La monumental obra de la avenida Costanera en la Isla del Puerto –que incluye el puente, los paradores y las playas– ya está concluida. Sin embargo, recién ahora aparece en el presupuesto para el año 2016 que está tratando la legislatura provincial, y con un costo mucho mayor: 360 millones, de los cuales figuran como ejecutados 340 millones (cien más que los que desembolsó el ente federal que lo financió). Se prevén 20 millones para los próximos dos años. ¿A qué se debe esa diferencia millonaria, que eleva el costo al 144% del original?
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Este martes por la noche, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Administración Provincial para el año 2016. Durante la semana anterior había tenido tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el uruguayense Marcelo Bisogni. La media sanción en Diputados adelanta la sanción definitiva que los senadores entrerrianos aprobarán en pocos días más. Como siempre, el ministro Diego Valiero, a cargo de Economía desde hace más de una década, acudió con su equipo de trabajo a la reunión de la Comisión, donde se dio despacho favorable al proyecto sin discusión alguna. El propio Bisogni informó que “se le dio la oportunidad a los legisladores para que pudieran agregar obras para sus departamentos”.
Lo que no hubo fue explicaciones sobre algunos aspectos pocos claros del proyecto. Uno de ellos tiene que ver con un dato que llamó la atención de El Miércoles Digital: la misteriosa inclusión de la Costanera en la Isla del Puerto, una obra terminada, con una suma notoriamente mayor a la que costó: más de 100 millones por sobre lo desembolsado para su construcción.
POCO ANÁLISIS, CERO DEBATE
El análisis detallado del proyecto de presupuesto provincial siempre depara sorpresas. Una de ellas fue la que difundimos la semana pasada, la inclusión de los fondos para la Defensa Norte de Concepción del Uruguay. Pero el estudio de lo que los legisladores están tratando (y que definirá la obra pública entrerriana durante 2016) proporciona mucha tela para cortar. Es de lamentar que ese ejercicio no sea una práctica habitual, no solo del periodismo sino también de la ciudadanía.
En una democracia robusta, lo que el gobierno hace con el dinero de todos debería ser discutido por los que ponen ese dinero, es decir, los ciudadanos que con sus impuestos financian la obra pública. O que la financiarán, porque cuando el Gobierno se endeuda, es a cuenta de fondos que pertenecen a la ciudadanía y que más temprano que tarde saldrán del bolsillo de cada entrerriano.
Por esa razón, uno supone que la comunidad –la dueña de esos fondos– debería tener la posibilidad de opinar acerca de cuáles son las prioridades en materia de obras públicas. Las organizaciones sociales (gremiales, empresarias, profesionales, de bien común, ONGs defensoras de derechos) deberían merecer una especial atención en cuanto a los criterios para llevar adelante las inversiones realizadas con los recursos comunes. Así debería ser en una provincia cuya Constitución reivindica la democracia participativa y reitera la palabrita (“participación”) nada menos que en veinticinco ocasiones a lo largo de su texto. Como dice el proverbio: “Dime de qué te jactas y te diré de qué careces”.
Pero esa preocupación por debatir las prioridades de cara a la ciudadanía no parece ser un tema central en la agenda de nadie. Salvo unos pocos legisladores, actores sociales y periodistas han desarrollado la buena costumbre de hurgar en los proyectos para encontrar pistas sobre qué pergeñan las mentes de los dirigentes políticos a la hora de definir los presupuestos provinciales.
SORPRESAS TE DA EL PRESUPUESTO
La ley de leyes incluye, cada año, las previsiones de cuánto dinero ingresará a las arcas del Estado entrerriano y en qué se gastarán. Las obras públicas se separan en dos grupos tajantes: aquellas que tienen presupuesto asignado, y por ende chances de ser iniciadas en el próximo año (que figuran en un archivo titulado “Plan de obras públicas”) y las que no reciben asignación de fondos, por lo cual su concreción depende de factores casi misteriosos: por ejemplo, que aparezca por arte de magia la plata que permita encararlas (esa lista aparece en un archivo cuyo titulo es “Obras sin crédito presupuestario”).
La Defensa Norte de Concepción del Uruguay estaba abonada a este último grupo. Recién en esta ocasión pegó el salto hacia el otro listado, lo que significa (se supone) que tendrá chances de verse realizada. No obstante, eso solo no implica certeza: año tras año aparecen obras en ese listado que luego pasan sin pena ni gloria sin que se coloque un solo ladrillo, y a veces, desaparecen del presupuesto siguiente sin aviso ni explicación (el caso más resonante es el megaestadio único de Paraná, anunciado con bombos y platillos y del que ya no se habla).
CON ESTA SÍ, CON ÉSTA NO
Otro asunto es comprender cómo y por qué obras faraónicas –que nadie podría calificar como “prioritarias”– como la Costanera consiguen financiamiento tan rápido y se ejecutan en tiempo récord, mientras que otras que sí tienen que ver con derechos humanos básicos (por ejemplo, las cloacas o el agua potable) quedan rezagadas durante años, se prometen y no se llevan a cabo.
Es muy significativo que en junio de 2009, en el mismo momento en que se firmó el convenio para financiar la Costanera, el entonces vicegobernador José Lauritto anunció además que a la semana siguiente se firmaría el financiamiento del Plan Maestro de agua “por 50 millones de pesos”. Aun se puede corroborar ese anuncio en el archivo de noticias del gobierno entrerriano: basta con hacer clic aquí.
Pasaron más de seis años, la Costanera está terminada y operativa, y el Plan Maestro de Agua sigue siendo una promesa. Y por supuesto, nadie explica el porqué.
Las miradas más suspicaces atribuyen ese tipo de incoherencias en las políticas públicas a los variados mecanismos que manejan los funcionarios del oficialismo y sus capitalistas amigos para hacer negocios con el Estado. En su momento, El Miércoles reveló la frustrada maniobra que quiso hacer el empresario Pietroboni con la isla del Puerto, cuando intentó comprar los terrenos de los propietarios privados para hacer una especie de “Puerto Madero” uruguayense (ver aquí: Pietroboni quiso quedarse con la Isla del Puerto). Un negocio que se frenó por las exigencias ambientales de expropiación y manejo sustentable de la isla. Pero no quiere decir que no pueda realizarse de otro modo: a lo sumo, no podrá incluir la propiedad de los terrenos aunque sí la posibilidad de inversiones de otro tipo. En ese plan se enmarca el anuncio de un hotel imaginario que hasta el momento no ha sido más que un montaje en photoshop, y ni siquiera demasiado eficaz (“Un ejercicio mental”, dijo el administrador Néstor Diez). Al parecer, cuesta mucho encontrar inversores.
DE 100 MILLONES A CASI 400
La monumental Costanera en la Isla del Puerto fue inaugurada hace casi un año. ¿Cuánto les terminará costando la obra a los entrerrianos? Es difícil saberlo. Cien millones era el presupuesto seis años atrás. 235 millones son los que puso el FFFIR. Casi 340 millones son los que ahora aparecen en el presupuesto ejecutados para construirla. ¿Será la inflación?
Como puede verse en el facsímil que reproducimos, la “Obra Avenida Costanera de la Ciudad de Concepción del Uruguay” está incluida en el presupuesto 2016, en el listado del Plan de Obras Públicas, con 360 millones asignados, de los cuales ya se ejecutaron 339 millones. Una verdadera sorpresa, porque el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) que es quien financió la obra, registra 235 millones desembolsados para esta obra, sin otro saldo que reste efectivizar, como informó El Miércoles oportunamente (Ver: La Costanera es la obra más cara del FFFIR en todo el país). ¿A qué se debe entonces, esa diferencia superior al 144% de lo costeado por el FFFIR? ¿Cómo se justifican los 100 millones de diferencia entre un presupuesto y el otro?
En junio de 2009 el gobernador Sergio Urribarri firmó con el titular del FFFIR, José Estabillo, el convenio para financiar la construcción de la costanera. Urribarri se ufanó entonces: “Esta obra, de 100 millones de pesos, será la obra urbana más importante de mi gobierno”. Ése era el costo del faraónico proyecto.
Sin embargo, según los datos oficiales del FFFIR el costo total fue de 235 millones, que ya fueron totalmente desembolsados. La obra está operativa desde diciembre de 2014, y fue entregada totalmente al municipio, no sin otra módica polémica, porque los costos de mantenimiento (unos seis millones anuales) no fueron previstos por nadie, y el administrador Néstor Diez lo lo dijo sin demasiados pelos en la lengua cuando en julio de este año renunció a su cargo, precisamente por esa razón. El tema sigue irresuelto, pero el propio impulsor de la obra, el intendente electo Lauritto, no ocultó su intención de cobrar peaje en la Isla.
PREGUNTITAS
- ¿Por qué la Costanera aparece ahora en el Presupuesto, cuando la obra ya fue concluida y entregada?
- ¿Por qué el costo ahora es de casi 340 millones, es decir 100 millones más que los que ya desembolsó el FFFIR? ¿Cómo se justifica tamaña diferencia?
- ¿ De dónde salen esos 100 millones de diferencia? ¿Los provee la provincia, el FFFIR o algún préstamo?
- El presupuesto prevé 6,5 millones a gastar en 2016 y otros 14 millones en 2017 ¿en qué se utilizará ese dinero?
SIN RESPUESTAS, POR AHORA
En busca de respuestas, El Miércoles Digital se comunicó con los legisladores provinciales oriundos de Concepción del Uruguay, a quienes se les hizo llegar el cuestionario por vía telefónica y por vía electrónica.
Por un lado, este medio se comunicó telefónicamente con la oficina del diputado peronista Marcelo Bisogni, quien es además, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nadie maneja información más detallada acerca de este tipo de cuestiones que el titular de la Comisión donde se discute el proyecto. Héctor De los Santos fue el colaborador de Bisogni con quien dialogamos, dado que el legislador se encontraba viajando. Se le enviaron por correo electrónico las preguntas –las mismas incluidas en el apartado anterior– y De Los Santos confirmó la recepción del cuestionario.
El Miércoles se comunicó además con la diputada radical Felicitas Rodríguez, quien en ese momento se encontraba manejando y pidió que se la llamara más tarde. Así se hizo, pero ya no respondió la consulta telefónica. No obstante, se le trasladó la consulta al diputado provincial electo por Cambiemos, José Antonio Artusi, quien pertenece al mismo espacio de la diputada Felicitas Rodríguez, además de ser consanguíneos. Artusi consideró que tal vez sería pertinente presentar un pedido de informes. Se le señaló que se aprobaría en estas horas, con lo cual parecía sensato reclamar explicaciones antes de la votación. Artusi respondió: “Todo el presupuesto es un dibujo, Felicitas se lo pasó a los que están en la comisión de presupuesto... Lamento no poder dar más precisiones...”
Hasta el cierre de la presente nota, no se recibió otra respuesta.
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