El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Este sábado 13 de enero se cumplen 22 años de la desaparición de la familia Gill y el voluminoso expediente donde se describe con lujo de detalles todo lo actuado desde el inicio de la investigación se mantiene activo solo por el trabajo del juez Gustavo Acosta y de María Adelia Gallegos, la madre de Margarita.
Cada uno por su lado busca datos y han recorrido cientos de kilómetros visitando posibles testigos. Cada uno desde su lugar mantiene viva la llama de un caso que va rumbo a convertirse en un emblema de la inoperancia judicial y policial entrerriana.
Lo único que hay como novedad hoy en el caso es que el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 12 millones de pesos la suma de dinero que se ofrece como recompensa para quien aporte datos sobre los seis integrantes de la familia desaparecida en 2002, indicó diario Uno.
Anteriormente la última resolución importante en la causa tuvo que ver con un planteo que hicieron las hijas de Alfonso Goette quienes pretendieron presentarse como querellantes en la causa, pero el juez de Garantías Gustavo Acosta les rechazó el pedido.
El tiempo favorece la impunidad y en este caso queda más que claro. Tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Ministerio Público Fiscal jamás mostraron un interés verdadero por esclarecer el caso. La cabeza de la Procuración jamás envió un equipo de fiscales para abordar con seriedad el caso. Es más, enviaron un fiscal auxiliar que terminó eyectado de la ciudad de Nogoyá por denuncias de género.
El Poder Ejecutivo también tiene su cuota de responsabilidad: los gobernadores Sergio Montiel, Jorge Busti, Sergio Urribarri (además ministro de Gobierno) y Gustavo Bordet no se interesaron por la desaparición más grande de personas desde el advenimiento de la democracia en la provincia de Entre Ríos.
Hasta este 2024 no hay policías ni funcionarios judiciales sancionados. Tampoco los habrá. Ya es más que difícil encontrar si hubo omisión o desidia en el trabajo investigativo realizado. Y a no ser que alguien cuente algo el caso va a seguir de esta manera.
Búsqueda
La pesquisa se centra en el paradero de José Rubén ‘Mencho’ Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2. Todos desaparecieron de la faz de la tierra en enero de 2002.
Todos ellos vivían en la estancia La Candelaria de alrededor de 500 hectáreas, ubicada en Crucecitas Séptima, a 50 kilómetros de Paraná, la cual pertenecía entonces a Alfonso Goette, quien murió en 2016 en un accidente automovilístico.
La ausencia de la familia Gill fue dada a conocer, en primer lugar, por el empleador, quien visitó a una de las hermanas de ‘Mencho’ para preguntar por ellos, y seis meses después, en agosto de 2002, un familiar hizo la denuncia.
Los años pasaron y el mayor impulso en la causa llegó tiempo después de la muerte de Goette, en 2017. Ese año un testigo contó que el 14 de enero de 2002 había visto a Gill quejándose por los pozos que le había ordenado cavar el dueño del campo donde trabajaba. Con ese testimonio, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, encabezó un allanamiento en la estancia y puntualmente sobre la zona que marcó el testigo.
En 2018, se registraron imágenes de video y fotografías para determinar la ubicación y las coordenadas del campo donde trabajaba Gill. Luego, en 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó junto al Gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque con resultados negativos.
En ese marco, el 17 de octubre de 2002 se volvieron a realizar excavaciones en la parte norte del campo, donde cruza un arroyo, aunque con resultados negativos.
El juez Acosta mantiene vivo el caso. Además de todo el trabajo sigue acompañando a María Adelia Gallegos, que quiere saber qué pasó con su hija, su yerno y sus nietos.
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