El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El ex presidente de la Cámara de Diputados y actual secretario general de la Unión del Personal civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, se sentará, más temprano que tarde, en el banquillo de los acusados y deberá responder por las tres causas penales que tiene en trámite en la Justicia, luego de que tres tribunales le denegaran la vía más rápida para zafar de esos compromisos: el juicio abreviado.
Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su ex Diana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.
La Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, dijo al portal Entre Ríos Ahora que las distintas causas seguirán su trámite. La investigación penal que lleva más tiempo, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, se tramitará por el viejo sistema acusatorio, y quedará en manos del juez de Transición, Juan Hipólito Carlín, aunque la última fiscal que tuvo a cargo esas causas, Laura Cattáneo, se jubiló. En las otras causas, el impulso de la investigación lo asumirá el Ministerio Público Fiscal. La denuncia por amenazas del periodista Martín Carboni está lista para ir a juicio: tenía fecha para el 29 de junio de 2018, pero el debate fue suspendido, y el caso derivó en el frustrado abreviado. Ese caso está en manos del fiscal coordinador Álvaro Piérola. En tanto, la denuncia por amenazas en un contexto de violencia de género presentada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, está a cargo del fiscal Leandro Dato, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones. La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal. El 30 de diciembre de 2020 ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado y habilitó una nueva instancia, que empezó el jueves 29 de julio de este ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón.
El acuerdo entre Fiscalía y defensa establecía que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
Al rechazar el abreviado, el juez Garzón reprochó por «errónea» la calificación como amenazas simples que efectuó el fiscal Leandro Dato a la causa que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, le inició a Allende por actos de violencia de género e intimidación de la que fue víctima desde el inicio de la gestión. «Más allá del expreso reconocimiento de Allende, del material probatorio colectado plasmado en el juicio abreviado y presentado por el fiscal Leandro Dato, queda acreditada de manera irrefutable que este hecho se enmarca en el delito de coacciones agravadas», señaló el juez.
Garzón revisó cada uno de los pasos dados en esa causa por el Ministerio Público Fiscal, releyó los testimonios de los testigos, detalló los pasos que dio el fiscal Dato y tomó en cuenta “el contundente informe” favorable a la víctima producido por la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, que firmó la actual Defensora del Pueblo de Paraná, la abogada Marcia López.
“Allende intentó quebrar la voluntad de Velázquez mediante actos de hostigamiento», dijo Garzón y se alarmó por la ausencia de perspectiva de género en el tratamiento del caso. «Las normas nos exigen resolver con perspectiva de género”, planteó. “Luce patente que tal como está descripta la conducta de Allende, nos encontramos frente al delito de coacciones y no de amenazas simples, ya que claramente se imputa amenazas para obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad”, planteó el magistrado.
Recordó al respecto que el exlegislador provincial, “en un contexto de género, accionó contra la ministra de Salud de la Provincia con el propósito de lograr la remoción de la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, y el mantenimiento de la coordinadora de Salud de Nogoyá”. La frase de Allende fue: “Si tocas a la coordinadora de Nogoyá, te prendo fuego Nogoyá”.
El defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, y la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fueron con un recurso de casación, que Garzón rechazó, y fue así que les quedó el remedio del recurso de queja, que fue rechazado por la Cámara de Casación Penal el 10 de este mes.
Según la sentencia, los jueces Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano no hicieron lugar al recurso de queja de la Fiscalía y la defensa al entender que “la resolución adoptada (por Garzón) aparece razonable y fundada en Derecho”. Davite, por caso, consideró que la discusión sobre los delitos de Allende podrían discutirse en un juicio oral y público o alcanzar otro acuerdo abreviado.
Justamente, ese es el futuro que le espera a Allende: ir a juicio oral y público.
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