Se trata de un dinero que el Poder Ejecutivo había decidido desembolsar a los funcionarios y empleados judiciales, en acuerdo con el Superior Tribunal de Justicia, pero algo pasó. El episodio remite a la época de la pandemia.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
Los integrantes del Poder Judicial reclaman, hace un tiempo, un incremento salarial que fue otorgado pero no percibido por magistrados y empleados. Ocurrió en pandemia, cuando la Ley de Emergencia Solidaria dictada en Entre Ríos dejó sin efecto por un tiempo la ley de enganche. Esto impidió que se asignara un aumento que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y homologado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero no acreditara en la provincia.
Eso motivó reclamos de carácter administrativos que hoy reposan en despachos de Casa de Gobierno.
La intención del Poder Ejecutivo es hacer lugar al reclamo de los judiciales, pese a que en su momento desde enfrente atacaran la Ley de Emergencia Solidaria que había sido aprobada en un marco especial y cuya vigencia fue de un año. La misma fue promulgada en julio de 2020.
Integrantes del Poder Judicial litigaron en los tribunales por entender que era inconstitucional, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la validó en el legajo “Rombola Elida Beatriz c/ Superior Gobierno de Entre Ríos y CJPER s/acción de amparo”.
Los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Emilio Castrillón coincidieron en que la Ley Número 10.806 encuadraba dentro de la denominada “Doctrina de la Emergencia”, y que una afectación del orden del 6 por ciento, como era en este caso, no afectaba derechos constitucionales.
¿Por qué se frenó el desembolso? En Casa de Gobierno estaba todo listo para liquidar ese dinero –según reconstruyó Página Judicial–, pero quienes debían hacerlo se encontraron con la negativa –no se sabe si parcial o temporal– de Gustavo Bordet. El gobernador había acordado con la presidenta del STJ, Susana Medina, pero algo sucedió.
Si se mira la agenda judicial que planteada para este año electoral, probablemente no cueste entender por qué se enfrió el trámite.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos iniciará una ronda de conversaciones, en el marco del proceso electoral, en la que convocará a todos los candidatos. La idea es plantear necesidades concretas, en el plano de la inversión y legislativo, para el funcionamiento de los tribunales, entre otras cosas, que debían tratarse ya en el gobierno que viene. Adán Bahl ya tiene su invitación, que aceptó. En la lista no aparece esta cuestión como tema a tratar, pero en estos cónclaves siempre hay un espacio para correrse un poco de la agenda.
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