se insta al sobreseimiento, pero Lambruschini afirmó que “no es competencia del tribunal juzgar la situación de los coimputados, sino que solo debe expedirse sobre la situación de Allende, y será el juez de instrucción el que resuelva la situación procesal de los partícipes”. No obstante, resaltó que “Allende ha admitido que los otros imputados actuaron como meros instrumentos y que desconocían la ilicitud del origen de los fondos que dan lugar al incremento injustificado del patrimonio y nunca se encontró sospecha suficiente respecto de ellos para imputarlos y citarlos a indagatoria”.
En cuanto al monto de la multa de 3 millones de pesos que debería pagar Allende en caso de ser condenado, el defensor afirmó que “no tiene antecedentes en la historia judicial entrerriana”. Dijo además que el enriquecimiento ilícito se calculó en dólares “al solo efecto de tener una referencia o equivalencia en una moneda dura en relación con la depreciación del peso y para cuantificar el decomiso; pero el enriquecimiento fue en pesos y la multa debe ser aplicada en pesos”.
El tribunal, finalmente, lo rechazó luego hacer una crónica de todo el proceso y citar jurisprudencia.
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